Migrantes denuncian el avance de políticas de criminalización, por parte del gobierno porteño

El encuentro, encabezado por la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) y el diputado Matias Barroetaveña, busca visibilizar el retorno de discursos y prácticas anti-migrantes en la capital del país. Se rechazará y repudiará el pedido del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y de parte de su gabinete, para restituir el DNU 70/2017, que facilitó la expulsión de cientos de extranjeros entre 2018 y 2021. La cita será el miércoles 24 de abril a las 17 horas, en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad contará con la participación de organizaciones de migrantes como la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina; el Bloque de Trabajadores Migrantes; la Red de Líderes Migrantes; la Asociación Civil Yanapacuna; y la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados/as – UTEP. También se espera la presencia de organizaciones de derechos humanos, defensorías, organismos nacionales e internacionales; junto a legisladores y legisladoras de diversos colores políticos.

“El encuentro tiene como objetivo alertar sobre los riesgos de los discursos criminalizantes dirigidos a las personas migrantes. Estas narrativas volvieron a circular con fuerza en los últimos tiempos llegando al punto de que se solicite la restitución de una norma abusiva y violatoria de derechos como el DNU 70 del 2017, que fuera oportunamente denunciado ante la justicia por inconstitucional. Ese decreto trajo consecuencias muy graves en la población migrante y sus familias,  afectó muy especialmente a mujeres migrantes y a sus hijos, hijas y nietos, muchos de ellos argentinos. Todavía hoy seguimos acompañando a esas familias que fueron separadas violentamente”, explica Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF.

El diputado Barroetaveña, por su parte, subraya que “es crucial revisar las causales de expulsión y garantizar procedimientos judiciales que respeten los derechos fundamentales de todas las personas, sin vincular de manera injusta la migración con la delincuencia. Es imperativo proteger los derechos de las personas migrantes y sus familias en el proceso penal, considerando siempre el principio del interés superior del niño y evitando que los casos de violación de derechos lleguen a instancias internacionales”.

Acerca del DNU 70/2017

En enero de 2017, en el marco de una fuerte campaña mediática de criminalización de la migración, el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70. Pasando por alto los mecanismos constitucionales y ante una “urgencia” que no fue posible demostrar, el DNU 70/2017 modificó las leyes de migraciones y de nacionalidad y ciudadanía. 

Mediante cambios en diversos artículos de la Ley de Migraciones (arts. 20, 29, 54, 62, 63, 69, 70, 74, 82, 86, 89 bis y 90), el DNU estableció nuevos impedimentos para el ingreso y la permanencia, aceleró los trámites de expulsión, redujo las garantías procesales, vulneró el derecho a la defensa y desmanteló las dispensas vinculadas a la protección de la familia.