Milagro Sala, cerca de la excarcelación

La justicia jujeña avanzó esta semana con los preparativos para excarcelar a Milagro Sala, detenida en la cárcel de Alto Comedero desde hace 588 días, y finalmente parece encaminada a cumplir con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había dado plazo hasta el 11 de agosto. El viernes las organizaciones Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron ante el organismo internacional el incumplimiento del Estado argentino de las medidas cautelares.

Durante la semana los integrantes de la Tupac Amaru desocupados desde la asunción del gobernador Gerardo Morales reconstruyeron la casa que había sido saqueada y destruida. Y el viernes el juez de Control Pablo Pullen Llermanos -que junto a su par Gastón Mercau mantienen en prisión domiciliaria a la diputada del Parlasur-, inspeccionó la vivienda, ubicada en el barrio Dique de La Ciénaga, en la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de la capital jujeña.

Fuentes del Poder Judicial dijeron que el magistrado advirtió que quedaban “detalles” por resolver con Gendarmería y que el traslado se realizaría dentro entre las siguientes 48 horas y el próximo miércoles. Ese mismo día el director del Patronato de Liberados de Jujuy, Gustavo Aguirre, probó la pulsera electrónica con la que Sala será monitoreada en la casa que, a su vez, será vigilada por gendarmes.

Con los plazos de la CIDH vencidos, Pullen Llermanos y Mercau parecieran haberse quedado sin margen para provocar nuevas demoras. Pero el jueves, el Tribunal Oral N°2 fijó el 6 de septiembre como fechas de inicio de un nuevo juicio a Sala por una presunta amenaza a la oficial de policía Ángela Silvina Cabero, que fue patrocinada en distintos momentos por el actual funcionario del gobierno, Luciano Rivas; el hijo del gobernador, Gastón Morales y el abogado de Morales, Eduardo Enrique Vergara.

Manipulan concurso judicial

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy declaró desierto el concurso para designar titular del juzgado N°9 de la ciudad de San Pedro, que había ganado un abogado de esa localidad con un puntaje de 65.5. La decisión reúne tres prácticas del Jujuy de Gerardo Morales: persecusión política, justicia adicta y negocios. La decisión del STJ dejó afuera al abogado Juan Enrique Giusti, a quien la presidente del máximo tribunal, Clara Langhe de Facone, -militante radical histórica- acusa de haber ventilado la partida de nacimiento en la que anotó como propio a su hijo adoptivo y que dio a conocer el periodista Horacio Verbitzky. Pero si la inquina política y personal no fuera suficiente, el concurso se interpone en los intereses económicos del gobernador: en ese juzgado es donde está radicada la causa de la quiebra del Ingenio La Esperanza, empresa azucarera estatal que el contador pretende vender a la colombiana Omega Energy, controlada por una sociedad radicada en Panamá y que acusa un patrimonio de apenas 9.704 dólares.

Al abogado le impidieron el acceso a la justicia jujeña el 16 de agosto cuando el STJ le aplicó en forma retroactiva una acordada que exigía la conformación de una terna para validar el concurso. Una argucia que sólo se aplicó para su caso y permitió declarar el proceso desierto y disponer la realización de uno nuevo.  «