Milagro Sala permanece incomunicada

La dirigente de la organización Tupac Amaru, quien permanece detenida en el penal de mujeres de Alto Comedero sin respeto a sus derechos constitucionales y con restricción de legítima defensa, quedó incomunicada y con prohibición de recibir visitas por diez días a partir de una instrucción del gobernador Gerardo Morales, cuyas razones no fueron explicitadas. 

Como consecuencia de esta medida, la diputada del Parlasur y dirigente social comenzó una huelga de hambre en reclamo de sus derechos y en repudio al accionar arbitrario del mandatario provincial que la mantiene en esa condición a partir de una fuerte influencia en el Poder Judicial de la provincia. Tres detenidas políticas, también pertenecientes a la organización, se sumaron a la huelga en forma de protesta por la medida adoptada. 

La Tupac Amaru anunció el sábado por la mañana que Patricia Cabana, Gladys Díaz y Mirta Aizama iniciaron la huelga ante la arbitraria decisión de incomunicar a la dirigente jujeña. 

Extraoficialmente, desde el penal indicaron a los asistentes letrados de la dirigente de la Tupac que «la sanción se debe a reiterados sumarios realizados a Milagro Sala por mala conducta». Sin embargo,  la defensa de Sala indicó que un sumario no es una sanción y que la sanción no ha sido legal y debidamente notificada, violando así el legítimo derecho a la defensa. Los abogados de la dirigente social indicaron que «el permanente hostigamiento a los 11 presos políticos por orden del contador Gerardo Morales se traducen en sanciones ilegítimas y arbitrarias como la aplicada en este caso a Milagro».

La Tupac Amaru ya había denunciado otros avasallamientos por parte de Morales, como la prohibición de ingreso al penal de la psicóloga de Sala, Laura Aguirre, quien había sido designada por el propio Servicio Penitenciario para atender a dirigente social, considerada a partir de esta sucesión de irregularidades procesales como la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala repudió el viernes la incomunicación  e hizo «directamente responsable al Poder Ejecutivo provincial». Además, exigió «la inmediata suspensión del castigo que agrava las condiciones de detención» de la dirigente social. Días atrás, los organismos de Derechos Humanos argentinos denunciaron el caso de Milagro Sala ante el titular de la ONU, Ban ki Moon, durante la visita oficial que el titular del organismo multilateral realizó en el país.