A través del Decreto 562/2025, dio marcha atrás con la denominación inclusiva adoptada en 2020. Significa un claro retroceso en materia de derechos y diversidad.
La medida representa un drástico giro político respecto de la resolución que, cinco años atrás, la entonces Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) había impulsado para visibilizar las diferentes realidades de los chicos en el país, desmarcarse del lenguaje binario y promover una perspectiva más inclusiva, diversa y con enfoque de género.
Para el Gobierno, el retorno al término histórico se encuadra en su rechazo sistemático a lo que denominan «ideología de género» y a cualquier política pública que involucre la neutralidad lingüística o la ampliación de derechos bajo conceptos colectivos no tradicionales.
La decisión gubernamental encendió rápidamente las alarmas en organizaciones sociales, pedagogos y activistas de derechos humanos. Diversos colectivos advierten que esta medida no es un simple cambio de palabras, sino un retroceso simbólico y político.
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