El gobierno oficializó el DNU en el Boletín Oficial, pero no dio detalles sobre el entendimiento. Cuestionan su constitucionalidad.

Más allá de su publicación, el texto del Boletín Oficial evita todo tipo de detalles: no habla del monto de la nueva deuda ni específica plazos, sino que dice que “tiene como objetivo cancelar parte de la deuda que el Tesoro mantiene con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y afrontar vencimientos de créditos tomados con el organismo internacional en el marco del acuerdo firmado en 2022”. En definitiva, el DNU es una autorización para que el Gobierno negocie con el Fondo, pero hasta ahora no muestra que haya ningún acuerdo.
Según el artículo 1° del decreto, las operaciones de crédito público aprobadas bajo este programa tendrán un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses.
Lo poco que detalla es que los fondos se destinarán exclusivamente a:
En ese marco, Andrés Gil Domínguez alertó que el decreto es “otra muestra más de autocracia y neofascismo”. Además, el especialista en derecho asegura que “el DNU 179/2025 es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable por no cumplir con los requisitos exigidos por el art. 99.3 de la Constitución. Es tal el desquicio constitucional que el Poder Ejecutivo Nacional, sustituyendo al Congreso, aprueba operaciones de crédito público con el FMI sin incorporar el texto o documento del acuerdo y se autoriza a sí mismo a suscribir los instrumentos para concretarlas”, explica en su red social.
A la vez, el diputado nacional Juan Marino adelantó que presentarán una denuncia penal contra Milei por avanzar con un nuevo entendimiento con el Fondo por decreto. “La firma y la publicación del DNU es ilegal”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en Radio 10. “Hay que desconocer esa deuda”, remató.
En ese mismo sentido, Alejandro “Topo” Rodríguez analizó el decreto: “Ese instrumento no tiene ningún valor legal y no sigue los procedimientos establecidos. En consecuencia, también es ilegítimo”.
En los considerandos, el propio gobierno contradice su relato oficial. “Que la gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL a los efectos de garantizar el orden público económico configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida”, señala a contramano del discurso que habla de los logros económicos.
“Nadie sabe qué hay detrás de este acuerdo. Sólo se sabe que una vez más, en un giro irónico de la historia, volvemos a estar en manos de Toto Caputo y el tipo tiene un cheque en blanco”, concluyó el Topo Rodríguez en X, donde realizó un largo análisis del DNU.
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