Las modificaciones a la Ley de Cine propuesta por el presidente pueden llevar a la quiebra a cientos de pymes que generan más de 650 mil puestos de trabajo registrados y de calidad.
Sigue el camino neoliberal y autoritario de Color de Mello en Brasil cuando destruyó Embrafilms y asesinó de muerte al cine brasileño.
Habilita que empresas extranjeras o locales controladas por ellas produzcan películas no habladas en castellano con actores y técnicos extranjeros y reciban subsidios del Estado Argentino.
Cambia el paradigma de fomentar y desarrollar una industria cinematográfica y audiovisual propia y diversa con cientos de pymes y cineastas, a fomentar que muy pocas empresas multinacionales y sus controladas locales reciban ayuda estatal.
De ser productores y dueños de nuestros propios contenidos a ser maquiladoras de contenidos extranjeros.
Promueve un discurso único audiovisual al destruir toda política que fomente la diversidad democrática.
Quita los gravámenes que los canales de televisión que usan nuestro espacio radioeléctrico y las plataformas (Netflix, Amazon, etc.) estaban obligados a pagar al INCAA.
Destruye al INCAA como Ente Público no Estatal con comités de evaluación y control democráticamente conformados por la propia industria nacional, para poner en su lugar a funcionarios neoliberales que decidan qué cine se puede producir y que cine no se debe producir.
Destruye la industria cultural al ordenar el otorgamiento de nuevos créditos absolutamente imposibles de tomar y subsidios pequeños y aislados a las producciones que el funcionario neoliberal de turno decida dar cada 2 años.
Al desfinanciar al INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) destruye toda forma de seguridad jurídica dejando a cientos de pymes productoras endeudadas y quebradas por sus producciones de 2023 y 2024.
La ENERC (Escuela Nacional de Cine) desaparece como estructura legal. Destruye a los Festivales Nacionales y provinciales. Destruye todo atisbo de política federal.
La reforma favorece solamente a muy pocas empresas dominantes locales y a empresas multinacionales afines, viola Convenios Internacionales ratificados por la República Argentina, entre ellos la Convención de la Unesco sobre diversidad cultural y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El resto del DNU y la Ley Ómnibus retrotraen a la Argentina a tiempos predemocráticos, envía a la pobreza y a la marginalidad a la mayoría de la población y destruye a toda forma de industria nacional.
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