Milei puso a un miembro de la «casta» judicial como operador en Comodoro Py

La Libertad Avanza (LLA), la fuerza del candidato más votado en las PASO, Javier Milei, no tiene ni idea de qué es el Poder Judicial ni qué hacer con él. Sus potenciales «caminadores» (eufemismo que suple al término real, «operadores») en los tribunales no generan confianza, simpatía ni –menos aún– los influyentes vínculos que en otros tiempos supieron desarrollar el auditor general Javier Fernández durante el Kirchnerismo o el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici en el gobierno de Mauricio Macri.

Uno de los apoderados electorales de Milei es Santiago Viola. Antaño compartía mesas amplias con jueces y fiscales en los restaurantes Gardiner y Happening, en la Costanera.

El joven abogado sub 40 es hijo de Claudia Balbín, quien negaba enfáticamente haber participado en operaciones de inteligencia cada vez que su nombre aparecía vinculado con episodios poco claros.

Balbín fue funcionaria del gobierno de la Alianza. Cercana a Nicolás Gallo, exministro de Infraestructura y Vivienda de Fernando de la Rúa, supo estar en el círculo de confianza del efímero expresidente, acaso por la prosapia de su apellido.

Durante el macrismo, el estudio que también integra su hijo (en la Avenida Córdoba al 900) exhibió cercanía con la ex vicedirectora de la AFI Silvia Majdalani. Y en ese contexto ocurrió, por ejemplo, el intento de quebrar al empresario Lázaro Báez (denunciado por el propio Báez) para que involucrara a Cristina Kirchner en delitos de corrupción a cambio de recuperar su libertad y «algunas de sus empresas».

Báez contó en la causa por espionaje ilegal durante el macrismo (que va camino a la nulidad) cómo Balbín, Viola, el excomisario Carlos Sidrás y el difunto fiscal Eduardo Miragaya lo asediaban para que accediera a declarar como arrepentido.

Así se produjo también la operación contra el juez Sebastián Casanello: dos ignotos empleados públicos afirmaron haberlo visto reunirse con la entonces presidenta Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos y deslizaron que por eso la protegía y lo perjudicaba a Báez. Los dos «testigos» reconocieron que habían mentido y fueron condenados pero eludieron la cárcel. Viola fue sobreseído por el exjuez federal Luis Rodríguez, procesado luego por la Cámara Federal y salvado por la de Casación, en un fallo firmado en 2021 por Javier Carbajo y Mariano Borinsky.

Desde entonces, Viola tenía un perfil bajísimo que se rompió cuando Milei lo designó como uno de sus apoderados en la contienda electoral. Su figura no causa empatía en Comodoro Py. Para que los habitantes de ese edificio consideren que alguien «no es confiable» o «no tiene códigos»…

En 2019, Viola se inscribió en una Maestría en Derecho Penal en la Universidad de San Andrés, a la que asistían también jueces y fiscales federales. Poco antes había protagonizado un episodio de tránsito en San Isidro en el que atropelló a Leopoldo Martín Fexesta Maidana, de 65 años de edad, quien perdió la vida. La investigación estuvo a cargo del fiscal Jorge García, hoy jubilado. Tiempo intentó contactarlo para establecer qué había pasado con aquella causa, pero García no respondió.

Sea cual fuere la razón, Viola no completó esa maestría.

Nadie explica cómo Viola llegó al entorno de Milei. Ni bien se mira, pese a su juventud, forma parte de «la casta» y su historial parece propio de «la vieja política» en la que –según proclama el candidato de LLA– «son todos chorros».

Además de Viola, hay otros dos nombres que circulan (y preocupan) en esa suerte de elite judicial que es Comodoro Py 2002. Uno es Guillermo Scarcella, quien supo ser funcionario durante la gobernación bonaerense de Daniel Scioli pero tenía vínculos en los tribunales federales de Retiro desde mucho antes.

El problema tanto de Viola cuanto de Scarcella es que sus mejores relaciones judiciales ya no están en ejercicio: Rodolfo Canicoba Corral, Rodríguez, hasta el propio Norberto Oyarbide, entre otros.

Flota por allí un vínculo con Alfredo «Fredy» Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, a quien sus propios colegas describen como «reacio a cualquier locura de Milei».

¿Aquel vínculo con Lijo fue el puente para que Canicoba Corral designara a Viola en la intervención del sindicato de obreros marítimos SOMU, junto con la senadora de Juntos por el Cambio Gladys González, que terminó con el gremialista Omar «El Caballo» Suárez preso?

El otro nombre, por cierto con mucho menos peso aún en la panorámica tribunalicia, es el del actual legislador porteño de Consenso Federal (CF) Eugenio Casielles. Llegó allí de la mano del intento presidencial en 2015 de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey y hoy encabeza la lista de LLA para su reelección. Aunque por su cargo nunca pudo integrarla, siempre se lo mencionó en la periferia de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Siempre, claro, desde la vereda de la oposición.

¿Qué propone Milei para el Poder Judicial?

En su plataforma electoral, es la parte final de un documento de a ratos surrealista. Su propuesta parece más propia de una monografía de El rincón del vago que una plataforma electoral

LLA propone cosas que ya existen («reemplazar el expediente papel por el digital incorporando nuevas tecnologías»); otras que existen pero no se cumplen («acortar plazos judiciales para poder brindar desde la administración de justicia, una verdadera tutela efectiva de los derechos de los justiciables») y extiende su odio al Estado sin explicar cómo despediría a trabajadores judiciales, cuya estabilidad probablemente sea la mayor del planeta («achicamiento del Estado en dependencias que sólo tienen como fin agrandar la burocracia»).

La propuesta insinúa que buscará meter mano en el Consejo de la Magistratura, pues anuncia: «garantizar la independencia judicial, lo que requiere el reequilibrio» de ese cuerpo.

El resto son declamaciones bonitas pero carentes del «cómo»: «Impulsar en el Poder Judicial las acciones necesarias para mejorar los niveles de confianza pública, alejando sospechas, para brindar eficazmente las respuestas a los ciudadanos; impulsar una reforma procesal para agilizar los juicios sin perjuicio de la calidad de justicia; priorizar la colaboración del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en cuanto a la intervención en el Consejo de la Magistratura para la selección de postulantes y confección de ternas para cubrir las vacantes del Poder Judicial; articular las medidas necesarias para las reglamentaciones internas del consejo para lograr la mayor eficiencia en su trabajo».  «