A días de haber otorgado beneficios fiscales al sector agroexportador, el presidente avanzó con un nuevo recorte a jubilados y discapacitados.
Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes cumpliendo los plazos legales. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo harán en la sesión del próximo miércoles convocada ayer.
Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.
La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.
El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.
Sin embargo, en paralelo, el presidente anunció una sensible baja en las retenciones al sector agroexportador, uno de los más pudientes de la sociedad argentina. De la misma forma, el año pasado redujo drásticamente Bienes Personales y Ganancias, otros tributos que afectan a las clases sociales más altas. Además, eliminó el impuesto a la transferencia de inmuebles, para favorecer a quienes venden y compran propiedades.
Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
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