Realizaron movilizaciones en todo el país en contra del partido ultraderechista Vox, que causó indignación al denunciar la ley de violencia de género, hasta ahora apoyada de forma unánime por la clase política.

La movilización empezó por Sevilla, frente al Parlamento regional andaluz. Allí se producirá el miércoles, con los votos de Vox, un giro histórico a un gobierno de derecha después de 36 años de dominio socialista manchado de un tiempo a acá por varios escándalos de corrupción.
Por la tarde, decenas de movilizaciones similares tuvieron lugar en decenas de ciudades y pueblos de España, bajo el lema «Ni un paso atrás en igualdad», y con el apoyo de los socialistas y la izquierda de Podemos.
En Madrid, miles de mujeres se congregaron en la céntrica Plaza del Sol con pancartas que leían «No soy libre mientras otra mujer no lo sea» o «Si tocan a una tocan a todas».
Fue el ensayo general de la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando por convocatoria de los sindicatos habrá una huelga feminista, como la que por primera vez tuvo lugar con gran éxito el año pasado.
«¡Nuestros derechos no se negocian!», corearon miles de manifestantes en la marcha de Sevilla, repleta de banderas, guantes, globos y pancartas de color violeta, emblemático del movimiento feminista.
«No tenéis cojones de salir a los balcones», gritaron también.
«No es violencia familiar es violencia machista y tenemos que seguir luchando para que se pongan todos los recursos» para combatir esa lacra, dijo Isabel Britos, de 48 años.
Francisco Serrano, líder andaluz de Vox, se metió en el pulseada y calificó la concentración sevillana de «kale borroka». El término fue recibido como una provocación, pues así se conocían los destrozos callejeros provocados antaño en el País Vasco por los simpatizantes de la organización armada ETA.
La concentración de Sevilla se produjo a mediodía, poco antes de iniciarse en el Parlamento andaluz el debate de investidura del conservador Juan Manuel Moreno como nuevo presidente de esta región del sur de España.
Moreno, líder andaluz del Partido Popular, gobernará en coalición con los liberales de Ciudadanos. Pero su investidura, el miércoles, y más allá de ésta su labor cotidiana de gobierno necesitará el apoyo externo de Vox para tener mayoría en el Parlamento y aplicar su programa.
El partido de ultraderecha había soliviantado al movimiento feminista al pedir durante la negociación que se derogue la ley de lucha contra la violencia de género, pues a su juicio «criminaliza» a los hombres y los expone a denuncias falsas por parte de algunas mujeres «desaprensivas».
Una reclamación que cristaliza la hostilidad de Vox hacia un feminismo potente en España, y que fue recibida con cierta perplejidad en un país donde cada crimen machista recibe un amplio eco mediático y las consiguientes condenas de los partidos.
La propuesta no entró finalmente en el acuerdo que el PP firmó con Vox para asegurarse su apoyo en la investidura, y tanto aquellos como Ciudadanos reiteraron su compromiso contra la violencia de género.
Sin embargo, el movimiento feminista, los socialistas y Podemos salieron en tromba, encontrando nuevos bríos en una causa incardinada últimamente en el ADN de su discurso político.
«Negar la violencia de género y la necesidad de políticas de igualdad es una posición radical que está fuera de los principios democráticos», declaró la socialista Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno español.
Al presentar su candidatura este martes en la cámara, Juan Manuel Moreno prometió regenerar la administración andaluza tras el «clientelismo» practicado por los socialistas, y recuperar el empleo en una región que supera claramente la media nacional.
«Lo llamaban estabilidad cuando en realidad, de lo que hablaban, era de inmovilismo», dijo Moreno atacando la hegemonía socialista.
«El final de ciclo ha llegado», proclamó en un discurso aplaudido por el líder regional de Vox.
«La letra y la música nos gusta porque coincide con muchos de los planteamientos que hemos hecho en el acuerdo con el PP», dijo Francisco Serrano, citando ámbitos como industria, empleo y educación.
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