Militancia forzada Pro

El aporte solidario de un porcentaje del salario, trabajar por unas horas en un call center o bien salir a ´timbrear´ durante el fin de semana. Las tres actividades lideran una lista amplia de pedidos que los empleados públicos nacionales, provinciales y porteños –especialmente aquellos que están contratados- suelen recibir de sus superiores en tiempos de campaña.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concentra una suerte de `institucionalización` de esa práctica, según los resultados preliminares de un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano construido en base a las denuncias anónimas de trabajadores en diferentes dependencias del Estado.

El análisis se enmarca en la campaña “Que no te pongan la camiseta” que ambas ONGs lanzaron para las presidenciales de 2015 –entonces lograron reunir más de 200 denuncias de empleados públicos de todo el país- y que volvieron a reeditar este año por la campaña de los comicios de medio término.

Aunque la recepción de denuncias se encuentra todavía en proceso, los responsables del trabajo visualizaron que el gobierno porteño suma la mitad de los casos, sin que se destaque una dependencia o Ministerio en especial como el articulador central de esas prácticas de presión sobre los trabajadores. El otro 50 por ciento se divide en dos mitades casi iguales: un 25 por ciento corresponde a diferentes áreas del gobierno nacional y el restante 25 por ciento se divide entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Salta.

“El pedido más común es el del aporte monetario. Le siguen el trabajo en los call centers de campaña, ir a timbrear, entregar volantes y también ser fiscales de mesa durante las jornadas electorales”, listó Lucía He, integrante del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ, en diálogo con Tiempo.

He confirmó que la mayoría de los pedidos para `trabajar` en la campaña recaen sobre los empleados que tienen una relación laboral reciente o a través de contratos temporarios con las respectivas dependencias. “La mayoría recibe el pedido como una suerte de amenaza velada de que su contrato no se renovará”, precisó.

En la mayoría de los casos denunciados en la Ciudad, según el diagnóstico todavía en proceso del relevamiento, los trabajadores reciben los `llamados` a participar de las actividades proselitistas a través de un correo electrónico que varía según las necesidades específicas de la campaña: siete personas para atender un call center, otras cinco para timbrear en los barrios del sur porteño o una decena para repartir volantes en alguna esquina o avenida.

ACIJ y Poder Ciudadano darán a conocer los resultados finales de la campaña después de las elecciones legislativas del domingo 22 de agosto. Además, como lo hicieron en 2015, entregarán un informe a las dependencias señaladas por los trabajadores como una suerte de llamado de atención sobre la naturalización de esas prácticas en tiempos electorales.