Mina Watanabe: «Queremos que se juzgue a los responsables de la esclavitud sexual en Japón»

Mina Watanabe camina por el Parque de la Memoria. Sus manos tocan el relieve de algunos de los nombres de las víctimas de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Pregunta y se detiene. Guarda silencio. Piensa, dirá después, en los resultados de la lucha de los sobrevivientes, los familiares y las organizaciones por Memoria, Verdad y Justicia. Piensa, fundamentalmente, en cómo transmitir esa experiencia para terminar con la impunidad ante las violaciones a los Derechos Humanos en Japón.

Watanabe es la directora del Women s Active Museum on War and Peace (WAM), un museo dedicado a analizar la violencia hacia las mujeres en situaciones de conflicto y guerra, pero especialmente centrado en el sistema de esclavitud sexual desarrollado por el ejército japonés para someter a cientos de miles de mujeres asiáticas durante el período que va desde principios de la década del ’30 hasta fines de la Segunda Guerra Mundial (1945). La historiografía suele hablar de «centros de confort» diseñados para los soldados que defendían los intereses nipones fuera de su país y de «mujeres de confort» para designar a las personas que allí eran abusadas. Pero Watanabe, que sabe la importancia de llamar a las cosas por su nombre, dice «campos de esclavitud sexual» y «esclavas sexuales».

«Ustedes lograron reabrir los juicios a los perpetradores de las violaciones a los Derechos Humanos y nos parece muy importante aprender de eso. Incluso la violencia sexual está siendo juzgada y todo eso fue posible por las organizaciones de Derechos Humanos. Nosotros tenemos hoy un Estado negador como hubo aquí, y tenemos documentos y testimonios de sobrevivientes. Entonces, necesitamos saber cómo usaron esos documentos en ese proceso y lograron que los sobrevivientes pudieran denunciar en los juicios», explica en diálogo con Tiempo pero hablando a las otras personas que participan de la charla: Graciela García Romero, sobreviviente de la ESMA, y Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, la ONG que, cuando aún regían las leyes de impunidad, comenzó a trabajar con los archivos de las organizaciones para que el acceso a la justicia se volviera impostergable.

García Romero escucha esas palabras con los ojos rojos. Cada vez que recorre la nómina del Parque no puede evitar las lágrimas. Sabe que tiene la responsabilidad de transmitir su experiencia. Con la representación de Carolina Varsky, del Cels, se transformó en la primera querellante por delitos sexuales contra un represor. Hasta entonces las denuncias por abusos eran consideradas parte de los testimonios que probaban las torturas recibidas en cautiverio. Pero varios jueces ya dictaminaron que son delitos separados. «Todavía no logramos que lo consideren imprescriptible, pero está claro que lo es, porque es un delito de lesa humanidad. Nunca podré olvidar el momento en que un juez dijo que el represor estaba procesado por abuso sexual», le explica a Watanabe, quien horas antes había recorrido el Sitio de Memoria de la ESMA y se había impresionado al ver la cantidad de condenas conseguidas desde la reapertura de los juicios. «Ese momento fue para mí como el pasaje del silencio a la acción y creo que es una síntesis de lo que necesariamente tiene que hacer la mujer», reflexiona García Romero.

Watanabe señala entonces un momento crucial para la sociedad japonesa: el tribunal de mujeres que en el año 2000 juzgó a los principales responsables de la esclavitud sexual en Japón. «Fue una iniciativa de la sociedad civil. Juntamos testimonios de mujeres víctimas en ocho países y denunciamos a los responsables. Juzgamos al emperador Hirohito y a diez oficiales jerárquicos. Fue muy necesario para nuestra sociedad, pero no pudimos, oficialmente, avanzar más. Fue un juicio simbólico, pero logramos nombrar a los responsables, y eso generó un impacto muy fuerte», recuerda.

Ese hito fue el corolario de un empoderamiento de la mujer japonesa largamente postergado. Tuvo que pasar más de medio siglo para que la primera víctima denunciara los abusos a los que estuvo sometida. «Fue en 1991 y se trató de una mujer coreana. Al principio la gente estaba sorprendida porque, si bien los soldados lo sabían, muchas personas no estaban tan al tanto. Pero los historiadores hallaron pruebas y hubo una reacción. El gobierno nipón al principio lo reconoció y pidió disculpas. Pero la situación tuvo una vuelta atrás después de 2007 porque el primer ministro Shinzō Abe es de derecha y negacionista. No admite el crimen ni su responsabilidad legal», se lamenta Mina. Sin embargo, su visita a la Argentina le devuelve esperanzas. «Me gustaría aprender de la experiencia de ustedes para poner fin a la impunidad, y que reabran los juicios, en la búsqueda de combinar memoria, verdad y justicia».

el eufemismo de los «CENTROS DE CONFORT»

Desde la invasión japonesa de Manchuria, en 1931, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los militares nipones ocuparon grandes áreas del continente asiático. Su extensión militar estuvo acompañada por la instalación de cientos de «centros de confort», eufemismo con el que aludían a lugares donde retenían a las mujeres para someterlas a relaciones sexuales sin consentimiento, por parte de los soldados y oficiales imperiales. Crearon estos espacios de esclavitud sexual en Corea, Taiwán, China, Filipinas, Indonesia, Timor del Este, Malasia, Tailandia, India y Vietnam, entre otros sitios. En la mayoría de los casos, las mujeres eran llevadas engañadas bajo la promesa de un trabajo, se las aislaba de sus seres cercanos y se las sometía, en una estrategia similar a la que utilizan las redes de trata. En otros casos, eran sencillamente secuestradas de sus casas. A pesar del reclamo de la comunidad internacional para que Japón asuma su responsabilidad, el primer ministro Shinzō Abe se ha negado sistemáticamente a hacerlo.