Minorías violentas

Unos días antes del desalojo –suspendido– de la masiva toma de tierras de Guernica, en el partido de Presidente Perón, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires denunció la existencia de “grupos violentos” que, presuntamente, operaban entre los ocupantes. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, fue el vocero más estridente de ese discurso alarmante en general frente a un conflicto social, y muy peligroso, en particular, como narrativa del Estado. Parece que «algunas organizaciones quieren llevar la situación a la violencia», dijo el funcionario de Axel Kicillof apuntando contra quienes ocupan el predio. La sombra terrible de Juanjo Álvarez, secretario de Seguridad Interior durante el Gobierno de Eduardo Duhalde, retornó como un fantasma y espesó el ambiente.

Sin embargo, Larroque tuvo razón en la forma de equivocarse porque en la toma de Guernica actúan minorías con intenciones violentas, solo que en otra parte.

En la vereda de enfrente de las familias que se asentaron en las cien hectáreas en medio de la pandemia, el frío y la pérdida de sus trabajos por la crisis, actúan –con envidiable coordinación– “grupos que quieren llevar la situación a la violencia”.

Están integrados por firmas como El Bellaco S. A., una empresa que, como reveló un completo informe de la revista Crisis, posee una superficie de 360 hectáreas, donde ya comenzó la construcción de un fastuoso complejo de barrios privados y clubes exclusivos. Nadie se alarma porque la firma dejó de pagar el impuesto inmobiliario en 2018 y registra deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires por cerca de un millón de pesos. Además, discontinuó los aportes al seguro y a la obra social de sus empleados.

También participan de estas minorías familiares de un rabioso concejal de Juntos por el Cambio de Presidente Perón, Guido Giana, uno de los más activos promotores del desalojo y la criminalización de las tomas de tierras. Su madre, Nidia Edith Desplats, es otra denunciante de peso en la causa, pese a que sus propiedades no han sido ocupadas. Entre los denunciantes también hay personas de menor envergadura, pero igualmente flojas de papeles, como una señora que manifestó que uno de los terrenos ocupados fue cedido por un tal “señor Mujica” para construir una iglesia, pero hasta el momento solo se había instalado una capilla con la imagen de la Virgen de Caacupé.

Actúan en conexión con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, integrante de una familia tradicional de la elite de la ciudad de La Plata. Un funcionario bastante coherente en toda su trayectoria: siempre estuvo del lado de los poderosos. En un escrito judicial, Condomí Alcorta llegó a afirmar: “No podemos dejar de preguntarnos si las personas que están en la toma: ¿están usando a sus hijos como escudos ante un eventual desalojo? ¿Están protegiendo los derechos de sus hijos o los están exponiendo?”. No sería descabellado, contestó a su pregunta retórica, “ya que desde hace más de un mes que estos padres o tutores someten a los menores a vivir en carpas sumamente precarias, rodeados de conexiones de electricidad clandestinas y soportando temperaturas de un dígito”. Condomí Alcorta sentenció que “a simple vista (sic), los responsables de estos menores optaron por tenerlos alojados en esas condiciones”. Aseveró que existió un “enfrentamiento entre los ocupantes y hasta un herido de arma de fuego en la cabeza, robos constantes a los vecinos y continuidad de ilícitos contra la propiedad”. Y, por supuesto, advirtió que todo esto “no conduciría a otro estado que el de anarquía de las instituciones de derecho”. No le importó cambiar radicalmente los hechos, ya que el enfrentamiento no fue tal, sino un ataque llevado adelante por patotas integradas por personas ajenas a la toma. Toda una maniobra para justificar el desalojo y la represión, como puede notarse “a simple vista”.

Por último, la intendenta Blanca Cantero, a quien parece que le gusta la ficción y llegó a afirmar que “no hay que quedarse con la película de la lástima”. Preside un municipio que es territorio liberado para la construcción de barrios privados y clubes de campo para sectores de altos ingresos como San Eliseo, Malibú, Lagos de San Eliseo, La Alameda, Horizontes al Sur, El Paraíso de Guernica, Casuarinas, Parque de las Naciones, Cruz del Sur o El Candil. Cantero no se queda con la “película de la lástima” de los condenados de la tierra: prefiere las imágenes color pastel de espejos de agua en el que puedan mirarse las almas bellas con mansiones soberbias, fierros de alta gama, canchas de golf y relucientes centros comerciales iluminados por las primerísimas marcas. Un mundo de sensaciones para las minorías asentadas sobre el desierto de lo real de las mayorías.

Esos son algunos de los grupos que operan en la toma y quieren imponer su “justicia”, esa que se compra con dinero o se impone con poder y, antes que un derecho, es un privilegio.

La tierra es una herida en la toma de Guernica, y violencia es mentir.