Misiones prohibió el glifosato: «Nos parece lo más lógico no usar venenos»

“En Misiones somos minifundistas –dice Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar y una de las impulsoras de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos que prohibió el uso del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia–. Nosotros les decimos chacras y los porteños campos, son pequeñas superficies de producción diversificadas. Tenemos yerba mate, caña de azúcar y también muchos productores familiares que venden sus hortalizas, chacinados y todo tipo de alimentos. Además de todo eso tenemos el 52% de la biodiversidad de Argentina, eso quiere decir que más de la mitad del país respira gracias al oxigeno que producimos, por eso nos parece lo más lógico no usar venenos”.

Durante la última semana de junio, la legislatura de Misiones aprobó –con el único voto negativo del diputado Germán Kiczka del bloque Activar– la normativa que “establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, conocidos como bioinsumos”. La propuesta incluye un periodo de dos años para eliminar el uso de agrotóxicos. Durante ese tiempo de transición, el Estado provincial acompañará a los productores en el camino hacia un ideal de “producción orgánica, científicamente responsable, económicamente rentable y sustentable desde lo ambiental”

Para Ferreira, quien presentó el proyecto junto a los diputados Carlos Rovira del Frente Renovador de la Concordia y Martín Sereno de Tierra, Techo y Trabajo, la transformación en ley tiene que leerse “como una reacción natural”.

“Como sociedad –explica– estamos ante cambios de paradigmas donde el bien mayor es garantizar un planeta habitable para las próximas generaciones”.

Reacción de los sectores poderosos a la prohibición del glifosato

Misiones es la segunda provincia en declararse en contra del uso de agrotóxicos. La pionera fue Chubut, cuando en mayo de 2019 la legislatura provincial estableció la prohibición para “la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación, ya sea por tierra o aérea del herbicida Glifosato en todas sus variantes, así como de productos que tengan como base o principio activo el Glifosato”.

El caso misionero no debiera sorprender a nadie. Desde hace más de una década, sus representantes vienen sancionando, en promedio, dos leyes por año vinculadas a la agricultura familiar, la diversidad de la producción y el cuidado del ambiente, entre ellas, Fomento a la Producción Agroecológica, Soberanía Alimentaria, Protección de la Abejas y Aprovechamiento del Agua de Lluvia. La de Promoción de Producción de Bioinsumos no solo es la última de estas normas a contramano del modelo imperante del agronegocio, sino también la que más molestó. Coninagro, la Sociedad Rural y otras cámaras del sector productivo misionero expresaron su descontento y hasta enviaron una carta al gobernador Oscar Ahuad pidiéndole el veto de la ley.

“Hubo una reacción fuerte de los sectores poderosos en la provincia que salieron a reclamar, pero las organizaciones y los pequeños productores vamos a hacer que la ley vaya por el buen camino”, dice Salvador Torres, del Movimiento Agrario Misionero (MAM).

Torres asegura que la implementación no va a ser fácil y por eso pide el acompañamiento del Estado. “Al pequeño productor le va a costar porque venía trabajando de una manera, y ahora va a requerir más costos porque el uso de los herbicidas hace que se ahorre mucha mano de obra. Yo para limpiar una hectárea tardo un día si lo hago con una mochila rociando glifosato, en cambio, con un azadón, me lleva una semana”. 

El hombre, sin embargo, sabe que las cosas más valiosas no tienen precio. “El glifosato ha causado daños irreparables, tanto en la naturaleza como en la salud de las personas. Podés ahorrarte la mano de obra, pero cuando te pescás un cáncer, ahí no hay plata que alcance”.