Policías y docentes son el símbolo de la gran protesta social de trabajadores del sector público. La postura de la gobernación, la indiferencia de Milei y la posible nacionalización del conflicto.
Docentes y policías conmocionan al pueblo misionero y realizan acampes sobre la arteria central de Posadas, en el primer levantamiento social, serio y «autoconvocado» contra las políticas de Milei. Trabajadores de seguridad y educación (a los que se les sumaron en estos días de manera intermitente desde la Salud hasta guardaparques o productores) acampan a tan solo 50 metros de distancia entre grupos que ocupan la calzada, y debaten puertas adentro de la movilizaciones cuánto de culpa le corresponde a un hegemónico Frente Renovador de la Concordia Social, y cuánto al gobierno de Javier Milei.
En tan solo nueve días de protesta, el vocero policial Ramón Amarilla se ha transformado en el protagonista principal de la cobertura que dio el primer paso para que las disgregadas luchas salariales y sindicales se alineen. Amarilla aclara a Tiempo que «el problema de la Policía es salarial, y con la falta de capacidad de respuesta de los funcionarios provinciales», restando importancia a quienes encasillan estas protestas en un gesto de cansancio con el modelo provincial de desarrollo, las políticas de Milei o la intencionalidad de capitalizar el hecho político mediante aliados de Juntos por el Cambio. El pedido central es un aumento del 100%, en un distrito donde el transporte aumentó en marzo un 175% y las tarifas de luz llegaron a tal punto que se pueden pagar en cuotas.
«La educación en Misiones es una víbora de dos cabezas, de un lado la mala gestión de la Renovación por más de 20 años y por otro las desastrosas políticas de Milei», comenta Lucas Ruiz Moreno, estudiante del Profesorado de Historia de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Esta caracterización sirve para entender el cuadro de situación que convenció a docentes de que ya no había nada más para perder, y que desembocó en la acción directa tanto en la Legislatura como frente a la casa del gobernador. Sin embargo, frente a una Legislatura sitiada, seis mil manifestantes cantaron al unísono «Rovira tiene miedo» como hit principal de la patriada, marcando quién lleva las de perder en un conflicto multidimensional.
«Yo soy de una escuela bilingüe de una comunidad mbya guaraní, no nos mandaron una sola tiza en lo que va del año y cuando llueve, lo hace también dentro de la escuela» grafica Mayra Ibarra, docente de la localidad de Gobernador Roca.
Docentes de toda la provincia denunciaron el mal estado de las instituciones educativas, falta de elementos para el aula, y sobre todo los salarios. Mientras, los gremios oficialistas firmaron acuerdos que exponen a una maestra de grado a un sueldo inicial de apenas $ 400.000 en lo que solo un cuarto corresponde al salario básico.
Desde el gabinete de Javier Milei –aliado momentáneo de Rovira y Passalacqua– despejaron dudas sobre su participación en la resolución política del conflicto: el vocero Manuel Adorni confirmó que «no habrá nuevas partidas» para Misiones. La ministra Patricia Bullrich volvió a enviar efectivos que formaron parte del operativo que resguardó el perimetro de la Cámara de Representantes el pasado jueves, que desembocó en la represión.
No se trata de una provincia «enemiga» de LLA, más bien lo contrario: el gobierno provincial cuenta con una cuota de coparticipación inédita para mayo, que faltando cinco días hábiles estuvo 204% por encima de la recibida a principios de año, y más de 300% interanual, según datos que recoge el diputado provincial Cristian Castro. Lo que se suma a fondos propios superavitarios.
La administración de Milei acordó con la de Misiones, intercambiando favores por adhesiones de los diputados a la Ley Bases, y esta relación transformó a la provincia en un laboratorio de los efectos de políticas económicas libertarias, como se vivió con la paralización de la obra pública, con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente o hasta con la crisis del sector yerbatero por el DNU 70 y la liberación de importaciones.
Los docentes fueron los primeros en protestar. Ya llevan cinco semanas. La salud pública inició hace un mes. Pero recién con los «polipiqueteros» y sus carpas alrededor de los móviles policiales se encendieron las alarmas. El gobierno de Passalacqua y Romero Spinelli no logró los acuerdos políticos y sigue insistiendo que «la plata no está».
El gobierno de Passalacqua y Romero Spinelli tiene el desafío de surfear esta gran crisis, que va por su décimo día, salir airosos y que no se nacionalice. Pero ya no parece ser posible que las dos cabezas del Ejecutivo provincial tengan herramientas para alcanzar acuerdos políticos, mientras el presidente elige ignorar lo que sucede en Misiones y no mencionarlo siquiera una vez en toda la semana. «
En medio de las protestas, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, oficializó un aumento a las fuerzas de seguridad del 20%. Lejos del 100% que reclaman los efectivos, aunque podrían bajar a un 85%. «No hemos recibido ninguna respuesta del gobierno», enfatizó el vocero policial Ramón Amarilla. En estos días los efectivos de seguridad, y luego los docentes fueron recibiendo el apoyo de diferentes sectores, desde guardaparques hasta productores. Pero el más nutrido fue el de la salud pública, que lleva tres semanas de protesta. «No están pidiendo nada fuera de lugar, están pidiendo un salario digno y que les reconozcan», señaló Amarilla, y acotó: «Cada ciudadano misionero cumple una función fundamental dentro de este Estado. No pueden tenernos a todos en la desidia». Wilfrido Tsuchida, del Cuartel de Bomberos Paramédicos de la Provincia, dijo desde el acampe: «Acá hay un paulatino abandono hacia el personal asalariado de Misiones». Natalia es docente de educación especial desde hace 12 años. Su marido es policía. Ambos comparten la protesta: «Cada vez tachamos más cosas de la lista de lo que compramos y lo que no». En su caso se suma la necesidad de hacer frente a una lumbalgia: «Desde febrero corté los tratamientos. En casa tenemos que poner 50 mil pesos por remedio».
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