Una modernización que atrasa

En el marco de las Sesiones Extraordinarias, el gobierno apura una serie de iniciativas, intentando aprovechar la nueva composición del Congreso y cierto oxígeno conseguido tras las elecciones.

Una de ellas es la denominada “modernización laboral”, que en realidad es una quita de derechos a las trabajadoras y los trabajadores. Modernizar debería implicar aumentar esos derechos, más aún cuando a nivel mundial se atraviesa una etapa de incorporación de tecnología e incremento de la productividad, en la que las personas deberían trabajar menos y ganar más.

En los fundamentos del proyecto de “Ley de Modernización Laboral” se señala que la iniciativa “se sostiene en una realidad, la República Argentina decidió cambiar (…). Este proyecto es la herramienta para transformar esa voluntad popular en realidad social y económica”. No es lo que muestran los resultados de las urnas de octubre pasado, donde LLA (con un PRO fusionado dentro) obtuvo el 40,7%, muy lejos del 53,7% que lograron, sumados LLA y el PRO, en la primera vuelta de las presidenciales del 2023.

No hay reforma laboral que sirva para generar empleo, como pretende justificar el gobierno, si no hay un modelo productivo y de ingresos detrás que incentive la demanda, la industria, y en particular a las MiPyMEs.

Entre los múltiples aspectos que toca la propuesta de reforma laboral, por ejemplo, se busca modificar el régimen de prelación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), “estableciendo que los convenios de ámbito mayor no podrán alterar el contenido de los de ámbito menor, y que estos últimos prevalecerán”. Esto significa invertir la situación actual y darle preeminencia a lo que se resuelva a nivel de empresa o de región, donde el poder de “negociación” de los trabajadores es muy distinto al que existe para los convenios por actividad o a nivel nacional. El proyecto de ley habilita a establecer un banco de horas, y el fraccionamiento de la licencia por vacaciones, ambos por acuerdo individual. Una “negociación” que en la gran mayoría de los casos no sería tal.

También se redefinen los alcances de las actividades esenciales en línea con el DNU 70/23, ampliándolas significativamente, lo cual en los hechos restringe severamente el derecho a huelga. Para ver una propuesta de regresividad similar hay que retrotraerse a la gestión de Martínez Hoz.

Una de las fuentes oficiales que mayores detalles han dado sobre la reforma laboral ha sido, no casualmente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Respecto de la creación de un fondo para despidos, se prevé que las empresas dejen de aportar 3% de la masa salarial al Sistema de Seguridad Social para dedicarlo a dicho fondo. Según Federico Sturzenegger, “el empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que es un fondo de ahorro previo para hacer frente las contingencias”. Y agregó: “ese fondo va a ser del empleador. Se va a tener que colocar en ciertos instrumentos que van a estar diseñados para preservar el valor, que sean relativamente seguros (SIC)”. Esos instrumentos “relativamente seguros” serán determinados por la reglamentación: puede pensarse que será una privatización de esos fondos, al arbitrio del Poder Ejecutivo.

Además, “es plata que está poniendo el Estado”, dijo el ministro Sturzenegger. En realidad, el Estado deja de percibir el 3% por la rebaja de los aportes de los empleadores: por el desfinanciamiento de la Anses, muy probablemente resignarán esos montos quienes cobran jubilaciones y asignaciones familiares.

Adicionalmente, se plantea una reducción de aportes patronales de un punto porcentual a las obras sociales, con el consiguiente impacto negativo, ya sea en materia de prestación de servicios de salud o de los valores de las cuotas de las prepagas.

La ley implica grandes cambios no sólo en el mundo laboral, sino en el previsional, y se intenta aprobar a las apuradas. Son temas tan importantes que requieren amplios debates, en conjunto con la sociedad, no pueden pasar “por la vía rápida”.

Luego de las elecciones de medio término, la administración de Mauricio Macri comenzó en declive cuando intentó que se apruebe la reforma previsional, que despertó una fuerte reacción popular para evitar la quita de derechos. En la actualidad la reforma laboral podría ser un disparador para la movilización de la ciudadanía. Tanto la CGT como las dos CTA han llamado a una gran marcha para el próximo jueves, en rechazo al proyecto oficial.

Presupuesto 2026 y ajuste sin fin

Otro proyecto para ser tratado en Extraordinarias es el de Presupuesto 2026, en su momento deliberadamente demorado a la espera del recambio en el Parlamento. En el texto se proyecta una inflación anual para este año del 24,5%, que desde el vamos está por debajo de la suba de precios acumulada entre enero y noviembre (27,9%). La inflación además ha venido en crecimiento desde junio, no en caída. Por otro lado, se prevé un tipo de cambio de 1300 pesos a diciembre de 2025, y de 1.426 para fines de 2026, menores al valor actual.

Pero, además, no están considerados los menores ingresos por la reducción de las retenciones al complejo agrícola (que en el caso de la soja llega a los dos puntos porcentuales). Así, como el objetivo de la actual administración es el equilibrio o superávit fiscal financiero, tendrá que haber necesariamente un mayor recorte de los gastos. Ello implica una menor “caja” para repartir entre aquellas provincias cuyos gobernadores muestran disposición en apoyar al gobierno nacional, pero que necesitan los recursos dentro de sus jurisdicciones.

Detrás de cada iniciativa del Poder Ejecutivo está reflejado el modelo de país al que se aspira: en términos de producción, como plantea el Presidente, basado en la minería, la energía y el agro. Salvo este último rubro, prácticamente no se avizora que haya “derrame” en términos de empleo para reemplazar todos los puestos que se pierden con la desindustrialización, producto de la apertura importadora y la apreciación cambiaria. Este menor empleo va a generar menos aportes tributarios, caída en el consumo y, por consiguiente, con el principio del equilibrio fiscal, dentro del actual modelo no habrá otro camino que profundizar el ajuste.

Como he venido sosteniendo, la administración actual, en representación de ciertos sectores concentrados, locales y del exterior, viene por la porción de la “torta” que aún está en poder de la clase media y por los recursos naturales, dos de los mayores reservorios de riqueza que hoy la Argentina tiene para ofrecer. El freno a las actuales políticas debe provenir de la reacción de los ajustados.