El comunicado de la empresa líder del sector productor fue tomado como un triunfo por los panaderos.

El conflicto se inició a partir de la inestabilidad cambiaria, que profundizó aún más la crisis del sector panadero. Los molinos, ante una mora en ascenso e impulsados por la empresa en cuestión, establecieron una cláusula en la cual el precio del producto se actualizaba según el valor del dólar del día anterior a la fecha de pago, para el caso de los morosos. Esto generó un gran revuelo entre los panaderos, que comenzaron una campaña de boicot como protesta.
Molinos Cañuelas, en principio, endureció la posición y se escudó en que la dolarización era sobre ascendente la mora y no sobre el producto. Sin embargo, distintas asociaciones de panaderos como la Federación Argentina de la Industrias del Pan y Afines y el Centro de Industriales Panaderos, con el apoyo de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), se unieron para protestar contra la cláusula. Finalmente, la empresa del Grupo Navilli emitió este miércoles un comunicado en el cual dio marcha atrás con la decisión.
El presidente de la Asociación Industriales Panaderos y Afines de Rosario, Gerardo di Cosco, explicó a Tiempo: “Fue una decisión unilateral de Molinos Cañuelas. Hubo varios molinos que se sumaron a esta medida, aunque no todos. No es lo que corresponde. Llegado el caso de deuda, te tienen que cobrar intereses punitorios en pesos porque la harina se compra en pesos”.
El presidente de la ENAC, Leo Bilanski, resumió a Tiempo: “El problema es que los molinos no quieren asumir ningún riesgo empresario. Se cartelizan e imponen las condiciones. Hicimos todo lo posible para visibilizar el conflicto y consideramos un triunfo que hayan dado marcha atrás de manera oficial con la dolarización”.
Bilanski advirtió: “Con esa cláusula, si comprás la harina el viernes con el dólar a $ 25 y el lunes se devaluó a $ 100, tenés que pagarla a $ 100. Esto genera incertidumbre en la cadena de valor, ya que se negocian plazos de pagos a 15 o 30 días”.
El punto de ebullición del conflicto fue el salto devaluatorio pos PASO. “El 9 de agosto, una bolsa de harina costaba $ 900; el 12, costaba $ 1.350. Eso genera un descalabro en la cadena de pagos. Desde ENAC, criticamos la política económica y monetaria del gobierno por estas cuestiones. Y los molinos, además de aumentar el precio, impulsaron la cláusula en las factura a cobrar”, explicó Bilanski.
Para Di Cosco, a partir de este comunicado, “los demás molinos se van a acoplar”. El Grupo Navilli “marca el rumbo porque tiene casi el 40% del mercado”. Bilanski agregó: “El problema de fondo es que hay un abuso de posición dominante, por parte de las grandes empresas que monopolizan a sus proveedores, que no pueden negociar ni forma de pagos ni precios. Por eso, se necesita el Estado presente para que se garantice la libre competencia”.
En el mismo sentido, apuntó: “Si los 140 molinos se cartelizan y operan como si fuera uno solo, no hay competencia. En Argentina, está prohibida la cartelización. Es política empresarial, lo cual no hay en argentina hace 40 años. Por más que la Unión Industrial Argentina (UIA) le prometa a Alberto Fernández que va a controlar los precios, no lo van a hacer, de la misma forma que no lo hizo con (Mauricio) Macri. Por esto, se necesitan organizaciones empresarias que sean los garantes de este compromiso”.
Finalmente, Di Cosco analizó: “No podemos entender cómo puede ser que el trigo que producimos en nuestro país cueste lo mismo en Argentina que en Estados Unidos, por más commodity que sea. Con las retenciones, de alguna manera, el precio del trigo estaba controlado. Ahora, con la crisis de consumo, el tarifazo, la inflación y el dólar la situación se agrava. Hay que estar atentos porque son grupos muy importantes y fuertes. No podemos permitir que tomen este tipo de decisiones”.
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