Morales, el pionero del lawfare y los nuevos vientos

Era el 16 de enero de 2016. Por una ventana del despacho principal del edificio de la gobernación de Jujuy Gerardo Morales podía ver el acampe. Había carpas con toldos de plástico azul distribuidas por toda la Plaza Belgrano; de una olla de hierro en una esquina emanaba el vapor de un guiso. Era una protesta de la organización Tupac Amaru y liderada por una mujer, Milagro Sala.

Se habían instalado ahí pocos días antes, luego de la asunción de Morales como gobernador, para reclamar la continuidad de los recursos con los que el movimiento social, político y cultural, que nucleaba a una gran cantidad de cooperativas de trabajo, financiaba sus proyectos. Mauricio Macri había ganado la Presidencia de Nación y había cortado de los recursos de la Tupac para dárselos al flamante gobernador jujeño.   

Morales, ese día, pudo haber intentado, corriendo la cortina con una mano, mirar por la ventana y divisar a esa mujer delgada y mestiza que hace muchos años se había vuelto parte de sus obsesiones políticas. Tenía en su escritorio una pila de carpetas con distintas denuncias judiciales que lloverían sobre Milagro.  

Un mes antes había comenzado el movimiento de pinzas para gobernar Jujuy con mano de hierro judicial. Morales había asumido el 10 de diciembre y seis días después impulsó en la Legislatura una ampliación de los miembros de la Corte de cinco a nueve miembros. Fue una jugada muy similar al del expresidente Carlos Menem cuando comenzó su primer mandato, que amplió la cantidad de miembros de la Corte Nacional para sumar nombres que le respondían y construir la famosa «mayoría automática». Pero hay una diferencia entre las intenciones de Menem y las de Morales. El expresidente buscaba que la Corte le garantizara que las denuncias contra sus funcionarios finalmente no pudieran prosperar y que su plan de privatizaciones de las empresas del Estado no fuera trabado por acciones en los tribunales. Morales lo que quería era garantizar la persecución contra sus adversarios y utilizar la cárcel como forma de eliminación política.

La reforma de la Corte jujeña fue escandalosa. Dos de los diputados radicales que respaldaron la ampliación de los miembros en el Congreso provincial, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, pasaron al día siguiente a ser parte del tribunal. Fue pornográfico.

Así que ese 16 de enero de 2015, con la justicia ya en el puño, mientras Morales podía mirar por la ventana el acampe de la Tupac, se produjo la detención de Milagro Sala, que aún sigue encarcelada con arresto domiciliario. La historia que vino después es conocida: una lluvia de causas judiciales, testigos comprados, denuncias que se superponían unas con las otras. El lawfare en toda su expresión.         

Morales no fue una gota en el desierto. Fue el pionero de una forma de manejar la disputa política, con la cárcel. El gobierno nacional conducido por Macri tuvo la misma práctica aumentada, en primer lugar contra la expresidenta Cristina Fernández, pero también contra Amado Boudou, encarcelado por un tribunal cuyo presidente fue ascendido con el aval formal del Ejecutivo dos semanas después de haber apresado al ex vicepresidente. Como se ve, la práctica pornográfica no fue un elemento exclusivo del mandatario jujeño. Las señales hacia la corporación judicial tenían que ser claras. Ese también es un rasgo de lawfare local. Los premios y castigos, ascensos o juicios políticos y pérdida del cargo, tenían que ser aplicados de modo nítido. Así fue con el juez Luis Carzoglio de Lomas de Zamora cuando no quiso encarcelar a Pablo Moyano. Veinticuatro horas después el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, desempolvaba una vieja denuncia por mal desempeño contra el juez para impulsar su juicio político.

Ahora Morales ve que una sombra se cierne sobre su método. No se trata sólo del proyecto de intervención federal que está en marcha en el Senado. Se trata de la renuncia de Pablo Baca, el exdiputado radical que había votado la ampliación del tribunal para luego sumarse a los cargos nuevos. Baca fue grabado en el mes de enero reconociendo que Milagro Sala estaba presa por orden de Morales. Este viernes 13 de marzo renunció a la presidencia del tribunal. Soplan nuevos vientos. «