La medida se repetirá todos los martes de marzo y tiene como eje el apoyo al juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.
Las actividades son impulsadas por gremios que integran la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), en el marco de un arco diverso de entidades, y arrancarán hoy en la Plaza Lavalle con el formato de una asamblea para luego dar lugar a un cierre artístico a cargo de los músicos Bruno Arias y Agustín Ronconi, junto a la murga Atrevidos por Costumbre.
Los organizadores eligieron movilizarse los martes y hacerlo frente a la calle Talcahuano al 500, porque ese día «es cuando se reúne la Corte Suprema de Justicia», que tiene su sede en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, y también porque los martes suele emitir sus acordadas o fallos, en los que «decide sobre lo que nos afecta o deja de lado aquello que nos importa», señalaron en un documento de convocatoria.
La serie de protestas comenzará hoy en ese lugar, inspirada en el lema «Argentina sin proscripción», con un cronograma que incluye desde denunciar las formas en que los trabajadores son atacados desde el sistema judicial (martes 28 de febrero) para luego analizar la actuación de jueces y fiscales frente a las mujeres y disidencias (7 de marzo), casos de lesa humanidad y derechos humanos (14 de marzo) y demandas de jubilados (21 de marzo), dijeron los organizadores.
En el pronunciamiento que ya circula por las redes sociales, las organizaciones que se concentrarán frente a la Corte Suprema plantean que es necesaria una reforma del Poder Judicial «para que garantice los derechos del pueblo y no los intereses de los poderosos» al tiempo que advierten que «la democracia se vulnera cuando está sometida a las decisiones arbitrarias de una mafia judicial».
En ese comunicado, sostienen que la «mafia judicial» que controla el aparato de Justicia «desconoce la independencia de poderes, interfiere en las decisiones del Poder Ejecutivo, desconoce leyes votadas por el Congreso Nacional y legisla, actuando como brazo ejecutor de políticas emanadas desde oscuras oficinas (o lagos escondidos)».
«Las decisiones de la mafia judicial afectan a todas y todos, en el ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales, en nuestra vida cotidiana. Su accionar sepulta las esperanzas del pueblo de vivir en un país justo, inclusivo, equitativo en la distribución de la riqueza, un país donde todos y todas encuentren la felicidad», continúa el texto.
En las cuatro jornadas se planteará como uno de los ejes el reclamo sobre la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien se le dictó en primera instancia la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio oral de la causa Vialidad.
«No hay democracia cuando quienes bregan por la felicidad del pueblo son perseguidos judicialmente, encarcelados de manera arbitraria y poscriptos para ejercer cargos públicos, cercenando la voluntad del pueblo», sostienen los convocantes.
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