Movimientos sociales salen a la calle y crece el reclamo por la emergencia alimentaria

La brusca devaluación producida tras la derrota electoral nacional de Cambiemos en las Primarias del 11 de agosto pasado, con el consiguiente salto del dólar, asestó otro empujón a la crisis social y económica argentina. Aceleró el pedido generalizado de la mayor parte de la oposición y de las organizaciones sociales para que los gobiernos nacional y provincial bonaerense implementen la emergencia alimentaria, con un incremento de las partidas destinadas a garantizar alimentos de primera necesidad a los sectores más vulnerables de la sociedad, gestionados por medio de comedores, merenderos, asistencia social nacional, provincial y distrital, y con los movimientos sociales que sostienen parte del tejido social en las barriadas populares.

En ese contexto, para el miércoles próximo, las organizaciones sociales, entre ellas la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), preparan una jornada nacional de lucha con un acto junto a la sede del Ministerio de Desarrollo Social nacional. Además de la Ley de Emergencia Alimentaria, solicitarán una prórroga de la Ley de Emergencia Social, aumento del Salario Social Complementario, convocatoria del sector de la denominada economía popular al Consejo del Salario, aumento del 40% de las partidas para meriendas y almuerzo de los comedores, cese de suspensiones de los programas laborales, incremento extraordinario para jubilaciones y pensiones mínimas, entre otros puntos.

Desde la oposición, el diputado nacional y ex viceministro de Desarrollo Social durante la etapa inicial kirchnerista, Daniel Arroyo, responsable de la misma cartera durante la gestión de Daniel Scioli en Provincia, planteó: «Es imprescindible decretar ya la emergencia alimentaria. Los comedores están desbordados, mientras siguen aumentando los alimentos permanentemente».

«Todos tenemos que ayudar a calmar la situación. A partir del 10 de diciembre (en caso de que sea presidente Alberto Fernández) hay que hacer dos cosas centrales: resolver el tema del costo de los alimentos y desendeudar a las familias», marcó Arroyo en declaraciones radiales. Y explicó: «La emergencia alimentaria son tres cosas. Una: tomar partidas presupuestarias de otras áreas y volcar a los comedores y merenderos. Dos: tomar los once productos de la canasta básica y establecer el criterio para que el acceso este garantizado. Y tres: aplicar la ley de góndolas. Que nadie tenga mas del 30% de la góndola. Entonces van a estar esa empresa, otras y el productor local. Hay que armar un sistema de crédito no bancario, que es algo que se hace muy rápido en Argentina, a tasas muy bajas, para que los pequeños productores puedan fortalecer su producción de alimentos, su comercialización, y colocar sus productos en las góndolas».

Por su parte, el segundo candidato a diputado nacional por el Consenso Federal de Roberto Lavagna, Alejandro «Topo» Rodríguez, confió a Tiempo: «Hay que poner en marcha un programa nacional de emergencia alimentaria, encabezado por el presidente de la Nación y la gobernadora María Eugenia Vidal, convocando a todos los gobernadores y a los intendentes de las principales ciudades de la Argentina para tener un diagnóstico común de prioridades. Luego hay que establecer mecanismos de coordinación para las compras y contrataciones, aprobando las normas de excepción que la ley permita, para agilizarlas. En tercer lugar, hay que convocar a distintos actores sociales, iglesias, sindicatos, organizaciones de la comunidad y sectores empresariales, para acompañar ese programa alimentario con una fuerte corriente de solidaridad que puede significar el aporte material o en trabajo».

«Ese programa tiene que durar no menos de siete meses porque debe acoplarse con el inicio de clases del próximo ciclo lectivo, 90 días después que asuma el nuevo gobierno para garantizar que las escuelas estén abiertas en el verano con el programa alimentario».

«Vemos que el gobierno está ignorando el tema de manera olímpica. Y estamos en la duda de si el gobierno está cometiendo un error o lo hace de manera planificada. Porque eso, combinado con un lenguaje bélico por parte de distintos miembros de la coalición gobernante, genera las condiciones para que se profundice la crisis social, advirtió «Topo» Rodríguez.

Juan Grabois, dirigente social, referente y fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, advirtió: «Cada día vienen más niños y ancianos a comer a los comedores. Estamos al borde de una catástrofe social. Hay una emergencia absoluta».  «Tiene que haber un aumento del 60% de las asignaciones laborales», urgió.

Gildo Onorato, secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita e integrante de CTEP, le dijo a este diario: «Tenemos un 40% de pobreza en Argentina, con un altísimo nivel de indigencia. La emergencia alimentaria debe y tiene que suplir aquello que hoy no se puede dar, que es una alimentación nutritiva y saludable. Debe anclarse en un fortalecimiento de las partidas para los comedores y merenderos y, a la vez, generar una propuesta de fortalecimiento de la producción popular de alimentos a través de la agricultura familiar y las cooperativas alimentarias para reducir el costo de ellos y facilitar el acceso principalmente a carnes, frutas y verduras frescas. A la vez estamos buscando que haya reservas de mercado para la producción popular de alimentos, en base a la intervención gradual del Estado para que exista abastecimiento local».

Y desde el aspecto legal y operativo, Onorato señaló: «La emergencia alimentaria se debe implementar a través de una ley que comprometa a los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, y que comprenda partidas presupuestarias, no solamente para comedores y merenderos de los movimientos sino que incluya a colegios parroquiales, comedores escolares, y todas las instituciones de la sociedad civil que tienen compromiso con la soberanía alimentaria o con el acceso a los alimentos de aquellos que están sufriendo. Hay que comprometer 20 mil millones de pesos anuales para la emergencia alimentaria». «