Tras la muerte de un niño de 13 años, presentan amparo por los menores con discapacidad internados en un hogar

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató la violencia verbal y física aplicada a los usuarios del Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí, el pasado 25 de diciembre murió un niño de 13 años. La justicia investiga cuáles fueron las causas de la muerte. 

El organismo también registró falta de personal médico y otros profesionales, de actividades terapéuticas y graves irregularidades en las historias clínicas de los pacientes. Por todo eso, presentó una acción de amparo que, por sorteo, quedó asentada ante el Juzgado de Ejecución 3 de San Martín, a cargo del juez Nicolás Gabriel Sánchez, quien se declaró incompetente y lo remitió a la Justicia Federal.

Muerte de un niño de 13 años

«Sabemos que en ese Hogar, el pasado 25 de diciembre murió un niño de 13 años. Están investigando las cuáles fueron las causales de la muerte. Había un solo médico para 178 pacientes», denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

«Además, constatamos falta de personal de enfermería y de profesionales de otras disciplinas, los pacientes permanecían sin actividades terapéuticas y registramos graves irregularidades en las historias clínicas», agregó el secretario ejecutivo. 

Cipriano continuó asegurando y demandando: «Allí, los usuarios padecían la ausencia de controles y visitas por parte de los organismos provinciales y de los juzgados que disponen internacionales. Lo hacen sin corroborar luego el estado de las personas y el lugar donde ellos mismos los envían». 

«Nosotros presentamos un amparo ante la Justicia de San Martín y solicitamos medidas cautelares urgentes. Requiriendo que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (MSPB), junto el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) y las autoridades del Hogar, garanticen la atención médica adecuada para los niño, niñas y adolescentes allí alojados», remarcó el secretario ejecutivo. 

Siguió detallando, «pedimos refrigeración para que puedan soportar las temperaturas extremas y condiciones dignas de régimen de vida y alojamiento. Y, además, nos presentamos como particular damnificado institucional en la causa que investiga la reciente muerte del niño de 13 años. Ocurrió durante una internación compulsiva en ese Hogar», subrayó.

Salud Mental 

Desde el organismo provincial, reconocieron que la limpieza del lugar era buena, como así también el estado arquitectónico del Hogar especializado para personas con discapacidad. «Sin embargo, constatamos muchísimos derechos vulnerados relativos al trato del personal hacia las personas internadas», señaló el abogado.

«Les aplicaban medidas de sanción disciplinaria, llamadas internamente como ‘protocolo’, con largos períodos de aislamiento y encierro extremo. Recolectamos relatos coincidentes sobre violencia verbal y física, falta de artefactos de climatización, especialmente para los usuarios que no pueden trasladarse o comunicarse por sus propios medios», contó el letrado.

Y completó aseverando: «Detectamos el uso extendido de la sujeción mecánica, como así también la sobremedicación como respuesta a la falta de personal de enfermería, ayudantes y otros profesionales de distintas disciplinas».

«La persistencia de las lógicas manicomiales deben modificarse», recomendó Cipriano. «Porque incumple con la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Además, en la institución se debería cumplir con la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales y las instituciones. Es fundamental que esto se cumpla, porque es lo que regula la confección de historias clínicas y el consentimiento informado», argumentó y finalizó el secretario ejecutivo.