La Libertad Avanza no tiene ningún gobernador propio, por lo tanto no recibe presiones provinciales “desde adentro”.
Los hechos son los siguientes: al retirar el paquete fiscal del Congreso, que además de modificaciones en las fórmulas de jubilaciones y bienes personales incluía subas de retenciones e impuesto a las ganancias, y el blanqueo, el gobierno nacional está tomando una decisión que reduce la torta de impuestos que se coparticipan. O sea que las provincias van a recibir menos dinero en las transferencias automáticas que envían las ventanillas nacionales. Cansado de ceder pedazos de su programa de gobierno, Milei les dijo: si no me ayudan a mí, yo tampoco los ayudaré a ustedes.
Este juego de ajedrez es algo pocas veces visto en nuestra historia reciente, por no decir nunca, y pone de manifiesto el cambio profundo que implica en las bases mismas de la gobernabilidad argentina la elección de un presidente tan “outsider” y carente de compromisos políticos provinciales como Javier Milei. Hasta ahora, el sistema estaba atado por alambres y se salvaba siempre por una cultura de negociación que daba malos resultados colectivos, pero les “salvaba las papas” a todos, o casi todos, los jefes provinciales. Pero ahora no hay un presidente interesado en salvar las papas. Y eso expone la fragilidad de todo el sistema fiscal argentino.
Nuestro país está regido por un modelo que llamamos “federal”, aunque en la realidad no lo es. De hecho, el “federalismo» argentino es una verdadera calamidad, única en su especie, que nos dejó el golpe de 1955, y que vino acumulando cada vez mayores desequilibrios con el correr del tiempo. Y posiblemente sea uno de los grandes responsables de nuestros descalabros macroeconómicos crónicos.
¿Cómo funciona nuestro modelo “federal”? Tenemos un gobierno nacional, 24 gobiernos provinciales y un sinfín de gobiernos municipales. Provincias y municipios tienen cada vez más autonomía política y cumplen cada vez más funciones estatales, que antes eran potestad exclusiva del Estado nacional -en tiempos del primer Perón, por ejemplo, el Estado nacional se encargaba de casi todo lo que era de dominio público, y las provincias y municipios tenían muy pocas atribuciones-.
Pero esta descentralización política e institucional de magnitud, que implicó un crecimiento muy grande de los Estados provinciales y municipales, y en consecuencia un poder político cada vez mayor de los gobernadores e intendentes, nunca se vio acompañada por una reforma impositiva acorde, de tipo federalista. Las provincias gastan y no recaudan. Recauda casi todo el gobierno nacional, y la mitad del gasto está en manos de los gobiernos provinciales y nacionales. Esto va en contra del principio más básico de la administración, que dice que ingresos y gastos deben estar bajo un mismo comando.
El problema que se produce cuando uno recauda y otro gasta, como ocurre en Argentina, es que quien gasta –o sea provincias y municipios, que para colmo gastan cada vez más- no se hacen cargo de lo que sucede en la macroeconomía nacional. Si la plata está o no, o si las cuentas están o no en orden, es un problema de los presidentes.
Las provincias simplemente piden que les manden lo que les corresponde. Es decir, que funcione la famosa Coparticipación Federal de Impuestos. Tal como dijo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en un posteo de X del viernes: “Nosotros no somos responsables del déficit fiscal”. Posteó en contra de los dichos del ministro Caputo, aunque sus diputados luego votaron a favor el dictamen de la ley ómnibus.
Weretilneck dijo algo que es cierto: nada obliga a los gobernadores a ser corresponsables. En otros países, como el Reino de España, existe lo que se llama Concierto Económico, que es una instancia de coordinación de ingresos y egresos entre las autoridades de algunas comunidades autónomas y el gobierno central. De hecho, en España el Concierto es un privilegio que tienen algunas jurisdicciones; otras, simplemente reciben órdenes de Madrid.
En Argentina no hay coordinación alguna, y los presidentes tienen que hacer malabares con las finanzas públicas para cubrir las cuentas de un país que ellos no administran totalmente, ya que la mitad del gasto está en manos de las jurisdicciones provinciales y municipales. Que, además, tienen la llave del Congreso y las elecciones.
¿Y cómo llegamos hasta aquí con este caos? Bueno, no muy bien, ya que nos estrellamos varias veces -1975, 1989, 2001, y ahora- porque no pudimos concertar la macroeconomía consolidada. La vamos surfeando hasta que cada tanto volcamos. Lo que más o menos venía sosteniendo el sistema tan desequilibrado entre gasto y administración era la llamada “rosca” política: el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en el fondo entendían que se necesitaban mutuamente, y tensaban la cuerda aunque llegaba un punto en que acordaban.
La rosca entre Nación y Provincias, que está simbolizada por el Congreso aunque existe en todos los rincones de la política, es un órgano vital del sistema. Por eso, como decíamos al comienzo de esta nota, ese campeonato nunca llega a la final.
Pero en 2023, los argentinos hicieron algo totalmente nuevo: votaron a un presidente totalmente decidido a llevar adelante el plan de ajuste, con un nivel de determinación pocas veces visto, y que además no tiene compromisos con las provincias. La Libertad Avanza no tiene ningún gobernador propio, por lo tanto no recibe presiones provinciales “desde adentro”.
Todos los presidentes hasta ahora, radicales, justicialistas o del PRO, tenían compromisos políticos que cumplir, dentro y fuera de sus coaliciones. No es el caso de Milei, quien se encuentra con las manos desatadas y dispuesto a tirar sus mejores cartas en la primera mano del truco.
¿La “ley de la rosca” murió? No todavía. Si así fuese, el Ministro del Interior sería Federico Sturzenegger y no un negociador proveniente del sistema como Guillermo Francos. Pero los términos en que negocian y acuerdan la Rosada y las gobernaciones cambiaron en forma sustantiva, porque el presidente está decidido a no negociar. Milei pone su programa sobre la mesa, va por todo y va con todo, y su estrategia declarada es seguir utilizando todos los medios posibles para conseguir sus objetivos, que son desregular la economía y ajustar el gasto público. «
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