Natalia Sánchez Jáuregui: “Cuando proponemos que un servicio vuelva a manos del Estado, hablamos de soberanía”

La diputada provincial del Partido Fe en el Frente de Todos, Natalia Sánchez Jáuregui, nacida en Necochea y de extracción sindical, referenciada en la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto que vuelve a poner en debate la importancia estratégica de los recursos generados en los puertos para el Estado y, a través de él, para la ciudadanía: crear una sociedad estatal bonaerense para la explotación comercial de uno de los elevadores de granos del Puerto de Quequén, que perteneciera a la disuelta Junta Nacional de Granos.

Actualmente, la explotación comercial de ese elevador está concesionada a la empresa privada Terminal Quequén SA. Esa concesión, según supo este medio, vence este año y está en plena discusión su renovación con el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, creado en 1993 y cuyo directorio está integrado por representantes del Ejecutivo bonaerense, de la Municipalidad de Necochea, sindicatos, exportadores, armadores y concesionarios, entre otros.

Cabe recordar que Sánchez Jáuregui sorprendió en 2021 cuando, producto de la incorporación del Partido Fe, brazo político de la UATRE, a la coalición electoral del Frente de Todos,  dejó el bloque de Juntos por el Cambio para sumarse al bloque oficialista en el Parlamento bonaerense.

Ahora, la legisladora necochense propone en la Legislatura la creación de una sociedad 100 por ciento del Estado Provincial, denominada Elevador Quequén SA, para que se haga cargo de la explotación comercial del elevador.  Para tener una idea de los recursos que mueve este elevador en la carga y descarga de granos, fuentes consultadas por este medio señalaron que por él transitan, anualmente, un promedio de “2,5 millones de toneladas”, con un valor testigo de 0,60 centavos de dólar por tonelada.

En este contexto, uno de los aspectos más interesantes del proyecto es el destino que proponen otorgar a los beneficios generados: “25 por ciento al Hospital Municipal José Irurzun de Quequén, 25 por ciento al Hospital Municipal Emilio Ferreyra de Necochea, 25 por ciento para nuevas inversiones, a los fines de mejorar la productividad del elevador, y 25 por ciento para reparación de vías terrestres de acceso Quequén y Necochea afectadas por el paso de los camiones en su tránsito hacia el elevador (…)”.

Otro aspecto importante abarca al plantel de trabajadores. En este contexto, el proyecto sostiene que garantizará la continuidad laboral de los trabajadores bajo convenio del elevador, con excepción del personal jerárquico “que deberá ser indemnizado por su empleador que finaliza la concesión”.

“(…) El Directorio de la sociedad estará compuesto por el Director Ejecutivo, un Director y un Presidente que nombrará el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, propone.

Además, para evitar cualquier posibilidad de ingreso forzoso e “inflado” de personal estatal,  la iniciativa también determina que solo podrá ingresar nuevo personal en relación de dependencia “en la medida que se aumente la capacidad de almacenaje del elevador y/o por nuevas inversiones (…)”.

En comunicación con Tiempo, la diputada Sánchez Jáuregui amplió los conceptos vinculados a esta propuesta legislativa, presentada en su rol de presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, y que todavía debe ser tratada en varias comisiones antes de su votación en el recinto.

-¿En qué consiste este proyecto?

NSJ: Dentro del Consorcio del Puerto Quequén, uno de los elevadores está concesionado hace 30 años. Para que se entienda, el elevador es como si fuera una manga, que traslada el cereal desde el almacenamiento al barco. Por ese servicio se paga 0,60 centavos de dólar (por tonelada de cereales). Tenemos que pensar en los años 90, cuando los puertos se privatizaron, se pusieron en concesión, y todo lo que era la Junta Nacional de Granos pasó a ser parte concesionada. El edificio, la estructura, todo era parte del Estado. Pasó primero a la Provincia, después fue concesionado. Hoy está venciendo esa concesión, y nosotros presentamos un proyecto para que ese elevador se convierta en una sociedad del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese precio que se paga por la carga de las toneladas del cereal para que se exporten, que ese dinero que se junte, sea repartido en los hospitales de Necochea, de Quequén, parte para el mantenimiento del mismo servicio del elevador, y otra parte para el tema que sufre, más que nada Quequén, de rotura de calles, de accesos y todas las cuestiones que tienen que ver con el uso, digamos, territorial que genera el movimiento del puerto.

-¿Por qué eligió presentar esta iniciativa?

NSJ: Creemos que en la Provincia los puertos son un tema estratégico, y tenemos que ver con atención qué pasa con las estructuras y la producción que tenemos. El otro día estuve recorriendo el puerto de La Plata y la verdad es que hay que ir para darse cuenta la estructura que tiene la Provincia para poder generar más recursos. Vemos que el Puerto de Buenos Aires concentra el transporte, la carga de los containers. El Puerto de La Plata está muy limitado en cuanto a lo que está manejando logísticamente. Entonces, creo que estas discusiones son centrales para buscar los recursos para después poder afrontar todas las cuestiones que, como Provincia tenemos que ir generando para poder salir adelante.

– Con este proyecto ¿habría una vuelta a administrar parte del mercado de granos?

NSJ: Acá estamos hablando de un servicio, que se hace desde donde se acopia (el cereal) hasta donde se traslada el barco. Este servicio no afecta para nada al productor. Las empresas que tienen la concesión no le dejan nada al distrito. Y estamos hablando de empresas multinacionales que concentran toda la carga. Entonces, creo que estamos hablando también de otras cuestiones de fondo. Estamos hablando de soberanía cuando estamos proponemos que un servicio vuelva a manos del Estado. Porque, además, toda su estructura es del Estado. No es un caso como el que se da en otros lugares, donde viene un privado, invierte en una estructura y está dando un servicio. Hablamos de una concesión que se vence y que queremos recuperar para que ese dinero vuelva, en este caso, al distrito de Necochea y a la comunidad de Quequén.