Ni la feria ni el horario de atención: para la justicia el principal problema es la falta de jueces

La feria judicial no se modificará. Tampoco el horario laboral, a menos que por trabajar ocho horas en lugar de seis los empleados cobren un 30 por ciento más de salario. El Poder judicial cree que el principal problema es la falta de cobertura de los juzgados vacantes, la carencia de una policía judicial, la ausencia de edificios adecuados para su funcionamiento y la desinversión que vienen sufriendo los tribunales desde un tiempo impreciso. Entonces, el consenso generalizado es que la solución está afuera, no adentro de la Justicia.

Eso indican las conclusiones a las que arribaron los jueces, abogados, representantes de los trabajadores y de los funcionarios que debatieron durante dos días, a instancias del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a principios de mes. Ellos pidieron; ahora la Corte decide: “las propuestas serán analizadas por la Corte a fin de adoptar las decisiones que correspondan”.

El documento que contiene el resumen de los debates y las conclusiones de esas dos jornadas fue publicado hoy por el Centro de Información Judicial. Son 46 páginas que muestran que los actores del sistema judicial están “preocupados por la ausencia de nombramientos de jueces en todas las instancias; saturación de los tribunales orales, falta de medios y recursos indispensables para ejercer la función judicial. En estas condiciones es muy difícil mejorar la actividad”.

La Justicia quiere su propia Oficina Anticorrupción, “que funcione en el mismo ámbito del Poder Judicial de la Nación”.

Otra de las propuestas es la creación de “una categoría de procesos judiciales que se reconozcan como de “trascendencia social” –a las que se le dará un tratamiento prioritario- para aquellas investigaciones complejas o que por cualquier otra característica puedan ser considerados procesos de especial interés para la sociedad. Con la consecuente creación de un ‘Comité de selección y seguimiento de estas causas’ encargado de seleccionar qué causas formaran esta categoría y de controlar su avance”. Así, la repercusión (básicamente mediática) de las causas creará una categoría especial de juicios, según la iniciativa.

También se busca “ampliar el límite de juicio abreviado a delitos que su conminación penal en abstracto no supere los 15 años”, lo cual implica, por ejemplo, que delitos violentos puedan recibir penas consensuadas entre el agresor y la fiscalía, con una acotada participación de la víctima.

Para buscar agilidad, los judiciales proponen “simplificar la instrucción” de manera tal que en esa instancia sólo se reúnan “evidencias mínimas orientadas a la evaluación de mérito para el envío o no del caso a juicio”. En ese contexto, una persona puede ir a juicio sin pasar por la indagatoria, que es el principal acto de defensa que tiene un imputado. Además, para sus abogados defensores, está previsto “reducir y limitar las vías de impugnación con la posibilidad de hacer controles de admisibilidad estrictos para evitar recursos improcedentes. Limitar la propuesta de producción de prueba. Reemplazar los peritajes por informes”.

Los jueces tendrán “facultades para extender el secreto de sumario en causas complejas” y también “acceso directo a la información de diversos organismos públicos (Afip, Anses, Reg. Propiedad, Migraciones, IGJ). Esa información hasta ahora es reservada y en determinados casos protegida por acuerdos y legislación trasnacional. Ahora, según la iniciativa, estará al alcance de los juzgados.

Para todo esto, son necesarios más (y no menos) jueces y juzgados. Por eso, las conclusiones proponen “hacer saber al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que la calidad y celeridad en el servicio de justicia exigen más jueces y la cobertura de las vacantes actualmente existentes”.

Para los jubilados, la propuesta es “avanzar en la posibilidad de que se homologue un Módulo Liquidador de Sentencias” para agilizar las órdenes de pago, y “redefinir el plantel del cuerpo de contadores que trabaja actualmente en la cámara, hoy muy insuficiente para atender las necesidades del fuero”. También hay una limitante para el poder político: “instar un acuerdo interpoderes para limitar los recursos presentados por el Estado en determinados asuntos, como los previsionales”.

Los jueces quieren manejar directamente su presupuesto. “Debe sancionarse la ley de autonomía presupuestaria de los poderes judiciales nacional y provinciales, lo que implica fortalecer su independencia frente a los otros poderes del Estado”. Ello, especialmente en materia de elecciones, uno de los temas que mayor tensión genera con el Poder Ejecutivo, cualquiera sea su signo político. “Se solicita autonomía respecto del Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo los procesos electorales, y en este punto propone la transferencia de ciertas facultades que cumple la Dirección Nacional Electoral. La dependencia económica directa que el Poder Judicial tiene respecto del Poder Ejecutivo en la organización de los comicios afecta la independencia de la justicia electoral”.

Para los comicios, en particular para evitar que se dupliquen votos o sufraguen muertos, la iniciativa consiste en “incorporar herramientas de identificación biométrica –sistema con el que cuenta desde 2009 el Registro Nacional de las Personas- para el Registro de Electores y para una eventual utilización en mesas de votación en regiones en que la identificación del votante es cuestionada”.

Preocupa especialmente lo que ocurre en el distrito clave de cualquier elección, el territorio bonaerense. Los actores judiciales impulsan “solicitar al Consejo de la Magistratura la designación de un juez con competencia exclusiva en materia electoral en la provincia de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia la habilitación del juzgado correspondiente”.

Con el objetivo de acercar la justicia a “la gente”, ese concepto tan voluble utilizado a menudo en los medios de comunicación pero también en los tribunales, la iniciativa apunta a “exhortar a las provincias a implementar el servicio denominado ‘La Justicia va a los Barrios’”, en un contexto en que, por ejemplo, la Procuración General de la Nación virtualmente desactivó el programa “Atajo”, que consistía justamente en acercar la presencia del ministerio público a los barrios pobres y villas de emergencia.

Sobre los presos, el proyecto busca “implementar un régimen especial de tratamiento para condenados primarios”, en el convencimiento de que son recuperables.

En relación con las vacantes, el documento procura que “el proceso de selección de magistrados debe tener un plazo máximo de duración de un año” y que haya jueces en una suerte de banco de suplentes. “La selección de magistrados debe realizarse a través de concursos anticipados, independientemente de las vacantes que se vayan produciendo, teniendo el orden de mérito un plazo de vigencia determinado a los fines de cubrirlas”.

Entretanto, debe impulsarse “la sanción de una ley de subrogancias, a cargo de Secretarios; exhibición de agendas de audiencias de los tribunales; revalorización de los Secretarios judiciales; mayoría de jueces en la Comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura”.

Finalmente, sobre los temas de mayor debate público, como la feria judicial, “se evidenció un consenso en la idea del rol ordenador que tiene una feria judicial simultánea para todos los tribunales y para todos los abogados litigantes del país; pues al concentrarse el receso, se favorece una administración más eficiente del tiempo y de los recursos”.

Según los jueces, “durante la feria los tribunales realizan las tareas de organización interna que no se pueden efectuar en el transcurso del año (archivo de expedientes, paralización de expedientes, agregado de escritos, poner al día despacho). Lo mismo sucede con los abogados, quienes utilizan la feria para poner al día sus despachos”. Entonces, la feria no se cambia.