Nicaragua en llamas

Mientras el Ejército nicaragüense se vio en la necesidad de emitir un comunicado en que niega que cualquiera de sus integrantes haya participado en actos violentos, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el gobierno de Daniel Ortega, su esposo, está venciendo «un período tenebroso» para el país, envuelto en una espiral de violencia desde el 18 de abril pasado tras manifestaciones de protesta por cambios en la ley de jubilaciones con un saldo de al menos 250 muertos.

El fin de semana pasado grupos de civiles armados ingresaron en templos católicos y agredieron a sacerdotes y obispos en la región sur de Nicaragua. Para la oposición -derrotada por la fórmula Ortega-Murillo en noviembre de 2016 con un aplastante 72% de los sufragios- el ataque fue realizado por paramilitares afines al gobierno y con el rostro cubierto. Para el oficialismo, en cambio, se trata de sicarios contratados por sectores de la oligarquía vinculados a agencias estadounidenses que solo intentan forzar la renuncia del presidente sandinista o ir a elecciones adelantadas, cuando el actual período culmina en 2022.

La información sobre el ataque a los religiosos también difiere. Para la oposición de la Alianza Cívica y las agencias internacionales, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, monseñor Miguel Mántica, el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Waldemar Stanilaw Sommertag, fueron agredidos «por turbas y paramilitares» en la Basílica de San Sebastián cuando intentaban garantizar que los feligreses que estaban adentro del templo pudieran salir sin ser atacados.

Voceros opositores condenaron el ataque y declararon que «una vez más quienes exigimos el cese de la represión somos víctimas del odio y la violencia. Este ataque cobarde se suma a la ola de represión que dejó más de 20 personas asesinadas en Carazo (al oeste del país) desde el domingo». Las cifras para los medios locales sería de entre 9 y 14 víctimas mortales de las refriegas.

El presidente Ortega puntualizó que muchos de los choques se producen entre militantes antisandinistas que cortan (trancan) rutas y caminos y terminan enfrentados a pobladores que quieren pasar para realizar sus labores cotidianas. Según el portal 19Digital, el mandatario del FSLN denunció el sábado que «muchos hermanos han sido asesinados en los tranques, otros fueron secuestrados en los tranques (…)hace dos días tienen secuestrada a una compañera de la Policía en Jinotepe, donde una banda de asesinos financiada y estimulada  por los sembradores del odio, sigue cometiendo crímenes».

Filmaciones emitidas por el canal Telesur muestran a pobladores de Jinotepe que reclaman contra lo que consideran una injerencia de la Iglesia en favor de la oposición. Es que bajo instrucciones del Vaticano, la curia nicaragüense se ofreció para mediar entre los dos sectores enfrentados para bajar tensiones y evitar que continúe el derramamiento de sangre.  

En el caso de Jinotepe, las autoridades aseguraron que grupos armados habían torturado a militantes sandinistas y mantenían secuestrados a cerca de 400 transportistas y que se habían refugiado en el templo. Lo que ocurrió este lunes, y que muestran las imágenes, es que manifestantes gritaban a los sacerdotes «asesinos, golpistas».

Una vez que lograron ingresar a la capilla, destacó un testigo, descubrieron que los sicarios que los habían tenido bajo amenazas por varias semanas estaban vestidos con ropas de monjas. «Los sacerdotes estaban escondiéndolos y fueron cómplices de lo que ocurrió», contó Alberto Mora, director de la revista En Vivo. Los vecinos enardecidos reclamaron a los religiosos por esta actitud.

Según las denuncias, los grupos armados pertenecen a las bandas Maras 18 y 19 y fueron contratados por la derecha para sembrar violencia en la sociedad. Este versión de los hechos exculpa al gobierno por la situación. Ortega, en tal sentido, dijo que había tenido que recurrir a la policía para impedir que los hechos se fueran de control.

Todo comenzó cuando el gobierno anunció un cambio en la modalidad de las jubilaciones que implicaba un impuesto a los ingresos más altos y el incremento en el aporte patronal. Ortega dijo en ese momento que tenía dos opciones, una del FMI que era recortar de un modo brutal todas las retribuciones, y el otro el que él había decidido. De todas maneras, y en aras de bajar tensiones, la reforma fue suspendida.

Pero el estallino no se detuvo y la Iglesia se ofreció a mediar entre Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que nuclea a sectores disímiles que coinciden sin embargo en el objetivo de sacar a Ortega del poder-  y el gobierno. La oposición se plantó en su reclamo en pedir adelantamiento de elecciones para marzo próximo a más tardar.  El oficialismo busca negociar una salida para calmar los ánimos pero insiste en que ganó cómodamente las elecciones hace poco más de un año.

Tras el ataque en Jinotepe, el obispo Báez dijo en un tuit que los miembros de la Conferencia Episcopal «hemos decidido seguir prestando el servicio que el gobierno nos pidió como mediadores y testigos del Diálogo Nacional. Con el mismo entusiasmo y la misma entrega. Próximamente llamaremos a las sesiones plenarias».

Por ahora, el secretario de la OEA, Luis Almagro, esquivó definiciones que le piden desde la Casa Blanca y desde los medios hegemónicos para incluir a Nicaragua entre los gobiernos «no democráticos» de la región, junto con Venezuela. Pero las amenazas de sanciones de EEUU están latentes y se sabe cómo reacciona el ex canciller uruguayo ante situaciones como esta.

Sobre todo porque el presidente electo de México, Andres Manuel López Obrador, por boca de su designado canciller, Marcelo Ebrard, «seguirá una política exterior respetuosa de la no intervención y no esperamos abandonar esa política».

México, junto con Colombia, Panamá y Venezuela fue clave en 1983 para buscar una salida pacífica al intento del gobierno de Ronald Reagan de invadir Nicaragua, que hacía no tanto había terminado con la barbarie de la dictadura de Anastasio Somoza con el triunfo de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Ese grupo recibió el nombre de Contadora, por la isla panameña donde se realizó la primera reunión, y a él se sumó el gobierno de Raúl Alfonsín ni bien asumió el cargo en diciembre de ese año. Ortega fue el primer presidente de la recuperada democracia y, derrotado en 1990, recuperó el poder a través de las urnas en 2006.