Nicaragua: nueva arremetida de Ortega contra la Iglesia Católica

Cinco meses después de que el gobierno nicaragüense rompiera relaciones con el Vaticano, luego de que el Papa lo calificara como una «dictadura grosera», el presidente Daniel Ortega lanzó una nueva ofensiva contra la Iglesia Católica al ordenar la disolución de la congregación de los jesuitas, precisamente la orden religiosa de la que proviene Francisco.

La personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús fue cancelada con el argumento de que no reportó sus estados financieros entre 2020 y 2022 ni los detalles de ingresos y egresos. La resolución señala que la Asociación «no promueve políticas de transparencia en la administración».

Además, se dispuso la confiscación de sus bienes, lo que afectará a los colegios Loyola y Centroamérica y a las escuelas de Fe y Alegría. Una semana antes, la Universidad Centroamericana (UCA), fundada por los jesuitas en 1960, debió suspender sus actividades luego de que un tribunal también ordenara confiscar sus bienes y fondos tras acusarla de ser un «centro de terrorismo».

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que representa a los jesuitas en la región, calificó las medidas como «una agresión injustificada en un contexto de total indefensión y terror hacia la población». También denunció que el gobierno les negó «la oportunidad de defenderse y sin un órgano judicial imparcial para juzgar y detener estos abusos de autoridad», como ocurrió en la «mayoría de los más de 3000 casos similares» que se registran desde 2018.

La pelea

Ciertamente 2018 fue un parteaguas. Hasta ese momento, la Iglesia estaba en sintonía con el orteguismo, que siempre desplegó una liturgia religiosa centrada en la figura de Rosario Murillo, primera dama y una suerte de copresidenta. Pero la relación se rompió durante las protestas de abril de ese año, en las que fallecieron más de 300 personas, y en las que la UCA albergaba a manifestantes heridos.

La disposición judicial, vista por estudiantes y docentes como una represalia, señala que la UCA «funcionó como centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas».

Cuatro días después, la policía desalojó de la residencia Villa del Carmen a seis sacerdotes jesuitas que trabajan en la UCA. Un año antes, el gobierno le había retirado el 6% de asignación constitucional que reciben anualmente las universidades.

«Esta decisión forma parte de una cadena de decisiones que parecen orientadas a constituir un Estado totalitario», sostuvo Francisco Urrutia, director de la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina.

Se profundiza así la tensión entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica (y la oposición en general), marcada por la expulsión y el encarcelamiento de sacerdotes y dirigentes. Según el portal Artículo 66, al menos 35 entidades educativas, humanitarias y de comunicación adscritas a la Iglesia Católica fueron ilegalizadas en el último año y medio. La investigadora Martha Patricia Molina registró que 77 líderes religiosos salieron del país entre 2018 y 2023.

El 11 de marzo, Ortega había suspendido las relaciones con el Vaticano luego de que, en una entrevista con Infobae, Francisco dijera que «no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige» y calificara a su gobierno como «una dictadura». El Pontífice aludía a la situación del obispo Ronaldo Álvarez, condenado a 26 años por «traición a la patria».

En la prehistoria parece quedar la impronta original de la revolución sandinista, que germinó a fines de los ’70 de la mano de las comunidades eclesiales de base de los hermanos Cardenal y el sustento ideológico de la Teología de la Liberación.