Ningún acuerdo y tres dictámenes para la nueva Ley de Alquileres

Luego de tres reuniones informativas, oficialismo y oposición no lograron llegar a un acuerdo y fueron tres los dictámenes que salieron firmados este miércoles de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Uno es del oficialismo, otro de Juntos por el Cambio y otro de Consenso Federal, cuya autora es Graciela Camaño. «El mercado no se llevó puesta la Ley», destacaron desde la Federación de Inquilinos.

La propuesta del Frente de Todos sostiene el punto central de la Ley de Alquileres: el plazo mínimo de tres años. Ese plazo es el que ha despertado la ira de las inmobiliarias y desarrolladoras, pero que otorga mayor estabilidad y tranquilidad al inquilino. Los otros dictámentes vuelven al plazo mínimo de dos años.

Además, la propuesta oficial agrega una garantía pública creada por el Estado Nacional para monotributistas; Obliga al propietario a ofrecer un CBU para el cobro del alquiler; Se mantiene el índice anual promedio entre inflación y salarios, siendo este el techo; Se podrá pactar la actualización por debajo del índice; El propietario y la inmobiliaria estarán obligados a registrar el contrato en AFIP; Se prohíben los alquileres y las publicidades en moneda extranjera; Defensa del consumidor deberá llevar adelante mediaciones entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos; El ministerio de Desarrollo territorial y hábitat deberá controlar el cumplimiendo de la Ley; Seguirá siendo de un mes el depósito y podrá pagarse en 6 cuotas; Los propietarios de menos de 3 viviendas en alquiler estarán exentos de impuestos.

Si bien se sostienen muchos puntos que las organizaciones de inquilinos consideran importantes, el dictamen del FdT no contempla impuestos a la vivienda ociosa, no se interviene en los precios de inicio y renovación de contratos y no se crea una cámara u organismo particular para el alquiler. De todas formas, para los sectores inquilinos es un alivio ya que las intenciones iniciales del oficialismo estaban más cerca de derogar la Ley que de sostener sus puntos centrales.

En el caso de Juntos por el Cambio, el plazo mínimo de contrato vuelve a dos años. Además, los ajustes pasan a ser semestrales y por el índice que decida el mercado inmobiliario, mientras que los propietarios pueden registrar el contrato en AFIP, pero si no lo hacen no habrá ninguna penalidad. 

En el caso de la propuesta de Camaño, hay puntos que podrían ser expresión de una fantasía erótica del mercado inmobiliario: El propietario podría exigir que el inquilino pague 6 meses o 1 año por adelantado; El propietario podría también ajustar el precio del alquiler todos los meses; Los contratos que estén por debajo del salario mínimo no tendrán que ser registrados; Los propietarios que tengan hasta 3 viviendas no pagarán impuestos. 

Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional -impulsora y defensora de la Ley vigente-, apuntó en diálogo con Tiempo: «Lo positivo es que el mercado inmobiliario no pudo llevarse puesta la Ley. A partir de las exposiciones y de los debates en las jornadas de Comisión, muchos diputados del oficialismo entendieron que había que defender la Ley; que los dos artículos que pretende modificar el lobby inmobiliario (achicar los plazos y liberar la actualización de precios) iba a dar lugar a mayores aumentos de los alquileres y que en realidad lo que fracasaba era la ausencia del Estado en el control de la Ley y no la Ley en sí misma».

«Se sostiene lo principal de la Ley e incluso se agregan cosas nuevas como la necesidad de que el Estado cree algún instrumento de garantía pública para los inquilinos o la bancarización obligatoria. También es importante que se coloque a la Defensoría del Pueblo como encargada de arbitrar conflictos y que el Ministerio de Hábitat realmente se ponga a controlar el cumplimiento», analizó Arrizabalaga.

Finalmente, apuntó: «Los tres dictámentes coinciden en incentivar a la oferta con beneficios fiscales, que es como la zanahoria para el mercado. También queda claro que los dictámenes de la oposición responden de manera directa al mercado inmobiliario. El dictamen de Camaño es sencillamente de otro planeta: propone cosas abolutamente marcianas que rozan la falta de respeto».