“Ningún docente quiere trabajar para el agronegocio que los envenena”

A través de una videoconferencia, el técnico de la Dirección General de Agricultura del Ministerio de la Producción de Entre Ríos repasa algunos de los 120 “productos” que se utilizan hoy en la actividad agrícola. Después, con gesto preocupado, explica que son muchos los “aspectos” a tener en cuenta durante la aplicación y pone como ejemplos a la temperatura y el viento. El resto de los participantes –una treintena de docentes de escuelas rurales de la provincia– escucha en silencio, sin preguntas ni comentarios, como si aún les costara creer lo que está sucediendo: una capacitación para controlar las fumigaciones o, dicho de otro modo, para servir al mismo agronegocio que los envenena.

El lunes, el Foro Ecologista de Paraná, en representación de varias organizaciones ambientalistas, junto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), elevaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que impugne el decreto provincial N° 2239 que había establecido que fueran los docentes rurales quienes controlen las aplicaciones de agrotóxicos en los campos linderos.

Con la firma del gobernador Gustavo Bordet, el decreto dispuso que “en cada establecimiento educativo rural se constituirá una Unidad Centinela con potestades de vigilancia, que velará por el cumplimiento de los recaudos reglamentarios a título de veedor fitosanitario”.

“Con la pandemia y la cuarentena nunca se pudo poner en marcha, pero hace unos días empezaron con las capacitaciones a los docentes lo que significa que se reglamentó esta aberración legal”, se queja Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná.

En el escrito presentado ante el Máximo Tribunal, se cuestiona que la normativa es “hondamente regresiva de derechos humanos” y que la función de centinela conlleva “la vulneración a la integridad física, a la vida y a la salud de estas trabajadoras, que se verán expuestas a un riesgo ajeno a su actividad, el cual no ameritaría ni siquiera cobertura por el sistema de riesgos del trabajo”.

Sasia explica que lo dispuesto por Bordet “traslada la función de contralor y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que debiera ser del Estado a los directivos de las escuelas, y al mismo tiempo se les hace asumir la responsabilidad que son del aplicador y el productor. También se los revictimiza porque ya los habíamos presentado como víctimas de este modelo que los enferma y ahora, nuevamente, se lo reubica en una situación más riesgosa”.

En ese sentido, la abogada destaca que por las condiciones meteorológicas la mayoría de las aplicaciones se realiza entre las dos y las seis de la mañana por lo que los docentes que no viven en las escuelas deberán trasladarse “para una actividad privada que no les implica ningún pago de horas extras y por la que no tienen ninguna vocación de servicio”.

Cínico

En octubre de 2019, el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor del decreto del gobernador Bordet que permitía la aplicación de agrotóxicos a 100 metros terrestres y 500 aéreos de establecimientos educativos. La Corte Suprema entrerriana revocó así una sentencia del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de la ciudad de Paraná, quien a fines de septiembre de 2019 había declarado inconstitucional el decreto. Ya en febrero de este año, las organizaciones presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, sin embargo, Bordet firmó un nuevo decreto estableciendo que sean los docentes y los directivos de las escuelas los responsables de controlar las fumigaciones. Es por la “gravedad” de este nuevo hecho que el Foro Ecologista solicitó “la urgente resolución de esta queja por el peligro al que se ve expuesto todo el personal directivo de las escuelas rurales de Entre Ríos”

“Es cínico –concluye Sasia– porque tenemos antecedentes de muchos alumnos que debieron evacuarse o encerrarse en las escuelas durante las fumigaciones y agravantes como el caso de Estela Lemes, una directora que se enfermó por culpa de los plaguicidas y que ni la ART, ni la Obra Social ni el Consejo General de Educación se hacen cargo de la cobertura médica. Ningún docente quiere trabajar para el agronegocio que los envenena”.