No encontraron irregularidades en las cuentas de la Tupac Amaru mendocina

La justicia provincial mendocina, mediante su Tribunal de Cuentas, aprobó el estado y movimiento de las cuentas que devienen de la ejecución de fondos públicos por parte de la organización Tupac Amaru de esa provincia para la construcción de más de 250 viviendas en barrios del departamento de Lavalle, durante el 2015. El organismo de control de la actividad financiera patrimonial del Estado Provincial y Municipal de Mendoza, investigó ese período y al no hallar irregularidades, emitió un fallo en ese sentido.

Cabe consignar que en abril del año pasado, la referente de la Tupac mendocina, Nélida Rojas, había sido detenida e  imputada por asociación ilícita, coacción agravada, extorsión y estafa, en esa causa que se originó a principios de 2016, en coincidencia con la detención en Jujuy de la líder de la agrupación, Milagro Sala. Pero en septiembre de 2017, la Octava Cámara del Crimen de Mendoza, liberó a Rojas, a su esposo Ramón Domínguez Martínez y dos de sus hijas, tras considerar que el accionar de la fiscal del departamento provincial de Lavalle que llevaba la causa, Gabriela Chávez, fue arbitrario. En ese momento cayeron 27 de las 29 causas que pesaban sobre los acusados y acusadas.

Por su parte, el abogado de la organización en Mendoza, Alfredo Guevara Escayola, explicó: “Han acusado a la Tupac por un hecho que no está acreditado, desde el punto de vista técnico es terrible. La finalidad es estigmatizar a la organización Tupac Amaru y destituir a sus militantes de derechos”. Aseguró, además, que la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas mendocino resulta “la única investigación seria que se llevó adelante en la provincia sobre las viviendas de Lavalle y ha quedado demostrado que la denuncia por el desmanejo de fondos públicos carece de fundamentos”.

Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala advirtieron que “este fallo demuestra que las causas contra dirigentes de la organización Tupac Amaru no son más que una campaña de persecución y desprestigio a la oposición de la alianza Cambiemos”. Y concluyeron luego que “si la Justicia quiere investigar casos de corrupción y malversación de fondos, debería estar investigando los Panamá Papers, la condonación de deuda del correo argentino y los millonarios negocios de obra pública del gobierno de Mauricio Macri”.