«No habrá sortijas para todos», el mensaje de la fiscalía para apurar los arrepentimientos

Tres empresarios se aseguraron hoy su libertad. Los tres vinculados, de algún modo, al Grupo Macri. Conseguir la tranquilidad de que no tendrán que pasar la noche -otra en algún caso- en un calabozo les costó tener que admitir que supieron entregarle dinero de forma ilegal al gobierno kirchnerista. Una jugada de billar con la que, además de beneficiarse, confirmaron lo que habían dicho el juez el fiscal de la causa de los cuadernos: que los pagos relatados los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer infiel del ministerio de Planificación, existieron.

Los movimientos judiciales fueron tan milimétricos que uno de los tres empresarios se presentó este lunes de manera espontánea en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, aunque todavía no había sido formalmente imputado. Fue Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, quien con su declaración y con la firma de un acuerdo para declarar como imputado colaborador o “arrepentido” evitó su eventual detención.

En los cuadernos cuyas copias llegaron a manos del fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio, Calcaterra apareció una sola vez, en 2013, en la que se afirma que en el futuro sería visitado por el entonces secretario de coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, en el marco de los recorridos que los magistrados describieron como circuitos de “recaudación”. Pero se hizo cargo de todos los pagos atribuidos a Iecsa en los escritos.

Lo que hizo el primo del presidente fue presentarse ante el juez para asegurar que él había ordenado los pagos efectuados por Javier Sánchez Caballero, que aparece muchas más veces mencionado en los cuadernos que Centeno se atribuyó como propios. Pero dijo que los valores que se manejaron fueron muy inferiores a los descriptos por el chofer infiel y que fueron producto de supuestas extorsiones del kirchenrismo para que los empresarios financiaran las campañas electorales del 2013 y del 2015. En otras palabras: se autoincriminó y afirmó que todo lo que iba a decir Sánchez Caballero era cierto. Una maniobra fríamente calculada.

Al “arrepentimiento” de Calcaterra le siguió el de Sánchez Caballero, que hasta su confesión se encontraba detenido a disposición del juzgado de Bonadio. Su paso por los tribunales federales de Comodoro Py fue bastante más corto, pero su final fue el mismo: alcanzó un acuerdo con el fiscal que luego fue homologado por el juez y obtuvo así su excarcelación. Recuperó su libertad.

El otro empresario que consiguió ser excarcelado fue Juan Carlos de Goycochoea, ex titular de la filial argentina de Isolux, que ya el viernes había acordado con el fiscal Stornelli convertirse en el primer empresario arrepentido de la causa. La firma que comandó está investigada en estos días también por un pase de manos que hizo con Iecsa poco tiempo después de que Macri ganara  la presidencia. La firma, cuya casa matriz está en España, ganó una licitación de parque eólicos que luego la firma que perteneció a la familia presidencial vendió a un precio muy superior, lo que le dejó una jugosa ganancia de 15 millones de dólares. Esa causa está en otro juzgado y no tiene detenidos.  

Otro punto en común entre los tres empresarios es que son defendidos por abogados del mismo estudio jurídico. A Calcaterra y Sánchez Caballero los defiende Ricardo Rosental y a De Goycochea, Javier Landaburu. Los letrados pertenecen al bufete Landaburu, Rosental & Aráoz de la Madrid, el estudio predilecto de Franco Macri, el padre presidencial. 

Los arrepentimientos en serie de estos tres empresarios fueron el producto del consejo de sus abogados pero, sobre todo, de un mensaje que les hizo llegar la fiscalía el primer día en el que fueron trasladados a Comodoro Py, luego de su detención: “No hay muchas, los primeros que la agarran serán bienvenidos, pero no habrá sortijas para todos”.

La maratónica jornada judicial –otra más- incluyó también la confesión de otros dos empresarios y la detención de dos más. Entre los detenidos estuvo Héctor Zavaleta, un ex directivo de Techint que aparece unas nueve veces mencionado en los cuadernos de Centeno como “Hector”. Declarará como partícipe necesario de la asociación ilícita descrita por Stornelli.  El otro empresario detenido fue Rodolfo Poblete, quien perdió su libertad tras declarar en indagatoria ante el juez Bonadio. Habrá que ver si ya se acabaron las sortijas.