«No hay que combatir a las drogas, sino reducir el daño que generan»

Las cinco muertes causadas por la ingesta de drogas sintéticas ocurridas el 15 de abril pasado, en el marco de la fiesta de música electrónica Time Warp, en Costa Salguero, pusieron una vez más en el centro de la escena mediática y política las adicciones, el debate sobre la lucha contra las drogas, sobre su legalización o despenalización y sobre la necesidad de implementar políticas de salud pública que ante este tipo de tragedias asoman como imprescindibles, como la reducción de daños.

Ante este panorama, un grupo de 28 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esa área emitieron una declaración conjunta para «aportar a la toma de conciencia» y «con la intención de plantear algunas reflexiones y propuestas sobre las acciones a realizar especialmente en los espacios de fiesta». El documento señala que «el consumo lícito o ilícito de drogas es una realidad cambiante y que no dejará de existir”, por lo que “debe promoverse un trabajo orientado a minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad”.

“Esperamos que este llamado de la sociedad civil llegue a quienes tienen la responsabilidad y los medios para que tragedias como esta no vuelvan a suceder”, dice Graciela Touzé, presidenta de Intercambios AC, una de las entidades que suscribió el documento conjunto y que desde 1995 se dedica al estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas. El pedido de Touzé interpela a muchos, y en primera instancia al Estado argentino, que no acusa recibo, a juzgar por la reciente intervención de la canciller Susana Malcorra en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), celebrada en Nueva York, en la que expresó la posición de la Argentina. Para Touzé, presente en la Asamblea, Malcorra reflejó las contradicciones entre los objetivos buscados y los medios para conseguirlos, y no se alejó en esencia de las fracasadas recetas de la “guerra contra las drogas”.

“Si bien la canciller comenzó su discurso lamentando las muertes en Costa Salguero, no hizo mención a la necesidad de adoptar políticas de salud pública tales como la reducción de daños, que incluyen programas de testeo de sustancias o entrega de información sobre los riesgos del consumo y las mezcla de drogas”, explica Touzé en diálogo con Tiempo. Esa postura sostiene la línea de la guerra a las drogas, paradigma que justamente se haya cuestionado debido a las devastadoras consecuencias de estigmatización, encarcelamientos masivos y muertes en muchos países. “El sistema internacional de fiscalización de drogas está estructurado sobre las tres convenciones de 1961, 1971 y 1988. Se supone que todo ese sistema persigue el objetivo del bienestar de la humanidad. Pero a más de 50 años de iniciado, los resultados de esas políticas no son buenos. En realidad, lo que uno observa es que reducir considerablemente la producción, la oferta y el consumo de drogas, el objetivo que se había propuesto la Asamblea sobre Drogas de 1998, claramente no se logró”.

–El documento aprobado en Nueva York habla de la necesidad de implementar políticas de drogas respetuosas de los Derechos Humanos.

–Es cierto, pero hay muchas dificultades para dar una respuesta realmente eficaz desde la salud pública. Y esto es porque la reducción de daños fue la gran ausente en el documento y uno de los grandes deficits de la sesión, ya que tampoco hubo acuerdo para que el término «reducción de daños» fuera siquiera incluido, pese a que ha sido absolutamente aceptado y reconocido en otros ámbitos de la ONU. La canciller tampoco hizo mención a esta política de salud pública, y lo cierto es que si hay alguna acción que tiene un sinnúmero de evidencias científicas con respecto a su efectividad es la reducción de daños. No hay otro tipo de intervenciones tan estudiado, con tan buenos resultados, y que reducen una cantidad de problemas asociados al consumo de drogas.

–¿Cuáles son los ejes de la reducción de daños?

–Primero, adoptar una posición realista y pragmática que implica reconocer el problema, que hay personas que utilizan sustancias y que algunas no pueden o no quieren dejar de usarlas. En este concebir el problema hay algunos términos que dejan de ser utilizados por la reducción de daños. Por ejemplo, “combatir” a las drogas. Eso remite al paradigma tradicional, y nosotros no estamos en guerra con nada, sino que tratamos de gestionar mejor los problemas que existen. Otra es la idea de “flagelo” de las drogas, asociada a la idea de pensar a las drogas como un castigo. En segundo lugar, es importante advertir que más de 50 años de prohibición nos demostraron que eso no soluciona el tema sino que lo complica, porque lo que está prohibido no puede ser regulado. Termina siendo el crimen organizado el que regula ese mercado ilícito. Eso genera una cantidad de problemáticas, como la violencia. Desde el lado del consumo, lo prohibido termina generando una práctica en la que no hay información, ni enseñanza de cómo llevar adelante esa práctica con menos riesgos. Es decir que la reducción de daños no plantea como objetivo único e inmediato eliminar el uso de drogas, sino generar condiciones más seguras y menos riesgosas de esos usos.

–En ese sentido, prohibir las fiestas electrónicas no sería una solución.

–En absoluto, no sirve para nada prohibirlas. Para lo único que puede servir es para que se multipliquen las fiestas clandestinas. Nadie va a dejar de seguir adelante con una práctica que le resulta placentera e interesante en su vida. Me parece una medida absolutamente irracional. Sí creo que hay que controlar y supervisar. Pero eso es regular, no prohibir. La diferencia es que cuando uno prohíbe algo deja de regularlo y se supone que no existe más. Se olvida. Y es mentira que no existe más, sino que crece y se multiplica sin que el Estado pueda poner ningún ojo sobre lo que pasa. Se trata de establecer buenas regulaciones para cuidar a la gente: no una mirada punitiva desde el Estado, sino una mirada protectora. «

El Plan Nacional

Mendoza fue sede de una nueva sesión del Consejo Federal de Drogas, que definió el Plan Nacional de Drogas que será anunciado en los próximos días por el presidente Macri. También se presentó allí el Programa de Prevención en Ámbitos Educativos y se avanzó en el Programa Municipios en Acción. Y si bien el titular de la SEDRONAR, Roberto Moro, dijo que pretende «lograr consensos para trabajar en la prevención y en la asistencia de las adicciones», no hubo mención alguna a las políticas de reducción de daños.