No indultarán en Chile a militares que pidieron perdón por crímenes durante la dictadura

Diez condenados se confesaron ante un sacerdote jesuita. Pero no entregaron datos de víctimas ni desaparecidos.

Santiago de Chile

Durante una misa de navidad celebrada en el recinto penitenciario Punta Peuco, diez reos uniformados, condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) pidieron perdón por sus crímenes de lesa humanidad, mientras familiares de las víctimas rechazaron la iniciativa. La respuesta del gobierno fue que no habrá indulto para los sentenciados por crímenes de lesa humanidad.

Así lo confirmó el sacerdote jesuita Fernando Montes, quien señaló una vez finalizada la ceremonia que comprende “el dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos, pero si yo estoy aquí honradamente es porque yo digo bueno, que pasos puede dar el país. Obviamente esto supone que entreguen los datos que conozcan, porque no hay arrepentimiento si uno no quiere reparar lo que ha pasado”.

“Ojalá que los familiares entiendan que esta puede ser una oportunidad, que una cosa que estaba tranquilita, de lo cual no se hablaba, vuelve a estar en el tapete porque es algo que tiene que aclararse. Yo le suplico y se lo voy a decir a las Fuerzas Armadas, que colaboren y que la Justicia pueda actuar”, detalló Montes. La iniciativa despertó rechazo entre los familiares de las víctimas de la dictadura, que la ven como un montaje para conseguir beneficios carcelarios sin entregar nada a cambio. Durante la ceremonia, los familiares se manifestaron en las afueras del penal, con pancartas y consignas en rechazo a la impunidad, y también en Santiago, con una marcha alrededor del Palacio de La Moneda (Casa de Gobierno) Los militares, carabineros y agentes secretos que realizaron este acto fueron Raúl Iturriaga, Claudio Salazar, Carlos Herrera, Basclay Zapata, Enrique Ruiz, Pedro Hormazábal, Marcelo Castro, Manuel Carevic, Miguel Estay y José Zara. Sobre lo que dijeron los reos, hasta el momento sólo se conoce parte de lo dicho por Claudio Salazar Fuentes, ex carabinero y condenado por el caso Degollados, quien aseguró que «la infinita bondad de Dios sabrá perdonar mis pecados depositándolos en el fondo del océano más grande (…) te pido además que con tu infinito poder cambies aquellos corazones duros, que con razón o sin ella, nos detestan sin darnos cabida en la sociedad». Para Alicia Lira, presidenta de una de las agrupaciones de familiares de desaparecidos, este no fue más que un acto de “reconciliación forzada”, que sólo busca conseguir impunidad frente a la opinión pública, “este es un montaje que han hecho, para que los victimarios se victimicen”, y agregó que “nosotros tenemos la dignidad de decir que no tenemos odio, pero sí queremos la verdad total y eso no se hace con liturgias ecuménicas”. Por otra parte, la Corte Suprema de Chile revocó hoy una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había concedido la libertad condicional a Armando Cabrera Aguilar, condenado a presidio perpetuo por el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mondaca durante la dictadura militar. El fallo se fundamentó en que tal beneficio no corresponde porque se trata de un condenado por delitos de lesa humanidad. El asesinato de Mondaca fue cometido en junio de 1983 con el propósito de encubrir el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, un opositor a la dictadura que fue secuestrado, degollado y rematado a balazos, el 25 de febrero de 1982 en un camino rural cercano al aeropuerto internacional de Santiago.

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