No naturalizar el ajuste

El gobierno celebró el sexto superávit fiscal mensual consecutivo, registrado en junio, cerrando el semestre con un excedente primario del 1,1% del PBI y uno financiero del 0,4%. Sin embargo, no es un hecho positivo que los números provengan del ajuste y sean el resultado de una economía en recesión.

Los datos muestran que la caída interanual de los ingresos fiscales reales fue del 5%, mientras que el gasto primario real bajó un 32%. La poda de este último se explica, principalmente, por lo ocurrido con los gastos previsionales, que son el 29% del recorte total, mientras que el gasto de capital contribuye con el 22% y los subsidios económicos con el 16% de la reducción.

En el caso particular del ajuste en la obra pública (gasto de capital), cuando se interrumpen estas inversiones estatales las empresas privadas suspenden o despiden a sus empleados, dinámica que a su vez se extiende a las empresas que proveen los insumos para las distintas obras. El círculo vicioso se retroalimenta cuando las personas que son despedidas o suspendidas dejan de tener ingresos y recortan sus gastos. Situaciones similares se producen en otros sectores, con lo cual la caída del consumo repercute en los ingresos fiscales.

Recordemos también lo que el gobierno ya anticipó tiempo atrás: que avanza con la disminución de la alícuota del impuesto PAIS, que se suma a la casi eliminación del Impuesto a los Bienes Personales, vía la gran reducción de sus alícuotas. Con la mira puesta en el superávit fiscal, cabe preguntar cómo se compensarán las bajas de la recaudación que vendrán, a partir de lo recientemente explicado. La respuesta resulta clara: con mayor recorte del gasto.

Un dato a tener en cuenta es que en 2008 el país atravesó un período de once meses consecutivos de superávit financiero en base al incremento de los ingresos impositivos y de la actividad económica. Es una muestra clara de que el ajuste no es la única ni la mejor alternativa para alcanzar el equilibrio fiscal.

El mundo apunta hacia otro lado

La Comisión Europea admitió en un reciente informe que el establecimiento de un gravamen a la riqueza está “ganando tracción” a nivel global “como una herramienta para incrementar la progresividad del sistema tributario”. Según la Comisión, “más de la mitad de la tenencia total de riqueza en varios países de Europa occidental (Francia, Alemania y el Reino Unido) y en los Estados Unidos, y casi la mitad en Suecia, fueron adquiridas a través de herencias”. Sin embargo, en 2020 el promedio de participación de los impuestos a la herencia y donaciones en el grupo de países de la UE que los recaudan fue del 0,6% del total de ingresos tributarios. Impuestos a la riqueza que “fueron derogados o disminuidos en la UE durante las décadas pasadas”.

En este marco se inscribe la iniciativa de los exprimeros mandatarios/as de Australia, Austria, Canadá, Chile, España, Francia y Grecia, entre otros, quienes solicitaron formalmente a las autoridades del G-20 un apoyo al nuevo plan que prevé un gravamen especial sobre las 3000 personas más ricas del mundo. El objetivo es recaudar hasta 250.000 millones de dólares adicionales a nivel internacional. “El liderazgo del G-20 fue vital para lograr un acuerdo global sobre un impuesto mínimo a las empresas. Ahora es el momento de hacer lo mismo para las grandes fortunas”, expresaron.

Por fuera del plano de la fiscalidad, el nuevo gobierno laborista del Reino Unido anunció la creación de un fondo nacional de infraestructuras y un proyecto para renacionalizar la red ferroviaria de pasajeros, que está en manos de operadores privados, ya que el servicio es caro y tiene retrasos y cancelaciones. Otra propuesta es resolver la grave escasez de vivienda a través de una legislación que “acelere y agilice el proceso de planificación” para crear 1,5 millón de viviendas en cinco años. Las propuestas reseñadas muestran la necesidad de un Estado presente que arbitre la puja distributiva y la prestación de servicios públicos, entre otras funciones.

Economía: prioridades y políticas

Volviendo a nuestro país, se conoció el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de mayo, que registra el primer valor positivo desde el inicio de la actual gestión (+2,3% interanual), producto casi exclusivamente del desempeño del agro, que se recupera de la sequía de la anterior campaña. Si se excluye este sector, la economía cae cerca de un 5%, principalmente por las bajas en la industria, el comercio y la construcción. Este es, en gran medida, el termómetro a seguir para analizar lo que ocurre con el mercado interno, los ingresos y el empleo.

En cuanto a las estadísticas del comercio exterior, en junio se registró un superávit comercial de 1911 millones de dólares. Si se considera el semestre completo, el excedente alcanzó a 10.708 millones de dólares y al compararlo con un año atrás se observan claramente los efectos de la recesión: hubo una gran incidencia de la caída de las importaciones (-27,7%). En tanto, las exportaciones subieron un 14%, en gran parte por las ventas del complejo primario debido a la recuperación de la cosecha.

Por su parte, la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria (UCII) alcanzó en mayo el 56,8% (11 puntos porcentuales menos que un año atrás), una caída que sólo fue superada en 2020, en lo peor de la pandemia. Este indicador permite tener una idea de la dimensión de los problemas que atraviesa la industria.

Cuando a la economía productiva no le va bien se resienten también el empleo y el consumo. Entre noviembre y abril, último dato del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de asalariados privados registrados se redujo en 111.700. Respecto del gasto de los hogares, la última información sobre el consumo masivo, elaborada por la consultora Scentia, indica una caída del 12,5% interanual en junio y 8,5% en el semestre. En un medio de comunicación de gran llegada se señaló, tratando de minimizar el mal dato, que en junio de 2023 estaban vigentes los incentivos del anterior gobierno que motorizaban el gasto de los hogares, poniendo en duda la base para la comparación. No es ningún demérito: precisamente para generar mayor consumo y mayor actividad económica es que se utilizaban aquellas políticas.

Las prioridades de este gobierno quedan claramente expuestas cuando, por ejemplo, se habilita la importación de alimentos, bebidas y otros bienes de la canasta básica para intentar contener los valores de dichos bienes en el mercado interno. Suena paradójico en un país como Argentina, que cuenta con las potencialidades para alimentar a una cantidad de personas que supera varias veces el total de su población.

Es preciso construir un modelo con otros objetivos y políticas. Con un Estado presente, que regule y ponga límites a los abusos de los sectores concentrados y con el eje puesto en la producción y el cuidado del mercado interno. Un modelo que tenga como propósito el desarrollo económico y social, con una mejora en la distribución del ingreso y la riqueza.