No se puede estar de los dos lados del mostrador: en la provincia de Santa Fe se debe terminar la impunidad

Cuando decidimos ocupar un cargo público, asumimos un compromiso en el que cuidar los recursos de todas y todos, respetar la ley y actuar con transparencia debe ser la premisa. Bajo esa convicción es que tomamos la decisión de presentar una denuncia contra el senador del departamento San Javier, Oscar Dolzani, una decisión que no fue sencilla, por aquello de que no hay que judicializar la política, pero que consideramos necesaria ya que estamos ante un caso que puede configurar delito.

No creemos en la política como un espacio de silencios cómplices ni de miradas hacia otro lado. Creemos en la política como una herramienta para transformar y eso implica también señalar lo que está mal, aunque genere incomodidad. Denunciar no es un acto de especulación ni de oportunismo; es, en todo caso, un acto de responsabilidad institucional y una obligación legal cuando existen hechos que deben ser investigados. Sabemos que en tiempos donde la sociedad mira a la dirigencia con desconfianza, cada acción se analiza con lupa. Por eso estamos convencidos de que el camino correcto es que todo se esclarezca con total transparencia, con la intervención de la Justicia y con las garantías que corresponden.

El 5 de febrero pasado denunciamos ante el Ministerio Público de la Acusación al Senador Oscar Dolzani (titular de un corralón que lleva el mismo nombre, Corralón Dolzani) por comercializar materiales de construcción vendiendo a empresas que construyen una obra pública de protección contra las inundaciones en la ciudad de San Javier (Santa Fe) y licitadas por el propio Gobierno de la provincia. Esto es, obras públicas, financiadas con dineros públicos que se generan con el esfuerzo de las y los santafesinos.

¿Cómo pueden naturalizarse acciones de este tipo? El sentido común indica que Dolzani, en su condición de Senador, se beneficia con su “actividad privada” usando al propio Estado que integra en uno de sus poderes. Esta denuncia fue ampliada inmediatamente después de que el propio Dolzani, intentando hacer un descargo público, reconociera las operaciones y el accionar denunciado. Tan absurdo que termina autoincriminándose, afirmando que no es ilegal y mencionando que dichas operaciones las realizó durante los años 2024 y 2025 también con otras obras públicas que el gobierno de la Provincia ejecuta en el departamento que Dolzani representa.

No se trata de una disputa personal ni de una diferencia política más: se trata de la necesidad de que las instituciones funcionen y de que nadie esté por encima de la ley.

El Senador violenta la Ley de ética pública, el artículo 6 de la Constitución Provincial y por lo menos 3 artículos del Código Penal de la Provincia de Santa Fe (negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público), aprovechándose de su condición de funcionario público para lucrar, beneficiándose con fondos públicos. Durante todo nuestro recorrido político sostuvimos siempre la importancia del control y la rendición de cuentas como pilares de una democracia sana y sólida.

No podemos exigirle a la ciudadanía que confíe en sus representantes si no somos capaces de actuar con coherencia cuando aparecen situaciones que requieren explicaciones. ¡Debemos terminar con la impunidad en la provincia de Santa Fe! Hay demasiados ejemplos de hechos que no son investigados por la Justicia debido al accionar de la corporación política/judicial que protege a funcionarios, legisladores o personas cercanas al poder.

Somos conscientes de que estos procesos generan ruido político y mediático, pero preferimos ese ruido antes que el silencio que muchas veces termina naturalizando prácticas que no estamos dispuestos a tolerar. La transparencia en el manejo de la cosa pública, muchas veces puesta en duda, debería ser un compromiso de toda la dirigencia que cree en la democracia.

Aspiramos a que este proceso permita esclarecer los hechos y fortalecer la calidad institucional de nuestra provincia. No hay democracia sólida sin control y con impunidad, y no hay control posible sin la decisión de actuar cuando corresponde. Ese es el camino que elegimos, con la tranquilidad de estar cumpliendo con el deber que imponen la Constitución y la Ley.

*Legislador provincial por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) Santa Fe