No será fácil imponer la reforma laboral que exige el FMI

Luego de la reunión entre Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, el FMI puntualizó en un comunicado que «fue una oportunidad idónea para que el Ministro Dujovne reafirmara las prioridades y los planes económicos del gobierno».  Esos planes, se sabe, incluyen la reforma laboral que, desglosada en tres proyectos, ingresó al Senado el 27 de abril.

La palabra que Dujovne habría empeñado ante el FMI pasa por alto las dificultades que tendrá el gobierno para avanzar en su aprobación.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, negó en Córdoba que el Fondo haya exigido las reformas pero, en declaraciones al Canal 12 TV, recordó que los proyectos habían sido consensuados con la CGT.

La Central, cuyos principales sindicatos se avinieron a firmar paritarias por el 15% sin cláusula gatillo y habilitaron la reforma de sus convenios, emitió un comunicado de rechazo al acuerdo con el organismo multilateral que conllevaría «una reforma laboral flexibilizadora».

Hasta Héctor Daer, el triunviro que vino mostrando un perfil más dialoguista, advirtió acerca de que el acuerdo implicará una avanzada contra los convenios colectivos.

Es que la CGT sabe que, en este contexto, un apoyo a la reforma laboral podría costarle demasiado. La convocatoria a un paro general, incluso con un propósito de contención, sin embargo, pondría nuevamente la interna de la central al rojo vivo y podría dar pie, como el 18 de diciembre, a una nueva fractura en momentos en que aspiran a recomponer la unidad.

Además, un acompañamiento a la reforma o incluso una actitud pasiva podría generar un repudio por abajo, debilitar su capacidad de contención y acelerar el proceso de renovación que está en desarrollo.

Más allá de la resistencia callejera que podría generar el avance de la reforma laboral en el Congreso, la ausencia de un aval explícito de la CGT llevaría a los diversos bloques que componen al PJ del Congreso a bloquear su aprobación.

El viernes, sindicalistas del sector dialoguista, como Roberto Fernández, de UTA, y Andrés Rodríguez, d e UPCN, señalaron que la CGT se encuentra en estado de «alerta».

Así las cosas, para el gobierno el camino es muy fino. Por un lado, el FMI transformará en exigencias las recomendaciones que hiciera en su informe sobre la Argentina de octubre pasado cuando sugirió entre otras «medidas prioritarias», la de «dotar de mayor flexibilidad a los mercados laborales».

Pero, además, el gobierno puede hacer de la reforma laboral un instrumento que le ayude a sostenerse ya que le permite ofrecerla como  una compensación a los sectores productivos que manifestaron su descontento por la elevación de las tasas de interés a las que recurrió el BCRA para intentar contener la corrida cambiaria.

Por eso, Triaca dejó entrever que aspiran a avanzar con el blanqueo laboral y la eliminación de las indemnizaciones por la vía de la autorización de los Fondos de Cese Laboral.

Pero el campo sindical de oposición a la reforma laboral excede a la CGT y allí conviven estrategias y posiciones disímiles.

Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores señaló a Tiempo que «no vamos a pagar los platos rotos del horror económico que en dos años hizo este gobierno. Hay que lograr una mesa de todas las centrales y movimientos sociales para salir, sin fisuras, a enfrentar esto con un programa y un plan de acción que vaya de menor a mayor, llegando a medidas de acción como un paro general».

Néstor Pitrola, exdiputado del FIT-PO y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista, declaró a Tiempo que «la reforma laboral es uno de los temas, no sólo del FMI, de Macri y los gobernadores. La UIA y CAME están en lo mismo. El rechazo a toda forma de reforma (legal, convencional o judicial), junto a la reapertura de paritarias y el aumento de emergencia a jubilados son los ejes para convocar a un inmediato paro activo nacional y un plan de lucha. Para eso proponemos organizar un Congreso de delegados de todos los sindicatos con mandato de asambleas de base». concluyó. «