«No son planes, son trabajo», sostienen desde las organizaciones sociales

Ante las críticas expresadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los movimientos sociales, dentro y fuera del Frente de Todos, renovaron un debate profundo y complejo, vinculado no solamente a la intermediación de los programas sociales, sino a terminar de esclarecer cuál será el rol de estas organizaciones en el mapa político y social venidero.

En comunicación con Tiempo, algunos representantes de estos movimientos volvieron a poner sobre el tapete cuestiones como la conversión de los programas sociales en trabajo, las auditorías necesarias, el vínculo con los intendentes, sin dejar de tener en cuenta que la presidenta del Senado recibió al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le acercó una propuesta “para transformar los planes sociales en trabajo” en ese distrito bonaerense, proyecto que también fue presentado al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Dentro del Frente de Todos, Natalia Zaracho, la primera trabajadora de la llamada economía popular, cartonera, en asumir como diputada nacional, y referente del Frente Patria Grande expresó: “Cristina se equivoca en lo que dice porque lo que muchos llaman planes nosotros los convertimos en trabajo hace mucho tiempo. Igual la perdonamos porque la queremos y sabemos que ella siempre defiende al pueblo. Nosotros planteamos el Salario Básico Universal”.

Zaracho defiende la universalización de los planes y que los maneje el Estado: «El SBU es eso, un ingreso mínimo para que a ninguna persona le falte el plato de comida, borrando la indigencia de la Argentina de una vez». Pero advirtió: «Cuidado con confundir empleo con trabajo. Nosotros trabajamos. Lo que faltan son derechos. El Salario Social Complementario (lo que mal llaman planes) es una base de 18 mil pesos que tenemos. Nadie vive con esa plata, nosotros le sumamos nuestro trabajo para llegar a un sueldo digno. Los cartoneros venden lo que reciclan, los textiles lo que cosen, los campesinos el alimento que producen, etcétera. Eso es la economía popular. Así nos ganamos la vida en un trabajo que nos inventamos para subsistir”.

Desde el Movimiento Evita, Cecilia Barros, secretaria de Organización nacional, adelantó a Tiempo: “Para mí, lo más importante es que estamos en una etapa en la que hay que discutir la economía popular, y eso es con el protagonismo de los más humildes de esta Patria, que son los que hoy se organizan para inventarse el trabajo donde no hay nada. Hoy, esas personas forman parte activa de las organizaciones sociales, con lo cual son parte de la realidad política de la Argentina. Me parece que hay que entender que nació un nuevo actor en la Argentina, que es hijo de los piquetes, del 2001, del kirchnerismo, que también es hijo de esta época del mercado laboral mundial y que necesita un lugar en la representación política”.

Barros consideró que el  planteo de pasar de planes a trabajo, «en realidad es casi una falta de respeto para esos trabajadores y trabajadoras de la economía popular que todos los días se inventan su propio trabajo, en el marco de un capitalismo que los fue expulsando del mercado laboral. En los últimos 40 años, no aumentó la cantidad de empleo registrado. Hoy tenemos siete millones de trabajadoras y trabajadores registrados, igual que en 1974. Pero la población económicamente activa en 1974 era de doce millones de personas, y hoy es de 21 millones ”, analizó.

En relación a la posibilidad de que los intendentes y gobernadores administren y gestionen de manera total los programas, Nicolas Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP), sostuvo: “Hoy, efectivamente, los municipios ya tienen compañeros y compañeras del Potenciar Trabajo que pertenecen a las unidades de gestión de los municipios. Eso ya existe. Ahora, si el planteo es pasar a un sistema único donde sean los intendentes y gobernadores que manejen esos programas, mi experiencia personal como militante social es que conocí los años en que los intendentes manejaban los programas de empleo, y fueron mucho más extorsivos, discrecionales, y de arrear a la gente, de lo que pudo haber sido cualquier organización social, incluso las que lo hacen de la peor manera. Quizás me digan que la democracia legitima que sean los municipios. Pero los grados de precariedad laboral que existen en los municipios, los problemas de arreglos espúreos en los territorios que ellos gobiernan, y todo eso que llaman punteros, es una experiencia que viene más de cuando gestionaban esas políticas los municipios, y no las organizaciones sociales. Si queremos salir de la discusión de quién maneja la lapicera, si las organizaciones o los municipios, tenemos que pensar y discutir políticas universales”.

Por fuera del FdT, el Polo Obrero es una de las principales organizaciones sociales que forman parte de la llamada Unidad Piquetera, que endurece su posición tanto en sus planteos como en la calle. Para Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo, «el planteo de Cristina no se da en el vacío, sino en un momento determinado que tiene que ver con un campaña que encabezó la derecha en este país. Para nosotros se suma a una campaña que, a 20 años del asesinato de Maxi y Darío, nos hace acordar a la etapa previa de estigmatización de los movimientos sociales que se produjo en 2002, antes de la represión sangrienta del gobierno de Duhalde sobre el movimiento piquetero”.

Belliboni aclaró: “El Ministerio audita a las organizaciones sociales. Somos las más auditadas del mundo. Si tuviéramos que comparar las auditorías a los movimientos sociales con las inspecciones a los empresarios del Ministerio de Trabajo, habría un abismo entre una cosa y la otra. Es mentira que las organizaciones sociales dan altas por bajas, la organizaciones no están a cargo de eso, no tienen ese poder, no existe por ley».  «