«No verifican nada, fue una medida insensible»

Kiara es madrugadora. De lunes a viernes el despertador la saca de la cama a las 6:30, cuando en invierno todavía es de noche. Desayuna y sale para el colegio. Aunque no sean más de diez cuadras, espera el colectivo. A veces viaja con ella una acompañante terapéutica que se encarga de asistirla porque nació, hace ocho años, con una amputación congénita del brazo izquierdo. Desde entonces recibía una pensión por discapacidad que se interrumpió este mes, cuando el Ministerio de Desarrollo Social decidió suspender el depósito alegando que los padres de Kiara trabajan y, por ende, cobran un sueldo, lo que a juicio de la administración Cambiemos fue razón suficiente para que el Estado se desligara de su responsabilidad.

Su caso es el de muchas personas que sufren discapacidad y sus familiares: solo este año, se dieron de baja o suspendieron más de 71 mil pensiones, medida que ahora, tras el escándalo, el gobierno nacional promete rever, invirtiendo la carga de la prueba. Es un derecho, no una dádiva, pero habrá que llamar a un 0800 y demostrar la discapacidad para eventualmente recuperarlo. En el caso de Kiara, el ajuste en realidad tampoco contempló que el único ingreso en la casa, ahora que ya no hay pensión, es la jubilación mínima de la abuela.

Natalia Espaltro tiene 42 años, estudia la carrera de Psicología Social y es, desde hace seis meses, una desempleada más. También es la mamá de tres nenas –Kiara es la del medio– y por eso debe inventarse la manera de generar ingresos. Esta semana, por ejemplo, se ocupó de realizar encuestas telefónicas desde su casa del barrio Derqui, en Caseros. Está acostumbrada a los vaivenes económicos de la clase trabajadora. Sin embargo, el golpe que recibió a principios de este mes fue inesperado. «Fui hasta el banco y me encontré con que la plata de la pensión por mi hija no estaba depositada. La cuenta estaba en cero. Fue desesperante», cuenta.

Pidió explicaciones en el banco pero, como a otros miles, solo se limitaron a decirle que debía dirigirse hasta la oficina de ANSES más cercana a su casa. Allí volvieron a derivarla, esta vez al Ministerio de Desarrollo Social. Por fin, una empleada le informó que le habían dado de baja la pensión por discapacidad porque «el sistema» detectó que ella y el papá de Kiara estaban empleados. «Les expliqué que desde enero no tenía trabajo y me dijeron que tenía que pedirles a mis exempleadores el cese de actividades. También me pidieron los recibos de sueldo del padre de Kiara, y como les dije que estábamos separados, me respondieron que tenía que presentar testigos que dijesen que ya no convivo más con él», repasa Natalia. Kiara sale del colegio a las 12:30 y cuando llega a casa almuerza y hace la tarea. Después se dedica a los ejercicios que supervisa el físico-terapeuta. Más tarde juega con sus amigos o se sienta un rato frente a la computadora, pero nada le gusta más que deslizarse sobre patines. «Hace una vida normal con algunas limitaciones; por ejemplo, no puede atarse las zapatillas sola, pero baila y canta como cualquier nena de ocho años», destaca la mamá.

La condición de Kiara le trae complicaciones extra. Hace tres meses fue operada por una consecuencia de su problema congénito, que le ocasionó la pérdida de casi el 60% de la audición. «Para mí –concluye Natalia– la quita de pensiones es una medida sumamente insensible. Tenemos una vicepresidenta y un ministro que son discapacitados, pero seguro que no pasaron necesidades como pasamos el resto. Que el gobierno justifique un recorte porque el padre o la madre trabajan o porque la familia tiene un auto es una barbaridad. Ellos no verifican nada, no ven la realidad. Un auto para un chico con discapacidad es una necesidad, no un lujo. Y si un miembro de la familia tiene la suerte de tener trabajo es para ayudar en la casa, porque con una pensión no contributiva no alcanza, está muy por debajo de lo que según el Indec necesita una familia tipo para vivir. La verdad es que la mayoría estamos dentro del nivel de indigencia».«