Noceti, el talón de Aquiles en el libreto del gobierno

Este viernes por la tarde, pocas horas antes de la multitudinaria marcha que desbordó la Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida del joven Santiago Maldonado, en la Casa Rosada quedaban muy pocos funcionarios en sus despachos. En los portones, y en los alrededores de Balcarce 50, la seguridad policial estaba parapetada con sigilo, como quien cuenta los minutos para un asalto. La tensión que reinaba en la zona sería justificada pocas horas después, con la cacería que desataron las policías Federal y de la Ciudad después de la movilización. Sin embargo, los escuderos presidenciales que demoraron su partida de la Casa de Gobierno hasta el comienzo de la marcha no negaron su preocupación ante el caso que, desde hace un mes, se transformó en un nuevo dolor de cabeza para Cambiemos a dos meses de las elecciones legislativas en las que el presidente Mauricio Macri decidió plebiscitar su gestión.

En el vértice de las preocupaciones oficiales (pero también de las internas palaciegas) resuena el nombre de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. A contrapelo de los deseos presidenciales, su protagonismo se inflamó al calor de los desaciertos de su cartera por la ausencia de resultados concretos sobre el paradero del joven artesano de 27 años que este viernes cumplió 30 días desaparecido. Detrás del silencio homogéneo de los voceros del gobierno que cada 24 horas renuevan su empecinamiento en deslindar cualquier responsabilidad del Estado sobre el caso, las diferencias intestinas que atraviesan al PRO pueden más, especialmente por una certeza sostenida en las encuestas que encargó la Jefatura de Gabinete para medir el impacto de la desaparición. «Esto va a crecer, no nos cabe duda. El tema ya está cerca del 70% de conocimiento, pero los consultados que responsabilizan al gobierno no llegan al 20%», contestó un funcionario consultado, que comparte el malestar presidencial, porque sabe que el caso Maldonado asoma como un tema determinante en la campaña.

No es la única espina que apareció en el menú de la mesa chica del presidente. La otra tiene que ver con el incremento de las críticas dentro del gobierno contra la ministra Bullrich, que por estas horas recrudecieron contra su jefe de asesores, Pablo Noceti, reconocido abogado defensor de genocidas. Su presencia en El Bolsón, y en el departamento chubutense de Cushamen, ya fue confirmada, antes y durante el operativo represivo que desató Gendarmería Nacional para desalojar la Ruta 40 el 1 de agosto, el último día en que Santiago fue visto con vida.

«Si hay algo que no podemos explicar es qué hacía Noceti allá en esos días», bramó otro funcionario del primer piso de la Casa Rosada, que integra el elenco de detractores de la gestión de «Pato». El quejido, deslizado en reserva, está motorizado por un dato que mascullan algunos asesores presidenciales, bajo juramento de secretismo. Tiene que ver con los negocios personales del abogado Noceti. El funcionario es señalado como un destacado asesor de empresas de seguridad privada y grandes clientes consumidores de vidriosas custodias pagas, especialmente en zonas pródigas de esa demanda por parte de empresas mineras, petroleras y multinacionales como Benetton que, además de presionar a los gobiernos provinciales para que garanticen la seguridad de sus territorios, también cuentan con los cuidados de grandes proveedoras nacionales e internacionales. También de lobbistas y asesores que se encargan de presionar a las fuerzas provinciales y federales para que cumplan con las necesidades de sus mandantes.

Quizás para liberar lastre ante el empeoramiento del caso Maldonado, o para sincerar un nuevo conflicto de intereses con ribetes penales, en el gobierno no desmienten las tareas privadas que desarrolla Noceti. El asesor mantiene un ritmo febril de trabajo, tan parecido al que ejerce Guillermo Yanco, el consorte de la ministra Bullrich, ahora concentrado en intervenir en licitaciones y compras de tecnología y armamento para reequipar a las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Un ejemplo fue la adquisición de un nuevo equipo de comunicaciones para la Policía Bonaerense que el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, acordó comprarle a la multinacional Motorola por 51 millones de pesos con la intermediación de Yanco.

En el caso de Noceti, su poder de lobby tendría relación con atender la demanda de empresas mineras, y de Benetton, que ofrece sus tierras para acantonar fuerzas de seguridad que le permitan evitar «intrusiones». En aquellos años fueron uniformados del Grupo Especial de Operaciones Federales y ahora, como reveló este diario el domingo pasado, esa tarea corre por cuenta de Gendarmería, cuyos mandos deben responder, por cuestión orgánica, al jefe de asesores y hombre de confianza de la ministra Bullrich.

El funcionario también deambuló por la zona para participar del juicio que se realizó en Esquel por el pedido de extradición que hizo Chile para llevarse al lonko Facundo Jones Huala, que ahora sigue detenido, aunque el juez federal Guido Otranto negó su envío al país trasandino.

La ausencia de un argumento creíble que justifique la presencia de Noceti en esa zona incrementa las internas en torno a Bullrich. «El presidente no va a entregar a nadie hasta las elecciones y banca a Pato», aseguran en la Rosada. La confirmación pública corrió por cuenta del jefe de Gabinete Marcos Peña, quien este sábado se vio obligado a desmentir un posible desplazamiento de la ministra.  «