Nueva propuesta oficial para la recta final de la negociación de la deuda

La creación de un bono con rendimiento atado a la evolución de las exportaciones es la herramienta con la que el gobierno busca concretar la demorada reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera. Ese nuevo título, junto con una disminución en la ya de por sí reducida quita de capital planteada (entre 5% y 12%, según el caso), es la novedad de la oferta que fue transmitida a los principales grupos en que se nuclearon los acreedores.

Las condiciones puntuales de ese nuevo papel no fueron difundidas porque las negociaciones se desarrollan bajo cláusulas de confidencialidad que impiden divulgar los detalles y al mismo tiempo prohíben a los fondos de inversión involucrados realizar nuevas operaciones con esos bonos. En paralelo, el Palacio de Hacienda prorrogó por cuarta vez la vigencia de la invitación a participar del canje, que ahora finalizará el viernes 19. «Se extiende la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad», explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El ofrecimiento de este bono adicional responde a la táctica que se fijó el gobierno de cruzar, sin decirlo, la barrera del 50% de valor presente neto que lleva implícita la oferta de canje. Esto significa que valuando todos los pagos comprometidos a cifras actuales, los inversores recibirán 50 dólares por cada lámina de 100 que posean. Hasta ahora el gobierno aceptaba pagar unos 45 dólares y los fondos pedían 10 dólares más. La conformidad de los tres grupos negociadores principales (el Ad Hoc, el Exchange Bondholder y el Comité de Acreedores) significaría un enorme paso hacia los umbrales que fijan las cláusulas de emisión de cada bono para lograr que el canje sea forzoso para todos sus tenedores. Ese piso varía entre 66% y 85% según cada uno de los 21 instrumentos incluidos en la operación, que totalizan algo más de U$S 66 mil millones. Lo que quedaría para después sería lograr la adhesión de los pequeños inversores remanentes y evitar que haya presentaciones judiciales por los títulos que queden impagos.

No saben pero se oponen

El rendimiento de este bono atado a las exportaciones dependerá no sólo de la evolución de las ventas argentinas al exterior sino de las condiciones de emisión. ¿Se considerará el total de exportaciones o sólo las agropecuarias? ¿Cuál será el momento que se tomará como punto de partida? ¿Se utilizará un promedio? Estas preguntas son decisivas para medir la eficacia de ese instrumento, sobre todo en previsión de que gran parte del comercio internacional de bienes manufacturados cayó abruptamente por efectos del coronavirus y se espera que tarde unos cuantos meses en reaccionar.

Aunque esas condiciones se desconocen, ya hubo sectores locales relacionados con la actividad agropecuaria que se apuraron a manifestar su oposición. El diario La Nación consignó que la Mesa de Enlace, que reúne a las principales entidades vinculadas al campo, envió una carta a Guzmán protestando (sin que por ahora haya motivos evidentes que alimenten la sospecha) ante la posibilidad de que «el bono ofrecido pueda estar garantizado a través del flujo de los recursos que generan los derechos de exportación que asumimos los productores».

En el Ejecutivo, sin embargo, ahorran energías en polémicas internas y se centran en la tarea de convencer a los bonistas más remisos. La semana que pasó tuvieron ayuda externa cuando el presidente de México, Andrés López Obrador, reconoció que hizo gestiones para persuadir a BlackRock, sindicado como el fondo más intransigente, de que acepte un acuerdo. «Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink (CEO de BlackRock). Entonces le conté a Fink que estaba enterado completamente del asunto», admitió AMLO en rueda de prensa. «El me explicó que no dependía sólo de ellos, que los fondos de inversión tienen que ver con personas que invierten en estos fondos. El caso es que iba a proponer a su consejo que se aceptara una quita por parte de Argentina del 50 al 55 por ciento de la deuda total», resumió.