La mayoría apeló a tarjetas de crédito, al fiado y a préstamos. Además del endeudamiento, gran parte depende de ayuda estatal, según un informe de almaceneros locales.
En enero, el 88,1% de los hogares dependió de una tarjeta de crédito, del fiado o de préstamos para poder comprar comida, según un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que mide el acceso a los alimentos en la provincia de Córdoba.
El dato corresponde a la Encuesta de Hogares del Informe Económico y Social, que precisó que 38,3% de los consultados usó la tarjeta de crédito para adquirir alimentos, en tanto que el 40,4% pidió fiado a comerciantes mientras que el 9,4% requirió de un préstamo para llevar el pan al hogar.
Sólo un 10,9% de los encuestados respondió que no tuvo que asumir deuda de ningún tipo para realizar el consumo elemental.
Según la consulta, un 56,8% de los hogares aseguró que no pudo acceder plenamente a la canasta básica de alimentos contra 43,2% que respondió afirmativamente.
De este último grupo, el 71,7% consignó que lo hizo con ayuda del Estado, a través de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, entre otros mecanismos; y sólo el 28,3% aseguró que lo hizo con recursos propios. Esto equivale a casi el 35% del total de los encuestados.
En otros resultados preocupantes de la medición, el 51,9% admitió que en algún momento del mes uno de los integrantes de la familia dejó de desayunar, almorzar, merendar o cenar por falta de recursos; y el 31,4% consignó que uno de los miembros pasó hambre por la misma razón.
El 21,5% reconoció que la familia se quedó sin comida en alguna oportunidad durante enero; el 20,3% señaló que tuvo que hacer algo que no hubiera deseado hacer para comer; el 11,1% refirió que comió sólo una vez al día o directamente dejó de comer en algún momento del mes por carencia de recursos.
La encuesta del IETSE recogió 2500 respuestas. El análisis revela “un deterioro sostenido de las condiciones sociales, particularmente en materia de seguridad alimentaria”, que depende en forma creciente de la deuda y de la asistencia pública “configurando un escenario de alta vulnerabilidad estructural”.
El informe del IETSE consignó también que la inflación provincial fue del 2,67% en enero y que la canasta básica total para un hogar de cuatro miembros ascendió a $1,7 millones en el primer mes del año.
La canasta básica alimentaria, que define el límite de la indigencia, se ubicó en $933.870, con un aumento del 3,3%, superior a la inflación.
En enero los precios de los alimentos fueron los que más aumentó, lo que confirma “la persistencia de presiones inflacionarias en bienes esenciales”, una dinámica que dificulta una proyección inflacionaria por debajo del piso del 2% para el resto del año.
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