Nuevo escándalo de la policía de Córdoba jaquea a Llaryora

Mitigar daños y presentarse como adalid de la transparencia policial fue la estrategia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ante un nuevo escándalo que sacude a la fuerza bajo su mando. Esta vez fue la detención nada menos que del mandamás de la Policía Caminera, que se suma a exjerarcas policiales y de seguridad imputados y hasta detenidos por delitos varios, algunos de extrema gravedad.

El caso en particular da cuenta de la investigación judicial sobre una supuesta asociación ilícita, en la que aparecen involucrados comisarios, policías de menos rango, abogados y “civiles”, en la jerga. El expediente a cargo del fiscal Guillermo González se basa en la hipótesis de que los imputados “utilizaron información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico”, señaló la fiscalía de manera oficial.

El mismo parte de prensa de la fiscalía da cuenta de la nómina de investigados: el comisario general, abogado y director de la Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán; su hermano Gastón, también abogado; Leonardo Javier Torres, comisario inspector, también abogado y a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada policial; Martín Darío Heredia, comisario inspector, abogado y también parte de la Caminera; Jorge Gutiérrez, comisario inspector y parte de la Dirección de Custodias y Protección; Dante Gabriel Villalba, suboficial principal y exchofer en la Jefatura de Policía; y Gabriel Élido Burkhard, ajeno a la fuerza.

La información da cuenta de una decena de allanamientos en la capital provincial, Cosquín, La Calera y Unquillo; una requisa en la propia central de policía, e imputaciones por asociación ilícita, coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y peculado. Nuevos allanamientos y más imputaciones y detenciones no se descartaban al cierre de esta edición.

“Son delincuentes que estaban en la policía”

En un intento de control de daños, el ministro Quinteros y el fiscal dieron este viernes una conferencia de prensa para intentar despegar a la fuerza. Con poco éxito, dado el lamentable historial de escándalos que sacude a la Policía -y no solo- en el pasado reciente. González señaló que los detenidos “usufructuaban de manera indebida el lugar que ocupaban en la Policía”, y “todo el tiempo cobraban dinero a través de civiles”. “Una buena cantidad de dinero”, abundó.

A su lado, Quinteros se refirió a la investigación como si la hubiera instruido el Tribunal de Conducta Policial y no una fiscalía independiente del Ejecutivo Provincial. “Desde el primer día el gobernador nos encomendó una tarea clave: ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas” se animó a decir el abogado, exjuecista, denunciador asiduo hasta su asunción en el cargo y uno de los integrantes del gabinete extrapartidario al peronismo provincial,

Desde la oposición, su ex compinche Luis Juez pidió públicamente su apartamiento. “Exigimos la renuncia del inútil del ministro Quinteros”, dijo el ex intendente, alineado con el mileísmo y eterno candidato a la gobernación provincial. Y se preguntó: “¿Qué más nos tiene que pasar para que el gobernador tome la decisión de echar al ministro de Seguridad? ¿Cuántos jefes de la policía deben estar presos para que se den cuenta que esto es un problema estructural?”.

A su turno, el bloque de la UCR en la Legislatura provincial consideró que este nuevo escándalo se da en el marco de “un gobierno que se cae a pedazos” y destacó que “no es el ministro Quinteros quien manda a investigar a sus subalternos, no es el jefe de la bancada oficialista Miguel Siciliano quien duda del accionar de la fuerza, no es el gobernador Llaryora quien lleva adelante estas investigaciones, porque ellos forman parte de esta corrupción estructural”.

El exjuecista Quinteros es tan afín a las cámaras y los estudios de Tv como mentor de una gestión que será recordada por el alineamiento incondicional a la doctrina manodurista de Patricia Bullrich. Y principalmente por la cantidad de altos funcionarios presos, imputados o ambas cosas a la vez. Por caso, el ex subjefe de policía Alejandro Mercado, detenido desde el año pasado, acusado de encubrimiento en una causa por asociación ilícita. Antes, el ex jefe del servicio penitenciado, Juan María Bouvier, por presuntas administraciones irregulares en los penales de Bouwer, Cruz del Eje y Villa María. El ex comisario general Gustavo Folli, también ex subjefe de la fuerza, acusado de haber liderado una asociación ilícita que funcionaba en la Dirección Bomberos para fraguar habilitaciones ilegales para comercios, a cambio de coimas. Hubo condenas para efectivos de la Fuerza Antinarcotráfico que pagaron a “dateros”, con droga, y fue a juicio el ex ministro de seguridad Alfonso Mosquera –por violencia de género en perjuicio de una mujer policía y por encubrimiento en el crimen de Blas Correas, y el excomisario Gonzalo Cumplido, también por el caso Correas.

Aunque algunos de estos casos exceden la ventana temporal de gestión del actual ministro, la genealogía da cuenta de una pobredumbre de raíz, que Quinteros no quiere, no puede o no sabe cortar.

Este nuevo caso impacta de lleno en el Gobierno de Córdoba, en un año electoral en el que las encuestas no son favorables. El dato político por estas horas es que, a diferencia de los escándalos anteriores, ningún alfíl del llaryorismo duro salió a respaldar al encargado de Seguridad.