Inicia un nuevo juicio contra el primer empresario condenado por crímenes de lesa humanidad

Este martes por la tarde, luego de largos años de idas y vueltas judiciales, Marcos Levin, expropietario de La Veloz del Norte, comenzará a ser juzgado en Salta por el secuestro y los tormentos sufridos por 17 trabajadores de la empresa de colectivos que habían participado en reclamos sindicales. El juicio, denominado La Veloz del Norte II, también tiene como acusados al exjefe de Personal de la empresa José Antonio Grueso y el excomisario Víctor Hugo Almirón de la Comisaría Cuarta de Salta.

Con la excusa de una causa iniciada por el propio Levín por una supuesta defraudación a la empresa, 22 trabajadores y trabajadoras de La Veloz del Norte fueron detenidos ilegalmente en sus lugares de trabajo o sus hogares y llevados a la Comisaría Cuarta de la capital provincial, donde fueron torturados. En la mayoría de los casos, además, fueron luego despedidos. 

Esta etapa de la causa abarca lo sucedido a 17 de esos trabajadores y trabajadoras: Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.

La mayoría había participado en los conflictos con la empresa por los malos tratos y bajos sueldos y por incumplimiento de los acuerdos a los que llegaban en el Ministerio de Trabajo, lo que había llevado a varias huelgas.

Los secuestros comenzaron el 20 de enero de 1977 y se extendieron durante 4 días. El 21 de enero, un día después de las primeras detenciones ilegales, Levin presentó la denuncia por estafa contra sus trabajadores que sirvió para dar cobertura legal a la persecución contra delegados y militantes sindicales que le reclamaban a la

Tras pasar unos días en la Comisaría, la mayoría fue liberada y algunos pocos fueron trasladados a la Unidad Penal de “Villa Las Rosas”, donde continuaron su detención. Como todos sobrevivieron, pudieron relatar el rol central que tuvo Levín y su jefe de personal, Grueso, en todo el operativo: las listas que entregaron de los trabajadores a detener y horarios de los recorridos de sus colectivos, los vehículos de la empresa utilizados para trasladarlos y la presencia del empresario y de Grueso en la comisaría mientras las víctimas eran torturadas e interrogadas sobre su actividad gremial y política.

Levín mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local. Su empresa era una de las más importantes de la provincia y varios policías trabajaban o habían trabajado para él. Ya desde 1974 había utilizado a las fuerzas de seguridad para amedrentar y detener a quienes lo enfrentaban en el conflicto sindical con la UTA– Salta. Un agente en particular, Víctor Bocos, integraba la patota policial y era empleado de La Veloz del Norte, por lo que fue quien coordinó los secuestros y los interrogatorios. Sin embargo, por problemas de salud fue apartado del proceso y no integrará el debate.

Un largo y sinuoso camino

La denuncia contra Levín por crímenes de lesa humanidad se presentó en la justicia federal de Salta en 2008, 15 años atrás. Pero como ocurre con todas las causas en las que se investiga la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, la que se sigue por La Veloz del Norte lleva muchos años de demoras judiciales y de avances y retrocesos.

En un principio, la justicia federal de Salta consideró que la mayoría de esos delitos no eran de lesa humanidad sino “hechos aislados y ajenos a la política de represión llevada adelante durante la última dictadura militar”, por lo que se declaró competente sólo para investigar un caso, el de Víctor Cobos, quien era delegado y trabajador de La Veloz.

Así, el expediente se partió en dos y se conformaron dos causas, una por los crímenes sufridos por Cobos y otra con el resto de los hechos.

La Veloz del Norte I (Cobos) llegó a juicio en 2016. Allí, Levin recibió una pena de 12 años de prisión y se convirtió en el primer empresario condenado por su responsabilidad en el terrorismo de Estado. También fueron encontrados culpables Bocos, Almirón y el expolicía Enrique Cardozo.

Pero lo que parecía un primer paso esperanzador se chocó con la Cámara Federal de Casación Penal que, un año después, anuló la sentencia con el mismo argumento utilizado por la justicia federal de Salta: sostuvo que el secuestro y los tormentos sufridos por el delegado era un crimen común y ya había prescripto. La Corte Suprema de Justicia se tomó su tiempo y cinco años después revirtió esa decisión con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y con la disidencia de Carlos Rosenkrantz y ordenó a Casación que rectifique su fallo, algo que aún no sucedió.

Mientras tanto, las querellas y la fiscalía insistieron con el resto de las víctimas y “La Veloz del Norte II” se reactivó en 2018, cuando la Corte anuló el fallo original que dividió el expediente y ordenó que también se investigaran como crímenes de lesa humanidad los hechos que sufrieron las otras 16 víctimas.  «