Se multiplican las sospechas sobre el patrimonio de Adorni y surgen nuevas pruebas en la investigación

De dar explicaciones sobre vuelos -el Tango 01 más un taxi aéreo a Punta del Este- a recibir preguntas sobre lotes y partidas catastrales. El jefe de gabinete Manuel Adorni volvió a quedar bajo los focos del escrutinio público. Esta vez por una vivienda de dos plantas ubicada en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz. Se trata de una construcción que la diputada opositora Marcela Pagano (exmileísta) atribuyó a la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Según la legisladora, las expensas de esa casa “habrían comenzado a figurar a nombre de la esposa del jefe de Gabinete”.

Un dato clave para este nuevo capítulo de la saga es que en la última declaración patrimonial presentada en la Oficina Anticorrupción (del 4 de agosto de 2025) Adorni no incluyó ningún inmueble de Exaltación de la Cruz. Pagano fue quien difundió primero esta información (lo hizo en la noche del miércoles, desde su cuenta de X); luego llevó el tema a estrado judicial con una ampliación de denuncia en el juzgado federal 1. Allí tramita una denuncia previa contra Adorni, por enriquecimiento ilícito: su autora también fue Pagano.

En su ampliación de la denuncia, a la que accedió Tiempo, la diputada advirtió que Adorni aún no presentó la declaración jurada correspondiente al año 2025 pese a desempeñarse como jefe de Gabinete. El funcionario, exsecretario de Comunicación y Medios y vocero gubernamental, ejerce un rol clave para la administración del Estado. Para Pagano, de confirmarse la propiedad de la vivienda, Adorni habría incurrido en las figuras penales de “omisión maliciosa de DDJJ”, “falsedad ideológica”, “enriquecimiento ilícito”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “violación de la ley de Ética Pública”. 

Tras la denuncia de la diputada, quien mencionó a “múltiples fuentes” familiarizadas con el barrio privado, Clarín reprodujo lo que parece un formulario de rendición de gastos de la administración del country. En el papel figura el detalle de los importes a pagar -las expensas- por cada propietario o “socio” del club de campo, un predio que se extiende por 61 hectáreas y cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos entre numerosos ‘amenities’. Allí aparece el nombre de “Angeletti, Bettina Julieta” al lado del número 380, identificatorio del lote en el que está la vivienda.

Pero si faltaba un elemento contundente lo aportó el diario La Nación. Avanzada la tarde el periodista Hugo Alconada Mon hizo pública la respuesta que le dio la Dirección General del Registro de la Propiedad Bonaerense a un simple pedido de información catastral: la esposa de Adorni figura como titular de la Unidad Funcional 380 del country Indio Cuá Golf de Exaltación de la Cruz desde el 15 de noviembre de 2024, fecha en que se la adquirió al anterior propietario. 

Aviones, consultoras, licitaciones

La casa no declarada no es la única inconsistencia de Adorni que está bajo investigación y en fase judicial. Si el primer reproche ético fue el vuelo oficial a NY a bordo del Tango 01 -su esposa formó parte de la comitiva pese a no ser funcionaria- poco después se conoció un viaje previo, muy costoso para el promedio de ingresos y consumos de clase media, con destino al aeropuerto de Maldonado (Uruguay). El jefe de Gabinete compartió ese vuelo, realizado en un avión privado de la empresa Alphacentauri SA, junto a su pareja, sus dos hijos y el periodista deportivo Marcelo Grandio.

Sobre el pago de ese vuelo, este jueves se conoció que Alphacentauri SA se presentó ante el juzgado de Ariel Lijo. Acompañó documentación -un recibo de pago- y aseguró que el vuelo a Punta del Este en el fin de semana de carnaval lo pagó una productora de contenidos llamada Imhouse SA, supuestamente mediante transferencia bancaria. Estas cuestiones están bajo investigación en Comodoro Py. Y el gobierno, en paralelo, busca saber el origen de la filtración de un video que registró el momento en que Adorni y el resto de los pasajeros abordaban el avión, que partió desde el aeropuerto de San Fernando.

Entre las denuncias contra el jefe de Gabinete que se acumulan en el fuero federal figuran otras presuntas irregularidades, como la contratación por parte de una naviera proveedora de la petrolea estatal YPF (de la que Adorni es director) de los servicios de capacitación de la consultora +BE, propiedad de su esposa.

Por otro lado, a la Justicia también llegó una denuncia por inconsistencias y anomalías detectadas en el desarrollo de varias licitaciones -ya adjudicadas o por adjudicar- para el envío masivo de SMS y mensajería desde varias áreas del Estado que reportan a Adorni. Puntualmente desde la Secretaría de Comunicación y Medios -hoy a cargo de Javier Lanari- como también desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.  

En este último caso la cuestión fue expuesta por Pagano -incorporó el tema a una denuncia más amplia, que ya transita por Comodoro Py- pero también por su colega peronista Rodolfo Tailhade, del bloque de Unión por la Patria. En diálogo con Tiempo, Tailhade llamó a poner la lupa sobre un proceso licitatorio en marcha para el envío masivo de mensajería desde el área de Innovación y Ciencia, área dependiente de la JGM.

“A fin del año pasado, en noviembre creo, llegó una misión del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Banco Mundial para hacer una revisión de las líneas de crédito otorgadas al país. Advirtieron que había 50 millones de dólares sin ejecutar. Y como no había ningún principio de ejecución, ni tampoco proyectos, se iban a dar de baja: es decir, el Banco Mundial iba a pedir que devuelvan los 50 millones que no estaban siendo usados. Entonces, Adorni o el gobierno decidieron reconvertir los proyectos que había presentado la comunidad científica en estos proyectos para mandar masivamente SMS”, cuestionó.