«Nunca más» de la deuda: la quimera del juicio y castigo al poder real

El 6 de noviembre de 2018 hubo pánico entre los vecinos de Puelén. La pequeña localidad del bucólico oeste de La Pampa se sacudió por la explosión de un tramo del Gasoducto Centro-Oeste, que atraviesa en sentido sur-norte el territorio pampeano junto a la ruta nacional 151. El estruendo interrumpió el sueño de los pobladores. Y despertó el recuerdo de uno de los episodios de corrupción estructural más costosos de la historia argentina.

La dictadura cívico-militar encargó la obra al Consorcio Gasoducto Centro Oeste Sociedad Anónima (Cogasco), una compañía controlada por la estatal holandesa Nacap junto a las locales Tecsa S.A. y Pamar S.A.. El proyecto, según se promocionó generosamente en los medios afines al gobierno de facto, sería financiado con un crédito del banco holandés AMRO por U$S 918 millones. Pero sólo una pequeña parte de ese préstamo -unos U$S 292 millones – ingresó al país y se destinó a la obra. El resto quedó en cuentas en el exterior y se escurrió por la canaleta de la especulación con divisas, la “timba” financiera de moda en aquellos días sangrientos.

Las maniobras significaron un lucrativo negocio para los integrantes de Cogasco, pero aún así el grupo NACAP quebró y sus acciones pasaron al AMRO Bank justo cuando el gobierno de facto dispuso uno de los mayores fraudes de la Argentina contemporánea: la estatización de la deuda privada.

En el tramo final de la dictadura, y luego de convalidar extraordinarias ganancias financieras para bancos y corporaciones con operaciones de pases y seguros de cambio, el gobierno cívico-militar estatizó la deuda asumida por privados en el extranjero. La acción acrecentó la voluminosa deuda externa amasada durante la gestión de facto, que escaló de los 7,8 mil millones a los 45 mil millones de dólares en seis años..

Las maniobras realizadas por Cogasco fueron tan burdas que los inspectores del Banco Central dictaminaron en contra de incorporar los 918 millones que alegaba deber la compañía en el registro de deuda estatizada. Pero la oportuna intervención de un joven y ambicioso burócrata del Banco Central logró revertir la historia. En favor de la banca holandesa, claro.

“Carlos Melconian fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, que ideó Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la dictadura”, informó Página 12 en un artículo publicado en 2003. “Según consta en los documentos oficiales -escribió el periodista Maximiliano Montenegro-, el joven Melconian, como jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad (el BCRA), archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta».

Melconian hizo su tarea, según el artículo, luego de que un equipo de auditores del Central creado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, detectara «autopréstamos, créditos ficticios y otras maniobras dolosas por    U$S 6.000 millones» entre las compañías cuyas deudas habían sido estatizadas. Pese a las evidencias, y gracias a la intervención de Melconian -que había ingresado al Central en dictadura pero seguía en funciones ya en democracia-, esas operaciones cuestionadas fueron registradas como legítimas y cargadas a la deuda pública argentina.

Según se pudo reconstruir en sede judicial, con la maniobra ejecutada por el tándem Cavallo-Melconian el país asumió como pública deuda privada por unos 23 mil millones de dólares. Al frente de la lista de beneficiarios quedó Cogasco, seguido por algunos de los nombres más rutilantes del poder real. Entre los setenta principales estaban: Celulosa Argentina S.A. (hoy vinculada a la familia Urtubey), U$S 836 millones; Acindar (familia Acevedo), U$S 649 millones; Banco Río (Pérez Companc), U$S 520 millones; Techint (Rocca), U$S 278 millones; Bridas (Bulgheroni). U$S 238 millones; Citibank, U$S 213 millones; Compañía Naviera (Pérez Companc), U$S 210 millones; Papel de Tucumán (familia Bulgheroni), U$S 176 millones; Aluar (Familia Madanes). U$S 162 millones; Sevel (familia Macri), U$S 124 millones; Sideco Americana (Macri), U$S 60 millones; Ford, U$S 80 millones; Loma Negra (Fortabat), U$S 61 millones; Chase Manhattan Bank (Rockefeller), U$S 60 millones; Esso (Rockefeller), U$S 54 millones; Fiat (Macri), U$S 51 millones; y Socma (Macri), U$S 27 millones.

Los montos de la deuda estatizada fueron actualizados por el Poder Judicial a principios de este siglo, en un fallo trascendente en el sentido histórico pero inocuo en la vida real: en la denominada Causa Olmos -impulsada por un tenaz investigador privado que hizo lo que el Estado rehusó hacer- el juzgado dio por probado el endeudamiento fraudulento, pero sus autores quedaron libres de culpa y cargo por el paso del tiempo. El viejo truco de la prescripción como método de protección.

El fraude impune del pasado alimenta las estafas del presente. La actual crisis de deuda fue propiciada por los sucesores -ideológicos, políticos y hasta familiares- de los saqueadores que operaron en otros momentos de la historia nacional.

Una investigación seria y profunda sobre los procesos de endeudamiento y fuga, que identifique y castigue a los perpetradores, podría transformar a la Argentina de raíz. Dueños de empresas de servicios públicos y energéticas beneficiados por el régimen macrista podrían enfrentar penas de prisión. Líderes de la industria, el comercio, la construcción y los agronegocios desfilarían por los tribunales junto a magistrados, dirigentes políticos y dueños de medios de comunicación. Buena parte de la prensa mainstream, donde personajes como Melconian son fuente de consulta habitual, perdería a sus principales sponsors. Y la banca afrontaría pérdidas multimillonarias si el país repudiara la “deuda odiosa”, como califica el derecho internacional al endeudamiento fraudulento.

La vicepresidenta Cristina Fernández pidió un «Nunca más» de la deuda. Con palabras menos enfáticas, el presidente Alberto Fernández se pronunció en sentido similar. La propuesta surge en el marco de una negociación con acreedores que son, precisamente, quienes debieran ser sujetos de la investigación que se propone. ¿Es posible desmontar el sistema de saqueo que rige desde hace décadas en la Argentina mientras se intenta pactar con los saqueadores? ¿La dirigencia política local se animará a confrontar con sus mecenas históricos y el capitalismo financiero transnacional? ¿La crisis de deuda en curso disparará el big bang de una Argentina mejor, libre de saqueadores institucionalizados y corrupcion estructural?

Un mantra extendido entre los tiburones financieros sostiene que crisis es oportunidad.

¿Será?