Obediencia indebida

La Vicepresidenta Gabriela Michetti, en ejercicio de la Presidencia de la Nación, firmó el decreto 907/2018 convalidando la clausura de la instrucción sumarial contra los abogados del Estado que, en una audiencia celebrada en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial el día 28/06/2016, habían aceptado la propuesta de Correo Argentino S.A. de cancelar su deuda con el Estado con una quitadel 98,82%.

Con ese acuerdo el Gobierno Nacional –a cargo del Presidente Macri- le condonaba a una empresa privada –de la familia del Presidente Macri- la millonaria deuda que ésta tenía con el Estado.

La maniobra no pudo perfeccionarse por la oportuna intervención de la Fiscal Gabriela Boquin, que se opuso a la homologación del acuerdo calificándolo de ruinoso y abusivo, mediante el cual se perjudicaba al Estado, o sea a todos los argentinos, en un monto aproximado a los 70 mil millones de pesos.

A partir de su dictamen tuvieron inicio actuaciones diversas, tanto penales como administrativas. En una de éstas se abrió una instrucción  sumarial a los abogados que en representación del Estado habían aceptado la propuesta empresaria.

El decreto de Gabriela Michetti clausura la tramitación administrativa concluyendo en que no existió irregularidad administrativa imputable a ninguno de los abogados. Lo sorprendente es el fundamento de tal conclusión, que es repetido 3 veces en los considerandos del decreto: los abogados no incurrieron en responsabilidad administrativa porque cumplieron expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones (Oscar Aguad).

Lo que está diciendo el decreto de Michetti es que la aceptación de un acuerdo abusivo y ruinoso para el Estado Nacional y en beneficio de la familia presidencial fue una decisión “expresa” del Ministro Oscar Aguad (hoy Ministro de Defensa).

La atribución de la responsabilidad a Aguad no debería pasar desapercibida ni en el plano político ni en el jurídico penal. Tampoco puede pasar desapercibido que el Presidente Macri sabía perfectamente de que se trataba. Así lo afirmó, desmintiendo a su Ministro que verticalmente lo encubría.

Los abogados del Estado que intervinieron son eximidos de responsabilidad por la Vicepresidenta en base a la doctrina de la Obediencia Debida. Si existiera la “obediencia debida” como causal de eximición de responsabilidad en el régimen disciplinario del empleo público, no lo es en el marco del derecho penal.

Aguad aceptó lo que Macri ordenó, y Michetti firmó lo que Macri escribió.

Con el tema del Correo no nos vendan más buzones.