Cambio de humor: obreros paran y ocupan plantas en defensa de sus puestos de trabajo

El cierre de fábricas y los despidos en la industria están a la orden del día desde que asumió este gobierno. De las 30 empresas que bajan sus persianas a diario, más del 10% corresponden al sector manufacturero que ya destruyó 2238 firmas desde noviembre de 2023. El sector perdió más de 64 mil puestos de trabajo que representan el 24% del total de los empleos formales que, según datos de las Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se destruyeron desde que asumió este gobierno.

Sin embargo, con algunas excepciones como la gráfica Anselmo Morvillo, que se mantiene ocupada por sus trabajadores desde febrero de 2025, cuando la patronal decidido presentar un pedido de quiebra, o conflictos en la UOM -en especial en Villa Constitución-, la resistencia de los trabajadores del sector no se hizo sentir acorde a la magnitud de la masacre laboral que atraviesa.

La gota que rebalsa el vaso

Pero algo parece haber cambiado en las últimas semanas. El escenario gremial se vio sacudido por el estallido de fuertes conflictos fabriles donde los trabajadores, a pesar de los intentos de reforzar la normativa que judicializa los piquetes y ocupaciones, decidieron parar y ocupar sus plantas en defensa de los puestos de trabajo y contra el posible vaciamiento de las unidades productivas.

Los casos no son idénticos pero tienen un común denominador: el protagonismo de la asamblea de base y la determinación de preservar las fuentes de trabajo con medidas profundas que denotan una desconfianza en la patronal, la Justicia, las conducciones sindicales y los organismos estatales.

La percepción de los trabajadores afectados es que las empresas eludirán el pago de las indemnizaciones amparadas en una Secretaría de Trabajo afín al sector empresario y, más en perspectiva, prevén la dificultad de reinsertarse en el proceso productivo dada la depresión económica.

Paro y ocupación

Los trabajadores de la empresa Sealed Air, de Quilmes, sostienen un paro por tiempo indeterminado desde el primer día del año ante 65 despidos luego de una conciliación obligatoria en la que los delegados habían acordado 45 retiros voluntarios.

La empresa produce packaging de plástico para sellado al vacío de productos alimenticios que vende n el mercado local y exporta a Chile y Uruguay. Se trata de una multinacional con plantas en 60 países en las que emplea a 16 mil trabajadores. En 2025 vendió por más de U$S 5 mil millones y sus ganancias fueron de U$S 1350 millones.

Los trabajadores denuncian que la empresa busca imponer “una reforma laboral de hecho” a través de la reducción del personal y la intensificación de la producción. Aseguran que la merma en la producción no justifica el intento de despido de los 65 operarios y advierten que podrían llegar a los 97 de un total de 204 y 30 empleados administrativos. La reducción de la plantilla implica una fuerte flexibilización de las condiciones de trabajo para los que continuarían trabajando. La asamblea general rechazó por unanimidad la condición que puso la empresa: levantar la medida para negociar reincorporaciones. El próximo miércoles habrá una nueva audiencia en la cartera laboral provincial.

Por su parte, la empresa de productos de limpieza y artículos descartables Lustramax, despidió a 29 trabajadores entre los que se incluyen sus delegados. La compañía ubicada en Tortuguitas asegura haber dado comienzo a un Proceso Preventivo de Crisis. Sin embargo, la patronal difícilmente pueda certificar tres ejercicios consecutivos con pérdidas (requisito básico para la aprobación del recurso) y decidió dar curso igual a los despidos. Para los trabajadores se trata de una extorsión que busca abortar un proceso interno de organización sindical.

Los delegados aseguran que los despidos no responden a una situación de crisis en la medida en que la producción se sostiene en los niveles históricos y que, en realidad, se trata de represalias frente a un reclamo formulado por los representes de los trabajadores. Las ganancias, dicen, acumulan más de $ 16000 millones en los últimos tres años. Por ese motivo la asamblea de trabajadores definió la ocupación de la planta y la permanencia en el lugar de trabajo hasta quebrar las maniobras ilegales de la patronal. El gobierno envió a la Gendarmería con la intención de romper la ocupación, pero no lo logró.

En Santa Fe, la empresa láctea Verónica, luego de incumplir un acuerdo de pago de una deuda salarial que acumulan desde octubre, anunció un lock out en sus tres plantas. Los trabajadores definieron la ocupación de los establecimientos para defender sus puestos de trabajo.

Misma actitud tomaron los trabajadores del neumático de la empresa IBF en Córdoba cuya conducción sindical, el SUTNA, definió un paro provincial ante lo que consideran un inminente vaciamiento de la planta.

Los obreros avícolas de Granja Tres Arroyos mantienen paralizada su planta en Concepción del Uruguay ante el incumplimiento en el pago de salarios de diciembre y el aguinaldo.

Son apenas algunos ejemplos de conflictos que, por la envergadura de la crisis, no parecen alterar el escenario general, pero que representan un rayo en cielo serenos. En proyección, podrían modificar el curso de los acontecimientos políticos y sociales.