Los fiscales estudian cada movimiento de la expresidenta y apuntan al "balcón" y a que "perturba el barrio". Además buscan argumentos contra el hecho de que sufrió un atentado.

Los fiscales siguen con minuciosa atención los movimientos de la expresidenta para pedir la revocatoria ante cualquier “inconducta”.
Las intenciones que ambos tienen de verla tras las rejas no son nuevas. Vienen, por lo menos, de los encendidos alegatos que hicieron durante varias jornadas al final del juicio por la obra pública en 2022. Pero en los últimos días volvieron a quedar manifiestas tras el arranque del expediente de ejecución de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que dejó firme la Corte Suprema. Los fiscales vienen de pedir la detención inmediata de la exmandataria y de firmar un dictamen de rechazo al cumplimiento del arresto en el departamento del barrio de Constitución.
Tal es el ánimo en contra de Cristina Kirchner que en el noveno piso del edificio de Comodoro Py, donde están los fiscales, incluso agitan que si los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu hubieran hecho caso al pedido de detención de Cristina, se hubieran evitado tener que responder el planteo de aclaratoria que hizo la defensa respecto del uso del balcón. Sobre ese punto, la dureza de la postura de Luciani y Mola tampoco tiene matices.
Según supo Tiempo de fuentes judiciales, los fiscales, que pidieron una condena por el doble de años de la que quedó firme, interpretan sin ninguna duda que cuando Cristi se asoma a su balcón a saludar a la militancia y a quienes la apoyan desde la vereda, no hace otra cosa que agitar a las personas. Y eso –siempre según su óptica– “perturba la tranquilidad del barrio”, algo que los jueces no quieren que suceda.
Después del último saludo por la ventana, el del jueves a la noche, después de que el tribunal dijera que no está vedado el uso del balcón, cerca de los fiscales sostenían que la titular del Partido Justicialista “está tirando de la soga y la soga es muy finita”.
Sobre esa base conceptual, Luciani y Mola tienen sobre la mesa dos caminos que podrían tomar para intentar el cese de la prisión domiciliaria, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio.
Lo primero que evalúan por estos días los representantes del Ministerio Público es recurrir la decisión del tribunal de otorgarle la domiciliaria. La búsqueda, en este caso, es por encontrar algún hueco por donde atacar la argumentación que dieron los jueces, focalizada en el intento de asesinato que Cristina sufrió el 1 de septiembre del 2022. Para hacerlo tienen un plazo de diez días hábiles, que vence el próximo lunes 30 de junio. Si avanzan en ese camino, el planteo llegará a manos de la Cámara de Casación.
Secundariamente, los dos fiscales tienen una carta que podrían usar en cualquier momento del desarrollo de la domiciliaria, ya que no tiene plazos. Como se dijo antes, Luciani y Mola siguen con mucha atención los movimientos de Cristina y, según dijeron a este medio fuentes judiciales, no dudarán bajo ningún punto de vista en pedirle al tribunal la revocatoria de la domiciliaria en caso de observar lo que ellos consideren un incumplimiento de alguna de las condiciones que impusieron los jueces, pero principalmente la de no perturbar al barrio con los saludos desde la ventana.
En ese marco, las intenciones de Luciani y Mola no parecen ser otras que ver a una Cristina sola y recluida bajo estrictas condiciones y por eso están al acecho. Para atacar ante cualquier cosa que interpreten como una mínima inconducta.
Con el correr de los días habrá que ver si este punto, principalmente orientado hacia los saludos desde el balcón, pierde margen. Básicamente porque la exmandataria jugó su carta y le pidió a los simpatizantes y la militancia que no vayan a la vereda de su casa. «No vengan para acá, que están todos los cabezas de tortuga con los celulares y toda esa cosa de escudos y cosas feas», dijo.
Mientras tanto, la defensa de Cristina a cargo del abogado Carlos Beraldi busca desarmar las restricciones que impuso el tribunal con un temperamento inédito, que ni siquiera le han aplicado a condenados por delitos de lesa humanidad. En ese marco, la propia expresidenta hizo público el viernes un pedido para que se deje sin efecto la limitación de las personas que pueden ingresar al domicilio sin autorización judicial.
«Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles». Con esas palabras definió vía X las condiciones que le impusieron los jueces de ejecución. En lo formal, la queja se tradujo en un recurso de reposición con Casación en subsidio, es decir, un planteo que deberá responder el tribunal en los próximos días y que muy probablemente termine en manos de los jueces de Casación.
“La regla de conducta esencial que deben observar las personas a las que se les impone prisión domiciliaria es, precisamente, acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena. De anverso, quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, tal como se deriva del principio de reserva que consagra la Constitución Nacional”, sostiene el planteo. El tribunal tiene cinco días hábiles para resolver. «
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