Ocho legisladores demócratas piden la cabeza de Almagro

El cerco parece cerrarse para el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el debate sobre su continuidad o remoción se metió en la interna del partido Demócrata de Estados Unidos, el país con mayor aporte financiero y más alta influencia en el organismo. Un grupo de ocho representantes del ala «progresista» del partido gobernante, encabezados por el afroamericano Hank Johnson, presentaron una nota al secretario de Estado, Antony Blinken, y al embajador ante la OEA, Francisco Mora, apoyando la investigación en curso sobre supuestas faltas de ética y administración fraudulenta del uruguayo, pero además incorpora como factores de investigación elementos de carácter político. Justamente los que mencionan los representantes de los Estados críticos, como la Argentina. Entre ellos, el acompañamiento al golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia en 2019. «El señor Almagro y otros funcionarios de la OEA hicieron declaraciones sugiriendo que se había cometido fraude en las elecciones presidenciales en Bolivia, lo que azuzó la crisis política y forzó la renuncia del presidente electo», señala el escrito de los legisladores. «Varios estudios de expertos desacreditaron esas acusaciones de fraude y llevaron a los miembros de la OEA y del Congreso de los EE UU a solicitar un informe independiente sobre el caso. Sin embargo, el señor Almagro ignoró este pedido y en su lugar dirigió un ataque ‘ad hominem’ contra los autores de esos estudios», sentencia el documento.

La carta, con fecha del 5 de abril, también critica severamente su decisión de negarse a renovar «abruptamente» el mandato del secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD HH, Paulo Abrão, a pesar de haber sido ratificado unánimemente en su cargo. La decisión fue calificada como un «ataque a la autonomía y la independencia de la Comisión», destaca.

«Con el objeto de restablecer la credibilidad y reputación de la OEA en la región, pedimos respetuosamente que se instruya a los representantes de los EE UU en la OEA para que pongan su voz y voto al servicio de apoyar una investigación independiente adicional sobre estos casos de mal desempeño señalados», concluye el escrito.

Si bien se trata de una posición minoritaria en un bloque que en la cámara baja reúne a 213 de 435 diputados en total, la declaración evidencia una interna que puede llevarse puesto a Almagro, pero también intentar redefinir el escenario regional. «Almagro, probablemente ha incurrido en faltas que inciden negativamente en el presupuesto de la OEA y eso no es bueno. Pero las razones centrales por las cuales lo hemos cuestionado siempre son razones políticas muy profundas», comentó a Tiempo el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi. «Por eso quisiéramos que salga. Y que no suceda que alguien nos pueda decir, ah bueno, querían la cabeza de Almagro, allí la tienen, pero ahora ayuden a las políticas de alineamiento geopolítico con los países más poderosos del capitalismo financiero, porque esa tampoco sería una solución», puntualizó.

Entre algunas de esas «razones profundas», Raimundi enumeró «haber hecho silencio absoluto sobre el impeachment a Dilma Rousseff y la persecución política e inhabilitación judicial a Lula, a Rafael Correa; haber reconocido a un presidente fantasmagórico en Venezuela, como Juan Guaidó y fundamentalmente haber sido principal responsable intelectual, político, del golpe de Estado en Bolivia». Almagro debe recibir en estos días el informe de la investigación sobre las supuestas faltas al involucrarse con una subordinada, 20 años menor, y de gastos con dinero oficial que habría hecho junto a ella en viajes internacionales. Paralelamente a la investigación, las misiones de Argentina, Bolivia, Colombia y México solicitaron detalles de montos y percepciones relacionadas con la Secretaría General, que respondió amablemente con la promesa de brindar esa información, pero sin entregarla por escrito, como reclamaron luego los embajadores. Luego de que Almagro reciba el informe preliminar, tendrá diez días para preparar su descargo ante el pleno.