La ofensiva del gobierno contra las obras sociales divide todavía más a la CGT

A través de la resolución 1/25, el Ministerio de Salud confirmó su avanzada en la desregulación final del sistema de obras sociales.

A partir del 1 de este mes los trabajadores que deseen acceder a una prepaga ya no deberán hacerlo a través de una obra social.

La medida termina de desmontar el sistema solidario en la prestación de salud que, en sus orígenes, disponía el acceso de las familias trabajadoras a una atención sanitaria idéntica con independencia de sus ingresos.

Ese principio ya había sido violentado a través de la desregulación de la década del 90: permitió migrar de una obra social a otra con independencia del convenio de pertenencia y estableció el Plan Médico Obligatorio (PMO), un mínimo de prestaciones obligatorias cuya superación implica un pago aparte del trabajador, que puede ser a través de una prepaga.

La posibilidad de desregular en favor de una prepaga, hasta la actual normativa, sólo se podía viabilizar a través de la mediación de una obra social sindical que, en un acuerdo de partes, percibía un porcentaje de entre el 2% y el 6% del aporte del trabajador, conocido como “peaje”. Una forma distorsionada de sostener el criterio solidario del sistema.

Impacto

Según datos oficiales, la resolución 1/25 afectará a las poco más de 300 entidades sindicales que registra el ARCA, en un monto cercano a los $ 360 mil millones anuales. Se trata del 5% del total de los 6,5 billones de pesos que el sistema deriva a las obras sociales según la proyección por inflación y pérdida del poder adquisitivo del salario registrado a partir de los datos disponibles de diciembre de 2023. A ese valor, que corresponde a 1,4 millones de trabajadores que a la fecha derivan sus aportes con la intermediación, hay que añadir los subsidios o erogaciones de fondos especiales que también percibían (a cuentagotas) las entidades sindicales y ahora irán directamente a las prepagas.

La CGT, sin embargo, no se ha pronunciado como un todo. Ni siquiera pudo sustanciar una reunión de su comisión directiva. Fuentes cercanas a la cúpula sindical confiaron a Tiempo que “la realidad es que están replegados con sus abogados y todos van a hacer presentaciones judiciales particulares. Por eso no van a hacer declaraciones”. Efectivamente, el principal referente de la CGT en materia de obras sociales, José Luis Lingieri, se excusó de atender a este medio.

Sin embargo, en una entrevista que concedió a Tiempo en diciembre pasado, reconoció que “siempre estuvimos en contra de la triangulación y el ‘descreme’. Hay obras sociales que eran sellos de goma y crecieron a la luz de esa triangulación. Las obras sociales chicas capaz tenían 3 mil laburantes y 200 mil usuarios. Le entregaban las llaves a las prepagas que, por cada afiliado, dejaban un peaje”.

El titular de la UPCN y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, en una reunión informal con periodistas también en diciembre pasado había señalado que “coincidimos con el gobierno en racionalizar el sistema de obras sociales. Es imposible competir con cinco mil afiliados”.

Es que algunos de los grandes sindicatos cuentan con prepagas que operan como extensiones de sus propias obras sociales. Uno de los casos más emblemáticos es precisamente Accord, continuación privada de Unión Personal, la obra social de UPCN, y ofrece prestaciones de mayor calidad a los empleados públicos cuyos aportes permitan superar al PMO o, simplemente, decidan abonar un diferencial. Otro caso, aunque de características diferentes, es OSDE que resulta un híbrido entre una obra social y una prepaga.

Pero, además, la nueva disposición también desregula el acceso a las prestaciones de las obras sociales a un gran número de monotributistas que, a partir de ahora, deberán elegir entre una oferta acotado de obras sociales aliviando a las grandes del peso de un segmento que, en general, resulta deficitario.

En diálogo con Tiempo, Adolfo Mataresse, dirigente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y especialista en salud, explicó que “los beneficiarios van a ser las prepagas y no los usuarios, que van a seguir pagando lo mismo”. Por otro lado, explicó, “si la gente que tiene recursos se queda con las prepagas, el sistema solidario queda roto. En las obras sociales van a quedar los que tienen un sueldo bajo. Se quiebra definitivamente la filosofía del sistema”.

Por eso el dirigente y especialista aseguró que “los sindicatos grandes, que son los que no usan el peaje, no van a mover un dedo por los pequeños. No creo que la CGT salte ni siquiera a repudiar la norma. Algunos criticaban de antes el sistema de triangulación. Las obras sociales grandes están tratando de equilibrar sus presupuestos y, por el beneficio de la eximición de los monotributistas, no van a cuestionar la medida”.

Las más chicas, dijo Mataresse, se van a ver afectadas “porque tienen que cubrir todo el país y no es lo mismo hacerlo con 40 mil que con 3 mil afiliados. Van a tener que hacer contrataciones directas».

Con esta decisión el gobierno no solo generará un beneficio a las prepagas que no llegará a los usuarios, sino que fue capaz de introducir una cuña en la CGT que, en un tema tan sensible, es probable que busque canalizar a través de negociaciones particulares, cada vez más lejos de un plan de lucha unificado. «