El fiscal Franco Picardi firmó un nuevo dictamen con maniobras de cartelización hasta ahora desconocidas. Los nuevos personajes de una trama judicial sensible para la Casa Rosada.
El pedido no sólo incluye al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sino que también al ex director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. Picardi quiere que vuelva a declarar Miguel Calvete, uno de los empresarios que ofició, según la Justicia, como jefe paraestatal del organismo.
La intención del fiscal de volver a indagar a los imputados, que fueron procesados en febrero pasado por el juez Sebastián Casanello, se formalizó a partir de nuevos descubrimientos. En su dictamen, el fiscal describió una serie de maniobras de corrupción que implicaron, según el cálculo de la Fiscalía, la erogación de más de 75 mil millones de pesos de las arcas públicas en favor de un grupo de empresarios.
La llamada causa Andis tuvo su inicio a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón en la que se citaba la difusión pública de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo. En ese material se escuchaba el relato de un esquema a todas luces ilegal de sobreprecios y retornos del cual, siempre de acuerdo a esas escuchas, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei sacaba una tajada del 3%.
El corazón de la maniobra, según los investigadores, consistió en la implementación de un sistema de compulsas de precios paralelo en el marco de las Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). A ese procedimiento paralelo sólo se invitaba a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras de insumos para personas con discapacidad, y se distribuían de antemano las asignaciones, “simulando una competencia que no era tal”, según el procesamiento.
Lo que sobresale del nuevo dictamen del fiscal al que accedió Tiempo es la expansión de mecanismos similares al descripto antes hacia nuevos actores y empresas ya no solo vinculadas al rubro medicamentos, sino proveedores de insumos médico-tecnológicos como audífonos e implantes auditivos. Es por esos nuevos datos que llamó a indagatoria a otras 24 personas sobre las cuales también pidió que se disponga su inhibición general de bienes.
En ese marco, una de las novedades que aparecen en el nuevo dictamen es un chat que el ex funcionario Garbellini le envió en julio del 2025 al operador externo Calvete. El mensaje contenía un cuadro con una lista de empresas relacionadas a compulsas de precios y el monto “a cobrar” de cada una de ellas. “Sus ofrendas de esta semana”, le dijo el funcionario al empresario.
En ese cuadro figuran las empresas Artrobone Ortopedia S.A., Droguería Profarma S.A., Droguería Promedic S.R.L, Expo Trauma S.A.; Indecomm S.R.L; Kinetical S.R.L.; Laboratorios Ortopédicos Sagues S.R.L.; Ortopedia Bernat S.R.L.; y Prolite Orthopedics S.R.L. La suma de los montos atribuidos a cada una de las firmas da un total de más de 2 mil millones de pesos.
Ese intercambio, el cual muestra cómo era el lenguaje interno que usaban los participantes de la maniobra investigada, da cuenta para el fiscal de que se trataba de dinero que esas empresas debían cobrar. Cobro a partir del cual Calvete “obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular” en el sistema de compulsas de precios. Y eso “también implicaba retornos a funcionarios/as públicos”.
“Esto es otra muestra de que funcionarios/as que debían velar por el interés público, en verdad estaban puestos al servicio de los intereses privados. Ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado”, escribió el fiscal en relación con Garbellini y el mensaje referido a la “ofrenda”.
De ese intercambio es que salen los nombres de los nuevos imputados citados a indagatoria. El fiscal quiere que declaren Evangelina García y Gonçalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A.); Emilio César Olguín (Expo Farma ); Oscar Alberto Capello (Kinetical); Javier, Fernando y Gustavo Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L) y Christian, Mariano, Vicente y Lucas Sagués (Laboratorios Ortopédicos Sagues S.R.L.), solo por mencionar algunos.
Entre las novedades del extenso dictamen del fiscal, se detectó que parte de la cartelización estaba concentrada en lo que Picardi definió como “dos núcleos de poder económico”: por un lado el encabezado por Calvete y sus empresas relacionadas y, por otro, el de la familia Sagués.
Por el lado de Calvete, el fiscal identificó a las empresas Profarma S.A., Resposane Salud S.A. e Indecomm S.R.L. En el grupo de los Sagués aparecen Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L.; Probock S.R.L y Prolite Orthopedics S.R.L.
Hubo 28 compulsas de precios que se abrieron en la Agencia Nacional de Discapacidad destinadas a la adquisición de insumos para esa población. De esas, se adjudicaron y libraron órdenes de compra por más de 5.600 millones de pesos para las diferentes firmas de ambos grupos. De acuerdo a lo que calculó la Fiscalía, el grupo de empresas de Calvete se quedó con el 47$ de los fondos, mientras que las ligadas a los Sagués fueron adjudicatarias del 52,9%.
Ese reparto, de acuerdo al dictamen, fue acordado previamente gracias a sus vínculos personales y empresariales. Eso se pudo verificar a partir del hallazgo de conversaciones que Calvete mantuvo con Christian Sagués. También hubo un testigo de identidad reservada que declaró que “Calvete tenía contacto frecuente con los responsables de las firmas Sagués, Prolite y Probock, las cuales son todas de los Sagués, del padre y de los hijos”.
El fiscal volvió a convocar a Spagnuolo, Garbellini y Calvete al considerar que quedó incompleta su indagatoria producto de los hechos nuevos mencionados antes y otros que detalló en el dictamen. Ahora, es el juez Ariel Lijo el encargado de decidir si hace o no lugar al pedido.
Lijo es el mismo juez que tiene en sus manos las causas por enriquecimiento ilícito y el vuelo a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También quedó sorteado para investigar la denuncia por los créditos VIP del Banco Nación a funcionarios y referentes libertarios. Vale recordar, además, que el magistrado fue uno de los elegidos por el presidente Javier Milei para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema.
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