En medio de otra ola de cierres, el gobierno lanza la segunda fase del industricidio

La última semana, la empresa DASS anunció el cierre de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Coronel Suárez. La compañía produce calzado deportivo y prendas para la marca Adidas. La empresa anunció el despido de sus 360 trabajadores cuyas indemnizaciones se disputan en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

La multinacional del neumático Bridgestone, situada en Lavallol, insistió en los últimos días con un pedido de proceso preventivo de crisis que tramitó en 2024 y, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA) denuncian que la empresa pretende despedir a 300 operarios sobre un total de 700 trabajadores. La patronal alega dificultades económicas fruto de la caída de la demanda interna combinada con una fuerte suba de las importaciones.

El preventivo no debería avanzar, en primer lugar, porque el expediente ya se encuentra cerrado y, en segundo lugar, porque la empresa no pudo mostrar balances negativos en tres ejercicios consecutivos que es el requisito fundamental para acceder a ese beneficio.

Además, las crecientes importaciones de neumáticos, al igual que su competidora Pirelli, las realiza la misma compañía desde sus filiales en el exterior.

La tradicional fábrica de golosinas Lipo abonó solo la mitad del salario de diciembre a sus 130 empleados de la planta ubicada en la localidad de Remedios de Escalada y los trabajadores temen por el cierre de la planta. Acindar avanzó con 70 nuevos despidos en su planta de Villa Constitución.

La punta del iceberg

Estos son solo algunos ejemplos que muestran el impacto, sobre la actividad en general y el sector industrial en particular, de la política económica que el gobierno desplegó durante su primer año de gestión.

La producción manufacturera en los primeros once meses del año, según el INDEC, acumula un retroceso del 10,7%, mientras que el uso de la capacidad instalada del sector se ubicó en noviembre en un 62,3%, marcando un nuevo retroceso intermensual de casi un punto porcentual y plasmando una caída con relación al mismo mes de 2023 equivalente a 4,1 puntos.

Masacre laboral

Los 25 mil puestos de trabajo destruidos en la industria desde que asumió este gobierno representan el 20% de los 124 mil que resignó el sector privado en el mismo período. Se trata de una proporción ya de por sí importante, pero cobra una mayor dimensión si se toma en cuenta que la Construcción, que sufrió una masacre laboral, como resultado directo del programa económico oficial, explica la destrucción del 56,3% de ese total. A la vez, del otro lado, los sectores más primarizados de la economía como la agricultura, la pesca y la minería, a pesar de la recesión, exhibieron un crecimiento en la cantidad de empleos que va del 1% al 5,3% con relación a los trabajadores activos en noviembre de 2023.

Pero esa masacre laboral es el resultado de una primera etapa de ofensiva contra el sector industrial consistente en un fuerte ajuste sobre la demanda interna, la apertura y desregulación del comercio exterior y un marcado retroceso de la competitividad por el tipo de cambio.

Segunda etapa

Esta semana, con estos datos en la mano, el gobierno anunció dos nuevas medidas que profundizan ese rumbo y, con seguridad, ahorcarán aún más al sector industrial. 

En primer lugar, y a través del Banco Central, el gobierno dispuso la reducción de la tasa de devaluación (crawling peg) del 2% mensual al 1% (con una inflación de 2,7% en diciembre), profundizando de esta manera el atraso cambiario y el deterioro de la competitividad industrial. Además, dispuso la flexibilización de las medidas anti dumping y la reducción de sus plazos de vigencia, exponiendo todavía más al sector productivo hacia toda forma de competencia desleal e incluso aquella abiertamente abusiva.

Voces de preocupación

El Director del programa de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la UNSAM, Matías Maito, señaló a Tiempo que «estas medidas profundizan un sesgo que el actual modelo económico ya venía teniendo. Generan mucha atención y dificultades para la mayor parte del tejido industrial de nuestro país». Para el especialista «hay una redefinición del esquema de sectores favorecidos y perjudicados. Las actividades primarias, sobre todo minería y el entramado vinculado a energía, exhiben un buen desempeño mientras en la Construcción hubo una catástrofe laboral que perdió el 18% del empleo y una caída del poder adquisitivo del 5%. La industria perdió también aunque de forma muy heterogénea».

Ambas decisiones también encendieron la preocupación en el sector. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), emitió un comunicado en el que, directamente, titulan denunciando que «con el pretexto de bajar precios en el mercado interno se avanza en la destrucción de la industria nacional». La entidad «rechaza la nueva medida del Gobierno que, plasmada en el decreto 33/2025,  introduce la flexibilización y limitación del sistema antidumping, ratificando la política de apertura irrestricta para importaciones de productos que se fabrican en el país» y además, señala que «el gobierno va a contramano del mundo». A la vez, lamentan que «se suma una letal política de apreciación cambiaria que el Gobierno profundiza favoreciendo las importaciones y estimulando la especulación financiera, de espaldas a la economía real».

Fuentes representativas del sector industrial más concentrado opinaron que «es un intento de hacer bajar  la inflación pero hay que ver qué efectos va a tener sobre la competitividad que también dependerá del sendero de la inflación. Las normas antidumping son medidas dentro del marco de la OMC fundamentales para garantizar que haya una competencia leal. Son herramientas que garantizan justas condiciones para la producción nacional y son utilizadas por todos los países. Estados Unidos es el que más lo utiliza».

A la vez, ratificaron su reclamo de abordar «la cuestión del costo argentino» en referencia a «la inestabilidad macro y los factores que determinan una baja competitividad del país, como la alta carga impositiva local, deficiencias en infraestructura y conectividad y fuentes de financiamiento». Sobre la medida del BCRA explicaron que «pasar del 2% al 1% con inflación del 2,5% afecta, pero habrá que ver en qué medida. Puede llegar a ser una dificultad, pero si bajan la inflación no parece que cambie un montón la ecuación. Obviamente son variables que vamos a monitorear».

De no mediar una intervención decidida de los trabajadores y sus sindicatos, las patronales pretenderán descargar esa potencial crisis sobre sus empleados a través de un mayor número de despidos y la caída del salario real. Por eso el gobierno busca compensarlos imponiendo un techo mensual del 1% para las paritarias. «